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Consecuencias del Plan Colombia en la frontera con Ecuador

(06/07/2005)

La población afectada por las fumigaciones denunció incremento de muertes de personas, abortos, nacimientos prematuros y malformaciones congénitas. Durante las aspersiones, los habitantes de estos poblados ha sufrido severos problemas respiratorios, digestivos, oculares y cutáneos, algunos de los cuales aún son evidentes. Asimismo, se observaron altos niveles de desnutrición, deterioro de los suelos, pérdida de cultivos, ganado y animales de corral.

Posteriormente, los observadores se reunieron en Quito con parlamentarios, ministros y viceministros de Ambiente, Salud, Agricultura y Relaciones Exteriores para informarles de esta grave situación y sugerir medidas preventivas y de protección. Asimismo, dieron una conferencia de prensa sobre estos temas. En representación de RAP-AL participaron en esta misión internacional Elsa Nivia, de RAPALMIRA (Colombia) y David Reyes, de Acción Ecológica (Ecuador).

A continuación, publicamos un informe ejecutivo de la misión, que incluye conclusiones y propuestas:


OBSERVACIONES DE LA MISIÓN INTERNACIONAL A LA FRONTERA DE ECUADOR Y COLOMBIA

Durante los días 20, 21 y 22 de junio se realizó una misión internacional a la frontera de Ecuador con Colombia con el objetivo de verificar y denunciar las violaciones a los Derechos Humanos contra las poblaciones de las provincias fronterizas con Colombia, como consecuencia de las medidas implementadas dentro del Plan Colombia.

Las organizaciones internacionales presentes en la visita fueron:
- FoodFirst Information and Action Network (FIAN), que trabaja en la vigilancia del derecho humano a la alimentación.
- Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), que promueve el cumplimiento de los DDHH a nivel mundial.
- Red de Acción en Plaguicidas y sus Alternativas para América Latina (RAPAL), adscrita a PAN Internacional (Pesticide Action Network), cuyo mandato es la transparencia sobre los impactos de los agrotóxicos y la promoción de las agriculturas alternativas.
- Observatorio Control Interamericano de los DDHH de los Migrantes (OCIM), cuyo mandato es velar por el cumplimiento de los DDHH de los migrantes.
- Asociación Internacional para la Defensa Ambiental (AIDA).
- Centro de Estudios y Asesoría en Salud (CEAS).

La misión estuvo acompañada por las siguientes organizaciones nacionales:
- Defensoría del Pueblo Indígena
- Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (INREDH)
- Acción Ecológica
- Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (CEDHU)
- Acción Creativa
- Federación de Organizaciones Campesinas del Cordón Fronterizo Ecuatoriano (FORCCOFES)
- Clínica de DDHH de la PUCE
- Comité Andino de Servicios (CAS/AFSC)
- Plan País
- Servicio Paz y Justicia (SERPAJ)
- COPOCCAR

La misión visitó las provincias de Esmeraldas, Carchi y Sucumbíos, para verificar las violaciones a los derechos humanos y se contactó con autoridades locales y nacionales para conocer la situación de la zona de frontera.

La misión observó graves deficiencias, desatención estatal, pobreza. No existe acceso a la justicia. Las personas no pueden interponer quejas. Son zonas deprimidas con especial vulnerabilidad en cuanto a la población infantil y de la tercera edad. Esta situación se agrava enormemente con la aplicación del Plan Colombia en la zona sur de ese país, especialmente en relación con dos hechos: fumigaciones y la militarización.

FUMIGACIONES
La misión recorrió las parroquias de Chical, Maldonado y Tufiño en la provincia de El Carchi; en Esmeraldas, las parroquias de Palma Real, Mataje, el centro AWÁ Guadualito y la comuna afroecuatoriana La Chiquita; en Sucumbíos se tomó contacto con representantes de 28 comunidades de las parroquias de Pacayacu, y General Farfán.
En las comunidades ecuatorianas asperjadas encontramos:

- La población denuncia el incremento de muertes de personas durante el periodo de fumigaciones. En Sucumbíos fueron reportados con nombres 12 fallecimientos. Aumento de abortos, nacimientos prematuros y en Yanamaru 5 casos de malformaciones congénitas asociadas con fumigaciones previas.
- La población, durante las fumigaciones, sufrió severos problemas respiratorios, digestivos, oculares y cutáneos, algunos de los cuales aún son evidentes. Se hace especial referencia a manchas blancas que aparecen en la piel inmediatamente después de las fumigaciones y persisten por mucho tiempo. Estos efectos agudos, la población los asocia al fuerte efecto irritativo del químico utilizado.
- La desnutrición, siendo una constante en comunidades empobrecidas, estaría alcanzando niveles graves a consecuencia de las aspersiones.
- En todas las comunidades de frontera se habla que la tierra se impactó inmediatamente después de las fumigaciones. Algunas personas vivían en sus fincas desde hace 25 años y otras sólo 3 años, pero todas a lo largo de la frontera coinciden en que las fumigaciones empobrecieron la calidad del suelo y su capacidad de producción. No sólo se perdieron todos los cultivos de ciclo corto, sino que hoy, 4 años después, no se dan ni con la calidad ni con la cantidad de antes productos como plátanos, guineos, oritos o yuca, frutales y determinadas hierbas aromáticas que incluso hacen sospechar que las plagas hayan sido introducidas. Por eso, la población manifestó sentirse víctima de una guerra biológica.
- Hubo pérdidas de ganado, caballos, perros, gallinas y chanchos, con gran mortalidad. Incluso, técnicos agropecuarios reconocen un incremento de malformaciones y abortos del ganado durante las fumigaciones y después de ellas.
- La población de Mataje, en Esmeraldas, ha decidido que tras las fumigaciones no se haga uso del agua hasta que “el río se lave”

Situación socioeconómica

- Cierre de 13 escuelas fronterizas en Sucumbíos, deserción escolar y disminución de la calidad profesional de los docentes, pues se ha debido optar por bachilleres ante la negativa de algunos maestros de trabajar en la zona, especialmente después de noviembre del 2004, cuando el maestro Walter Sosa junto con su esposa embarazada fueron detenidos en el trayecto a su casa, transportados a Colombia, acusados de guerrilleros y cortados con motosierra.
- En Esmeraldas, la afluencia de niños colombianos presiona la demanda por educación.
- La situación de pobreza ha aumentado la migración interna y transfronteriza, especialmente de jóvenes. Se calcula una migración de un 55% de la población que va eliminando las fronteras vivas y da paso a una situación donde la delincuencia encuentra caldo de cultivo en numerosas personas descontentas. La migración no es mayor, porque la población refiere no tener adónde ir, pero todos han pensado hacerlo.
- Hasta ahora las autoridades nacionales y locales no han dado respuesta a la población afectada, que no se siente parte de una patria que les tiene en el abandono.
- El incremento de la población migrante interna y transfronteriza va generando asentamientos con características de hacinamiento y falta de acceso a servicios básicos. La presión ejercida sobre los servicios de salud es muy alta, pues ante planificaciones de 1500 vacunaciones hay carencia para 4000 demandadas.
- En Esmeraldas, la alta concentración de palmicultoras en la zona ofrece espacios de trabajo que, en buen número, son ocupados por población colombiana desplazada, indocumentada y que no accede a condiciones justas de pago.
- La prostitución, especialmente de adolescentes, y la violencia se han incrementado en la zona.

MILITARIZACION
Desde el 2002 se ha incrementado el número de efectivos de la Marina ecuatoriana.
En la zona de territorio awá, cercano a la frontera, se reportan muy frecuentes sobrevuelos de aeronaves de las fuerzas armadas colombianas e incursiones terrestres.

En Sucumbíos se han presentado varios incidentes que describen hechos de militarización, de igual manera que en Esmeraldas y Carchi, que han vulnerado la soberanía nacional y la inviolabilidad del territorio, como también el espacio aéreo de este país.

-2001. Enero. San Francisco 1 y 2. Aviones fumigadores colombianos cruzaron la frontera con Ecuador y fumigaron a la población de ambas comunidades.

- 2002, Abril o mayo de 2002. Puerto Nuevo. 17 helicópteros colombianos sobrevolaron territorio ecuatoriano y una de las naves se mantuvo sobre la plaza principal de Puerto Nuevo con claras señales de hostigamiento, amenazando a la población con una ametralladora.

- 2002, Abril o mayo. Puerto Nuevo. Con la excusa de perseguir a una columna guerrillera que estaba en territorio colombiano, el ejército de ese país disparó sobre el cauce del río, obligando a varios botes a orillarse. Algunos casquillos de las balas disparadas quedaron sobre los techos de las casas de los habitantes ecuatorianos. El entonces gobernador Víctor Velasco recibió los casquillos sin realizar acción o denuncia alguna.

- 2002, Agosto, Santa Marianita. Avionetas colombianas pasaron la frontera ecuatoriana y fumigaron en territorio ecuatoriano. Las avionetas daban vueltas sobre la escuela de la comunidad. Otras comunidades vecinas son testigo del pase de las avionetas.

- 2002, Septiembre. Las avionetas fumigadoras de Colombia entraron en Chone II hasta una distancia de 7 kms. de la frontera y lo hicieron fumigando, no sólo para dar la vuelta. Fumigaron la escuela con los niños adentro. Estudios de laboratorio encontraron a 3 kms concentraciones exageradas de fósforo en las plantas.

- 2004, Enero. Yanamaru. Un avión colombiano entró sobre el espacio aéreo ecuatoriano y disparó contra Puerto Colombia. La acción se repitió 8 días después. Este hecho fue denunciado al ejército ecuatoriano.

- 2004, Noviembre. En Puerto Mestanza helicópteros colombianos realizaron disparos y se recogieron casquillos.

- 2004, sin determinar el mes. General Farfán. Un helicóptero de las FF.AA. colombianas sobrevoló el campamento Lauro Guerrero del ejército ecuatoriano y aterrizó posteriormente en territorio colombiano.

- 2004, varias ocasiones. San Francisco 1 y 2. Cada vez que hay derrame de petróleo debido a un atentado de las FARC contra los oleoductos colombianos, los helicópteros de las FF.AA. colombianas cruzan la frontera, dicen que están persiguiendo guerrilleros y atacan a los campesinos. En dos ocasiones se han realizado disparos contra la población, sin víctimas.

- 2005. Febrero-marzo. Aviones de las FF.AA. de Colombia cruzaron la frontera y lanzaron propaganda contrainsurgente sobre la población de San Francisco 1 y 2. Esta propaganda se anexa al presente informe.

-2005. Marzo-abril. Aviones colombianos, acompañados de helicópteros, entraron en el espacio aéreo ecuatoriano y desde esas posiciones dispararon contra blancos ubicados en Colombia.

El comandante del puesto militar en Shushuqui refirió no haber visto nada y que dependían de lo que decían sus jefes, pues no hay radares que puedan detectar qué pasa en la frontera. El campamento está a 14 km de ésta.

Tanto el comandante Naranjo, de la BS56 Tungurahua, como el mayor Oviedo de 24 Rayo refirieron no haber visto nada, y que sus unidades no les han reportado la realización de ninguno de los hechos referidos anteriormente.

Y ante las denuncias de que Puerto Mestanza es un pueblo fantasma en noviembre del 2004, el BS56 Tungurahua transporta a pobladores, engañados de recibir apoyo, para que sean filmados por los medios de comunicación y digan que es falsa la información.

En el caso de Esmeralda, el Centro Awá Guadualito denuncia que en diciembre de 2004 hubo fumigaciones en la zona de frontera y también en mayo de 2005, con el pretexto de destruir sembradíos de coca. Un número considerable de efectivos ecuatorianos hizo acto de presencia en el poblado y realizó un simulacro de enfrentamiento con la insurgencia colombiana, cuyos espectadores eran varios medios de comunicación. Esto sucedió a 120 metros de la población.

Las comunidades denunciaron que en 2004 varios niños y niñas fueron a territorio colombiano para vincularse como raspachines (en el caso de niños, en las niñas se desconoce para qué actividad). Se tiene conocimiento que uno de estos niños fue reclutado por un grupo armado colombiano.

La situación de militarización en el Carchi se presenta con los siguientes hechos:

- Existe grave preocupación de las parroquias de Maldonado y Chical debido a que el ejército ecuatoriano está permitiendo el paso del ejército colombiano para proveer de vituallas a los efectivos militares apostados en la zona, violando la soberanía nacional y poniendo en grave riesgo la situación de la población en caso de enfrentamiento con los grupos armados.

- El ejército está utilizando las viviendas y escuelas de la población indígena awá para realizar actividades de patrullaje y monitoreo en la zona. En una ocasión, incluso, estuvieron a punto de colocar minas cerca de una escuela AWÁ, supuestamente para protegerse de ataques guerrilleros. El Destacamento de Maldonado está ubicado a lado de una escuela.

- La población se queja de que los controles militares sirven más para la población que para los grupos armados.

- Por la alta migración de maestros rurales, los militares están asumiendo esas funciones.

- Existe temor en la gente de expresarse. No podemos afirmar si esto se debe a la presencia de los militares y la policía nacional, o por los grupos armados que operan en Colombia.


RECOMENDACIONES DE LA MISIÓN:

1. Situación económica de las poblaciones

• Ante el impacto negativo sobre los ecosistemas, afectando la capacidad de producir y acceder a una alimentación adecuada, es urgente que el Estado ecuatoriano genere políticas macro y micro económicas para que las provincias fronterizas con Colombia generen una economía estable que evite a sus poblaciones vincularse irremediablemente con el cultivo de la hoja de coca.
• La asistencia que se brinde a las comunidades en forma de cooperación internacional y también nacional debe evitar repetir la experiencia colombiana de fracaso, corrupción e insostenibilidad. Estos programas deben contar con la participación de las comunidades beneficiarias, y deben estar inmersas en las políticas públicas del Estado y no en programas transitorios de gobierno.

2. Situación Socio-Política

• Es importante fortalecer la presencia institucional en las provincias que hemos visitado para permitir una más fluida comunicación entre las comunidades y las autoridades civiles de la zona, de manera que estas autoridades puedan realmente ser instancias de resolución respecto de las necesidades de la población.
• La presencia estatal en la zona no puede limitarse ni resumirse en la presencia de autoridades militares o policiales, ya que su actividad se concentra en el control de la movilidad de la población. Esto no constituye en absoluto un escenario de seguridad para dichas poblaciones, en muchos casos deriva en bloqueo alimentario, médico y de circulación, haciendo mucho más difíciles las condiciones de vida de aquellas.

3. Infraestructura y servicios

Hemos encontrado ausencia de infraestructura básica para la atención de las necesidades de las comunidades.

• Los centros hospitalarios quedan en cabeceras cantonales de difícil acceso para las comunidades, las que debido a la distancia y a la falta de recursos no pueden acudir a ellos. En Sucumbíos no hay presencia de brigadas médicas, existe un número muy precario de promotores de salud y la visita de profesionales en la salud es francamente pobre. Por eso se recomienda dotar con medicinas, capacitación y equipamiento médico a toda la frontera.
• En materia de infraestructura para la educación, hemos podido observar la existencia de construcciones elementales o básicas que no cuentan con materiales adecuados para el desarrollo de dichas actividades. Estas escuelas, en muchos casos, están abandonadas, pues por efecto de la situación en la zona cuando hay maestros no hay niños, cuando hay niños, no hay maestros. Se debe fortalecer e incentivar la actividad educativa en estas zonas. Debe ser prioritario para el Estado ecuatoriano atender la crisis educativa de la frontera, las demandas de los maestros, favorecer su profesionalización, incentivarlos económicamente y crear planes para asegurar la alimentación de los educandos y la seguridad para la movilización de sus educadores, evitando el hostigamiento a la actividad de formación escolar.
• El acceso a las comunidades se hace a través de caminos muy precarios. El traslado hasta los servicios públicos comúnmente se hace a pie, con tiempos de recorrido de una hora y media a dos horas. Debe fortalecerse la infraestructura necesaria para el acceso a las comunidades, dado que el traslado demora horas o días.

4. Seguridad y derechos humanos

• En un Estado social de derecho la seguridad no puede resumirse en controles militares ni policiales. La población de la frontera vive en permanente estado de miedo, zozobra y vulnerabilidad a causa de la violencia física y psicológica. La seguridad es también humana y toca todas las dimensiones del desarrollo humano. Seguridad implica que las comunidades de la frontera ejerzan efectivamente sus derechos a la vida digna, salud, medio ambiente sano, acceso a la justicia, seguridad alimentaria y condiciones mínimas para no tener que ser desplazadas o vulneradas. Recomendamos que la seguridad vaya de la mano con la satisfacción de los derechos humanos, pues la inseguridad se liga peligrosamente a la militarización de la vida civil, a la imposibilidad de ser escuchados con respeto y consideración por parte de las autoridades públicas.

5. Sectores

• Los desplazados no cuentan con mayor acceso al reasentamiento en otras zonas ocupándose en servicios laborables. En el caso de las mujeres y niñas, como trabajadoras de bares y en la prostitución. El Estado ecuatoriano debe prestar especial atención a los niños, mujeres, desplazados y refugiados que se encuentran en la zona fronteriza.
• Los migrantes y refugiados colombianos no cuentan con mayor acceso a la regularización en el país de acogida, ya que se les solicita el pasado judicial. En el caso de aquellos que vienen del cordón fronterizo tienen que solicitar esto a las autoridades competentes en Bogotá y la regularización documentaria en Ecuador tiene costos muy altos para ellos, desde 250 a 2000 dólares solicitados por la policía judicial de la zona. Se recomienda la formulación de políticas migratorias nuevas y ajustadas a la realidad actual.
• Las comunidades indígenas y afrodescendientes están siendo afectadas por las fumigaciones y la militarización de la frontera. Hay irrespeto de territorios ancestrales y colectivos pertenecientes a pueblos y nacionalidades. Deben tomarse en cuenta la cosmovisión y los valores culturales propios de las nacionalidades indígenas ahí asentadas, haciendo efectivos los derechos conculcados en la Constitución de la República y en el Convenio 169 de la OIT.

6. Militarización

• Consideramos urgente que el Estado ecuatoriano transparente los términos en los que está manejando las relaciones con Colombia. ¿Existen convenios que permitan sobrevuelos de aeronaves colombianas de fumigación o combate en el espacio aéreo colombiano? Si es así, esos convenios deben revisarse inmediatamente, pues algunos pobladores han sido víctimas de fumigaciones, ametrallamientos y constantemente sienten miedo y se inquietan al escuchar los helicópteros, las bombas, los disparos. De no ser así, es urgente que se promueva una nota diplomática para que Colombia respete el espacio aéreo y la inviolabilidad del territorio ecuatoriano, y repare los daños económicos y morales causados a las víctimas de sus actuaciones bélicas.
• Es igualmente urgente que las autoridades militares de la zona asuman su papel de vigilancia de la frontera para proteger a la población frente a las incursiones de las FF.AA. colombianas, el hostigamiento de las fuerzas paramilitares y los graves hechos de delincuencia común que se presentan. Pero esta labor se debe desarrollar en el marco de relaciones de respeto, consideración y cuidado real de la población civil. La frontera no debe militarizarse, debe tener real presencia de las autoridades civiles de gobierno, salud, educación, etc. Y no constituirse en un espacio para la criminalización social.
• Las fuerzas militares de la frontera deben ser advertidas de los derechos constitucionales de los ciudadanos: no es aceptable para esta misión ni debe serlo para los ecuatorianos, que sean las poblaciones pobres y vulneradas las encargadas de probar los daños por las fumigaciones, o la violación a la integridad del territorio ecuatoriano. Deberían ser las autoridades civiles las que constaten las quejas de las comunidades, entendiendo que son víctimas y no victimarias de las violaciones e infracciones que se generan allá. En todo caso, debe aplicarse el principio de precaución.


7. Conflicto

• La zona de frontera requiere urgentemente de una acción decidida del Estado ecuatoriano para superar la impunidad de los crímenes y delitos cometidos en la frontera, y generar condiciones para que no vuelvan a repetirse.
• Reiteramos la necesidad de mayor presencia de organismos gubernamentales que atiendan situaciones humanitarias, órganos de investigación eficaces e imparciales, de derechos humanos y de desarrollo local. Sólo atendiendo las necesidades básicas de la población puede prevenirse la exacerbación del conflicto.

8. Fumigaciones

• Esta misión recomienda y pide al gobierno ecuatoriano el cumplimiento inmediato del fallo del Tribunal Constitucional, en su resolución Nº 0371-04-RA, del 15 de marzo de 2005, que le ordenó suscribir “un memorando de entendimiento con Colombia para que no se realicen fumigaciones en una franja de 10 km medidos desde la línea de frontera hacia el interior de la República de Colombia”. También recomienda y pide a los ministerios de Bienestar Social, Ambiente y otros cumplir con sus labores de protección, prevención y generación de programas en cada una de sus competencias.
• Testimonios de expertos locales entrevistados sospechan que la mezcla anunciada en Colombia para las fumigaciones no es la que se está empleando realmente y que podría haber otros componentes químicos (defoliantes) o biológicos usados en las aspersiones. Solicitamos que el Principio de Precaución en materia ambiental, que es ley constitucional, sea aplicado inmediatamente: la prueba de daño no puede reemplazar la labor de prevención de los impactos de las fumigaciones. Esta misión ha observado y constata que hay perjuicios e impactos, lo que constituye dudas razonables para que el principio sea aplicado inmediatamente.
• Pudimos constatar una grave crisis alimentaria en la frontera que cobra entre sus víctimas principales a niños y niñas. Es urgente que el Estado ecuatoriano formule una política de emergencia para resolver el problema de la inseguridad alimentaria generada por las aspersiones aéreas del Plan Colombia.