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Declaración de IPEN “Por un Futuro Libre de Tóxicos”

(22/03/2006)

Un Futuro Libre de Tóxicos

Con motivo de la decisión de los gobiernos y las partes interesadas de adoptar a partir de hoy un Enfoque Estratégico para la Gestión de Productos Químicos a Nivel Internacional (SAICM), la Red Internacional de Eliminación de Contaminantes Orgánicos Persistentes (IPEN) expresa su amplio compromiso de trabajar con el objetivo de lograr hacia el año 2020 un Futuro Libre de Tóxicos, en el que todas las sustancias químicas sean producidas y utilizadas en formas que eliminen los efectos adversos significativos para la salud humana y el medio ambiente, y en el que los contaminantes orgánicos persistentes (COPs) y los productos químicos que causan una preocupación similar ya no contaminen nuestro medio ambiente local y global, nuestras comunidades, nuestros alimentos, nuestros cuerpos, los cuerpos de nuestros hijos y los de las futuras generaciones.

Como organizaciones participantes de IPEN, expresamos nuestra firme decisión de trabajar para lograr un Futuro Libre de Tóxicos hacia el año 2020, en conjunto con las comunidades, los trabajadores y otras organizaciones relevantes de la sociedad civil, y en colaboración con los gobiernos y las organizaciones intergubernamentales, con la finalidad de:

1. Eliminar gradualmente y prohibir la producción y el uso de COPs y de otras sustancias químicas que suscitan una preocupación equivalente, junto con los materiales, productos y procesos que generan y liberan COPs y otros subproductos tóxicos, comprendidos aquellos que contribuyen a causar efectos significativos sobre la salud, como desórdenes reproductivos y del desarrollo (incluyendo defectos congénitos y problemas en el desarrollo neurológico, como desórdenes conductuales e intelectuales), cánceres, mutaciones genéticas y disfunciones inmunológicas y endocrinas;

2. Promover la salud infantil como meta primordial, reconociendo que los fetos, bebés y niños en etapas de desarrollo son excepcionalmente vulnerables a los efectos dañinos de los productos químicos tóxicos durante todas las etapas de su desarrollo;

3. Promover y exigir la utilización de productos, materiales, procesos y prácticas más limpias, incluyendo producción limpia, transferencia de tecnologías limpias y química verde, que evitan la generación y liberación de subproductos tóxicos, dándole prioridad a las alternativas no químicas cada vez que sea posible;

4. Identificar, asegurar y destruir en forma apropiada las existencias obsoletas y los desechos que contengan COPs y otros productos químicos preocupantes, por medios que garanticen su total destrucción (por ejemplo, transformación química) y que por sí mismos no generen o liberen contaminantes tóxicos o que en alguna otra forma dañen la salud, la seguridad o el bienestar de los trabajadores y de las comunidades vecinas; limpiar y reparar los sitios contaminados y los reservorios ambientales; adoptar medidas para prevenir la acumulación futura de existencias obsoletas de COPs y otros productos químicos que suscitan preocupación;

5. Poner fin a la combustión y a otros métodos ambientalmente inapropiados que se utilizan para el tratamiento de desechos, y de suelos y sedimentos contaminados;

6. Asegurar la participación pública oportuna, total y efectiva de las comunidades afectadas, los gobiernos locales y las ONGs de interés público y otros sectores de la sociedad civil (incluyendo a los grupos más vulnerables) en todos los procesos de toma de decisiones relacionadas con la seguridad química, incluyendo, pero sin limitarse a ello, la implementación de convenciones, programas, códigos de conducta y planes de acción acordados a nivel internacional; promover la cooperación entre los gobiernos, las organizaciones de interés público, la academia, los sectores empresariales y otros, a fin de lograr que se adopten enfoques multisectoriales transparentes en la toma de decisiones, incluyendo el suministro de información oportuna y accesible, el desarrollo de capacidades, la sensibilización, el derecho a saber y otros mecanismos esenciales para la relevancia del tema a nivel local;

7. Hacer posible una transición justa cada vez que se decide la eliminación gradual de productos químicos peligrosos, prácticas contaminantes o tecnologías sucias, con la finalidad de garantizar que se dé atención especial a la protección de los trabajadores afectados, incluyendo mujeres, campesinos, comunidades indígenas y otras comunidades locales, especialmente en los países en desarrollo y países con economías en transición;

8. Lograr una reforma fundamental, en todos los países, de las actuales leyes, políticas y prácticas nacionales sobre sustancias químicas, que sea consistente con, o que supere, los estándares señalados en esta declaración y que, entre otras, incluya medidas para:

• Incorporar el principio de precaución en todas las decisiones relacionadas con la seguridad química, garantizando la adopción de medidas preventivas cuando existan motivos razonables de preocupación, aun cuando la evidencia de una relación causal entre una actividad y sus efectos no sea concluyente;

• Poner en práctica el principio de “sin datos, no hay mercado”, al exigir que se entregue adecuada información -incluyendo datos sobre riesgos, uso y exposición- acerca de todas las sustancias químicas que se hallan en el mercado y en productos; información que deberá ser lo suficientemente amplia como para permitir una evaluación informada sobre la seguridad de la sustancia química para la salud humana y el medio ambiente;
• Reflejar consideraciones relativas a la equidad intergeneracional al tomar en cuenta los efectos que tendrán las decisiones sobre sustancias químicas en las futuras generaciones, tomando debida nota de que muchos productos químicos permanecen en el medio ambiente por generaciones, y considerando también que muchos productos químicos alteran el desarrollo saludable del embrión y del feto humano, dañan las estructuras genéticas y tienen impacto sobre los resultados reproductivos;

9. Adoptar y poner en práctica en todos los países una legislación amplia sobre el derecho a saber -incluidas leyes que establezcan registros de emisiones y de transferencia de contaminantes (RETC)- que garantice el acceso público total, gratuito, pronto y oportuno a la información relacionada con todas las sustancias químicas que se hallan en el comercio y en productos y desechos, incluyendo información sobre sus propiedades intrínsecas y sus efectos en la salud humana y el medio ambiente, información sobre sus alternativas más seguras, e información sobre la transferencia de desechos dentro y fuera del sitio. Estas leyes deberían establecer claramente que cualquiera información pertinente para la salud y la seguridad de los seres humanos y el medio ambiente no puede ser considerada confidencial;

10. Poner en práctica el principio de que el que contamina paga, especialmente a través del establecimiento de mecanismos de responsabilidad legal y compensación que sean accesibles, costeables y efectivos, a fin de garantizar que quienes producen, utilizan y desechan productos químicos paguen el costo total de cualquier daño que ocasionen a la salud humana y al medio ambiente, y que las víctimas de tales daños sean pronta y totalmente compensadas;

11. Exigir que las industrias productoras de sustancias químicas asuman todos los costos legítimos en que incurran los gobiernos y otros sectores con el objetivo de establecer y mantener buenos programas de seguridad química. Exigir además que tales industrias hagan aportes a un fondo obligatorio, administrado por el gobierno y destinado al pago de la reparación y limpieza de la contaminación producida por derrames tóxicos y por existencias acumuladas y desechos de productos químicos, cuando no sea posible recuperar los costos de reparación y limpieza directamente de las personas responsables de esos daños;

12. Minimizar y eliminar gradualmente las fuentes antropogénicas de mercurio y metilmercurio en el medio ambiente;

13. Lograr que todos los gobiernos establezcan y mantengan programas e infraestructura de seguridad química integrados y efectivos, especialmente los gobiernos de los países en desarrollo y países con economías en transición, en completa cooperación y coordinación entre todos los ministerios relevantes, entre ellos los de Medio Ambiente, Salud, Trabajo, Agricultura, Industria, Desarrollo, Educación y otros. Proporcionar asistencia financiera bilateral y multilateral, nueva y adicional, para contribuir al logro de este objetivo;

14. Promover la integración de las consideraciones sobre seguridad química en las estrategias de reducción de la pobreza y en las agendas para el desarrollo de los países en desarrollo y países con economías en transición, con un enfoque especial en los grupos vulnerables, incluyendo mujeres, niños, comunidades indígenas y otras comunidades locales;

15. Adoptar un enfoque que abarque el ciclo de vida completo de todos los productos químicos, incluyendo la promoción de estrategias “de la cuna a la cuna” , y que tome en cuenta los impactos que causan los productos químicos en cada etapa de su ciclo de vida, preocupándose no sólo del producto químico mismo, sino también de los subproductos, los productos de descomposición y los productos de reacción; que considere todos estos impactos en el curso del diseño, producción, utilización y reutilización de un producto químico; en la presencia de una sustancia química en productos, desechos, ecosistemas y cuerpos humanos, y en el destino final de la sustancia química en el medio ambiente;

15. Impulsar una agricultura sostenible y ecológica, que incluya los cultivos orgánicos, la sustitución progresiva de los plaguicidas y otros insumos químicos en la agricultura, la gestión comunitaria integrada de plagas, los métodos agroecológicos de control de plagas y otras técnicas de la agricultura sostenible destinadas a lograr buenos rendimientos mediante prácticas saludables, ambientalmente sostenibles y financieramente asequibles, especialmente para los grupos de bajos ingresos, los campesinos y las comunidades indígenas;

16. Sustituir las prácticas habituales de control de plagas y vectores por métodos integrales, de menor impacto, con la finalidad de lograr prácticas efectivas de salud pública que resulten económicamente asequibles, ambientalmente correctas y que tomen en cuenta la participación oportuna e informada de la comunidad;

17. Reducir y procurar eliminar la generación de desechos, promoviendo la reducción de los desechos en la fuente; cambiando el diseño, manufactura, compra, utilización y consumo de materiales y productos (incluyendo el embalaje), para reducir tanto su volumen como su toxicidad, e impulsando la máxima reutilización y el reciclado de los productos y materiales no tóxicos;

18. Reconocer las responsabilidades comunes pero diferenciadas de todos los gobiernos y del sector industrial, de las ONGs, del sector laboral y de otras partes interesadas, en vista de sus diferentes contribuciones y vulnerabilidades en lo que se refiere a la degradación ambiental mundial y al impacto de los productos químicos sobre la salud, y en vista también de los distintos recursos financieros y técnicos con que cuentan;

19. Incentivar a los países y a las agencias donantes para que proporcionen asistencia financiera y técnica, nueva y adicional, que permita a los países en desarrollo y a los países con economías en transición cumplir a cabalidad todos sus compromisos en materia de acuerdos e iniciativas internacionales sobre productos y desechos químicos; proporcionar asistencia adicional para identificar y respaldar las iniciativas sobre seguridad química a nivel local;

20. Establecer un área focal sobre seguridad química dentro del Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM), con fondos nuevos y adicionales, con la finalidad de abarcar no sólo el actual Programa Operativo sobre los COPs del FMAM, sino para incluir también programas operativos que respalden la implementación de otros convenios sobre productos químicos, al igual que los enfoques integrados para la gestión de productos químicos que exige el SAICM;

21. Lograr que todos los países ratifiquen el Convenio de Estocolmo y otros acuerdos sobre productos y desechos químicos, entre ellos el Convenio de Rotterdam sobre el procedimiento de consentimiento fundamentado previo; la Convención de Basilea sobre el control de movimientos transfronterizos de desechos peligrosos y su eliminación, incluyendo su Enmienda sobre Prohibición; el Protocolo de 1996 para la Convención sobre la Prevención de la Contaminación Marina por el vertido de deshechos y otras sustancias (Convención de Londres); la Convención 170 de la OIT sobre seguridad en el uso de productos químicos en el trabajo, y otras;

22. Ampliar prontamente la lista actual de doce COPs del Convenio de Estocolmo, con el objetivo de incorporar otros COPs que suscitan preocupación a nivel mundial y para establecer los compromisos y obligaciones que conduzcan a la eliminación de todos los productos químicos que exhiben características de COPs;

23. Ampliar prontamente la lista de productos químicos que cubre el Convenio de Rotterdam sobre consentimiento fundamentado previo (PIC) con el propósito de incorporar todos los productos químicos y plaguicidas que representen un riesgo para la salud humana o para el medio ambiente bajo condiciones de uso corriente en países en desarrollo o en países con economías en transición, incluyendo el asbesto crisotilo, pero no limitándose a éste; desalentar y prohibir la exportación a países en desarrollo y países con economías en transición de tecnologías obsoletas y contaminantes y de productos químicos que están prohibidos en el país de origen;

24. Promover la implementación nacional, completa y efectiva, del Sistema Armonizado Mundial de Clasificación y Etiquetado de los Productos Químicos (GHS), con especial énfasis en su implementación en los países importadores de productos químicos y en los derechos inherentes al GHS para prohibir la importación de productos químicos inadecuadamente clasificados o etiquetados.

Más información:
www.ipen.org