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Argentina: La justicia comienza a sancionar a fumigadores en barrio de Córdoba

(21/01/2009)

16 de enero de 2009. Tras diez años de denuncias de los habitantes del barrio Ituzaingó Anexo, de Córdoba, rodeado de campos de soja, la justicia comenzó a tomar medidas.

Primero prohibió fumigar con agrotóxicos cerca de zonas urbanas y recientemente anunció que notificará a tres imputados por fumigar en predios cercanos a Ituzaingó que deberán suspender esa actividad no permitida por la actual reglamentación.

Hasta ahora, las consecuencias de las fumigaciones, especialmente con el herbicida glifosato y el insecticida endosulfán, son desastrosas. De cinco mil habitantes, 200 tienen cáncer. Y prácticamente todas las familias de este barrio tienen un enfermo.

La Fiscalía del Distrito 3, Turno 6, a cargo de Carlos Matheu, también deberá resolver una medida cautelar presentada por la Secretaría de Salud de la Municipalidad para impedir actividades agrícolas en ese sector, especialmente laboreo, siembra, fumigaciones y cosecha.

El pedido municipal requería además una “medida cautelar urgente para que en la época de siembra (entre diciembre y marzo) los productores no realicen tareas de fumigación para resguardar la salud colectiva ambiental de la población de la zona, hasta que se determine qué tipo de actividades productivas son asimilables, sin daño ambiental o sobre la salud de las personas”, indica el comunicado de la comuna.

Detenidos

En junio de 2008 fueron detenidos un fumigador y el dueño de un campo fumigado en Ituizangó, acusados de infringir la Ley Provincial 9.164 de residuos peligrosos
Los dos sospechosos habían sido detenidos por disposición del fiscal Matheu, quien consideró que se estaba contaminando el suelo de manera peligrosa para la salud, tras comprobar que se habrían realizado fumigaciones aéreas en un radio menor a los 1.500 metros de la zona urbana, ilegales para el tipo de plaguicida utilizado.
Hace ocho años se detectó la gran cantidad de enfermos de cáncer y niños con malformaciones en Ituzaingó. Al este, norte y sur de este barrio había campos de soja, sólo separados por calles, y las fumigaciones con agrotóxicos llegaban hasta las puertas de las viviendas.

El papel de las madres

La organización Madres de Ituzaingó, nacida a medida que las enfermedades se multiplicaban, relevó los casos y denunció a empresarios sojeros y a la dirigencia política, por complicidad. Las llamaban “las locas”, pero se convirtieron en pioneras en denunciar la contaminación del modelo agrario. A casi una década de las primeras denuncias, la justicia cordobesa prohibió a productores de soja que fumiguen en cercanías del barrio. Se definió que éste es un delito penal, apuntando particularmente contra el glifosato, el agrotóxico pilar de la industria sojera, y el insecticida endosulfán.

“Fumigar en áreas urbanas viola disposiciones de la Ley Provincial de Agroquímicos y constituye un delito penal de contaminación ambiental, que se pena con hasta diez años de prisión”, explicó el fiscal de Instrucción del Distrito III, Carlos Matheu, quien determinó la figura penal de “contaminación dolosa del medio ambiente de manera peligrosa para la salud”.

La medida, que podría sentar precedente para decenas de denuncias de todo el país y de otras naciones de América Latina, impide utilizar agrotóxicos a menos de 500 metros de zonas urbanas y, si las fumigaciones son aéreas, la distancia mínima deberá ser de 1.500 metros. El fallo focaliza en dos agroquímicos: endosulfán y glifosato.

Endosulfán

El endosulfán es un fuerte insecticida utilizado para el control de plagas en algodón, tabaco, sorgo y soja, entre otros. Una de sus principales comercializadoras son la empresa Agrosoluciones, unidad dedicada al agro de la multinacional química Dupont. Las compañías agroquímicas no mencionan sus efectos sobre la salud, a pesar que la Red de Acción sobre Plaguicidas (PAN) –integrada por 600 organizaciones de 90 países– afirma que “los efectos del endosulfán incluyen deformidades congénitas, desórdenes hormonales, parálisis cerebral, epilepsia, cáncer y problemas de la piel, vista, oído y vías respiratorias”.

Glifosato

El glifosato es el agrotóxico más conocido de la Argentina. Se comercializa bajo el nombre de Roundup, de la multinacional Monsanto, líder internacional en agrotóxicos y blanco de las denuncias por contaminación ambiental y perjuicio sobre la salud. Las grandes empresas sojeras reconocen la utilización, como mínimo, de diez litros de Roundup por hectárea. En la campaña 2007-2008, el monocultivo de soja abarcó en la Argentina 17 millones de hectáreas y los campos fueron rociados, en un solo año, con 170 millones de litros del cuestionado herbicida. Se aplica en forma líquida sobre las malezas, que absorben el veneno y mueren en pocos días. Lo único que crece en la tierra rociada es soja transgénica, modificada en laboratorios. La publicidad de Monsanto clasifica al Roundup como inofensivo para al hombre.

Cáncer y otras enfermedades graves

En el barrio Ituzaingó Anexo viven cinco mil personas, 200 de ellas padecen cáncer. “Hay casos de jóvenes de 18 a 25 años con tumores en la cabeza. Chicos de 22 y 23 años que ya han muerto. Hay más de trece casos de leucemia en niños y jóvenes”, describen las Madres de Ituzaingó. “En todas las cuadras hay mujeres con pañuelos en la cabeza, por la quimioterapia, y niños con barbijo (mascarilla), por la leucemia”, lamenta Sofía Gatica, con veinte años en el lugar y referente de la organización. Ella padeció la muerte de un bebé recién nacido (con una extraña malformación de riñón) y, en la actualidad, su hija de 14 años está en pleno tratamiento de desintoxicación (estudios municipales confirmaron que convive con dos plaguicidas en la sangre).

El subsecretario de Salud de la Municipalidad de Córdoba, Medardo Avila Vázquez, fue el impulsor de la medida cautelar en febrero de 2008. “Cuando vimos los aviones fumigando arriba de las casas, hicimos la denuncia por envenenamiento”, explicó.

El fiscal Matheu ordenó estudios en los patios de las viviendas y confirmó la presencia de endosulfán y glifosato. También allanó galpones de chacareros, encontró tambores con los agrotóxicos y (además de poner un límite a las fumigaciones) procesó a los productores sojeros, al dueño del avión fumigador y al aviador. “Es un hecho inédito en Córdoba. Hace diez años que ONG y vecinos denuncian intoxicaciones por la soja, y es la primera vez que la justicia les da la razón, que se privilegia el derecho a la salud y la vida por sobre el derecho a realizar negocios”, celebró el funcionario.

Un relevamiento de la organización Grupo de Reflexión Rural (GRR), que impulsa una campaña para detener las fumigaciones con agrotóxicos, censó diez pueblos con denuncias sobre contaminación. Uno de los casos testigo fue el barrio Ituzaingó Anexo, donde confirmó alergias respiratorias y de piel, enfermedades neurológicas, casos de malformaciones, espina bífida, malformaciones de riñón en fetos y embarazadas y problemas de osteogénesis.

En marzo de 2006, la Dirección de Ambiente municipal analizó la sangre de 30 chicos del barrio: en 23 había presencia de pesticidas. “En todas las familias hay algún enfermo de cáncer, de todo tipo, pero sobre todo de mamas, estómago o garganta. Cada vez que rocian se seca la garganta, arde la nariz y muchos chicos quedan con los ojos blancos”, relató Sofía Gatica y se largó con una lista de consecuencias: bebés sin dedos, con órganos cambiados, sin maxilares y cambios hormonales. “En mi cuadra hay una sola familia sin enfermos. Y están buscando mudarse porque saben que puede caer alguno”, lamentó.

La OPS en el barrio

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) también llegó hasta el barrio Ituzaingó, convocada por la Municipalidad y preocupada por la gravedad del caso. En agosto de 2007 comenzó a analizar los relevamientos existentes, realizó entrevistas y confirmó las denuncias. “Se concluye que el barrio Ituzaingó Anexo puede considerarse como un sitio contaminado. Los contaminantes de mayor importancia son los plaguicidas y el arsénico, fundamentalmente en el suelo. La presencia de plaguicidas en tanques de agua posiblemente refleje la intervención de la vía suelo-aire”. Entre las acciones imprescindibles recomienda “incrementar el control sobre fumigaciones clandestinas a distancias menores que las permitidas por ley”.

Las Madres de Ituzaingó reconocen que el fallo judicial (realizado el 30 de diciembre último, pero difundido recién esta semana) llegó “cuando ya todo el barrio está envenenado”, pero se entusiasman al pensar que puede sentar precedente: “Son cientos los pueblos que padecen los efectos tóxicos de los agroquímicos sojeros. Es hora de que la justicia comience a actuar”.

DOCUMENTO

¿ES SOLO EL GLIFOSATO? ACERCA DE LA UTILIZACIÓN E IMPACTO D E LOS PLAGUICIDAS EN LA AGRICULTURA ARGENTINA
Algunas preguntas y respuestas básicas
Ing. Agr. Ms. Sc. Javier Souza Casadinho


Noticia Fuente: LAVOZ.com.ar /Reportaje de Darío Aranda

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