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Países del MERCOSUR en conflicto con Monsanto

(01/04/2005)

Buenos Aires, 17 marzo 2005. El gobierno argentino está desarrollando una serie de acciones para responder a la "agresiva actitud" de Monsanto, que afecta a los productores y a la "libertad comercial" del país, según informaron hoy fuentes oficiales. La multinacional estadounidense amenazó con cobrar derechos de exportación de soja transgénica al ingresar este producto en países de Europa, en una maniobra que el gobierno que preside Néstor Kirchner calificó de concordante con sus "prácticas patoteriles".

En este contexto, Argentina convocó a una reunión extraordinaria de ministros de Agricultura del MERCOSUR (Brasil, Argentina Uruguay y Paraguay), junto con los de Chile y Bolivia en su condición de socios comerciales del bloque, para tratar "las amenazas" recibidas de Monsanto por el "cobro compulsivo" de derechos de exportación de soja transgénica.

Argentina está situada en el segundo puesto entre los mayores productores mundiales de soja transgénica, detrás de Estados Unidos, y el gobierno considera que el conflicto con Monsanto amenaza a todos los países del Cono Sur.

Monsanto anunció el martes 15 de marzo que todos los embarques de soja transgénica argentina y sus derivados serán sujetos a una acción de fuerza en los países donde la multinacional tiene patentada esa tecnología, principalmente en Europa. La compañía transnacional no ha logrado patentar en Argentina su tecnología Roundup Ready (RR, resistente al glifosato, un potente herbicida) y avisó a los exportadores de granos argentinos que buscará la asistencia de las autoridades aduaneras en los países importadores para cobrar sus derechos por patentes.

El sistema actual de cobro se basa en la venta de semilla certificada (soja y trigo, entre otras), pero la multinacional estima que no ha sido un mecanismo eficaz ya que en la actualidad las ventas de semilla de soja no superan el 18% de las 14 millones de hectáreas cultivadas con soja transgénica en Argentina. El resto se vende sin certificación o es producto de que los propios agricultores guardan parte de su cosecha como semilla para la próxima siembra.

Monsanto entró en tratativas con distintos actores de la cadena con el objetivo de aplicar a partir de 2004-2005 un nuevo mecanismo de cobro por la tecnología RR, basado en la comercialización del grano y sustentado en los derechos de propiedad que la transnacional posee sobre dicha tecnología en muchos países del mundo. Pero como las negociaciones con el gobierno y los productores fueron infructuosas, sus directivos sentenciaron ahora: "Por cada caso de infracción de la patente, nosotros requeriremos a la Justicia el pago de 15 dólares por tonelada en concepto de daños y perjuicios".

En un comunicado, la Secretaría de Agricultura argentina catalogó de "manifiesta bravuconada" la actitud de Monsanto y aseguró que "no permanecerá impasible frente a estas amenazas y actuará en su debida forma en el momento apropiado". Las autoridades agropecuarias consideraron que Monsanto "está agrediendo gratuitamente a los productores argentinos, quienes han sido sus principales aliados en el desarrollo de esa tecnología en el mercado", donde se cultiva soja transgénica desde 1996.

También reaccionaron con dureza las principales asociaciones de productores agropecuarios del país, como la Sociedad Rural, que advirtió que sus afiliados podrían dejar de comprar semillas transgénicas ante la "actitud avasalladora y monopólica" de Monsanto.

Los productores aseguran que pagan tres dólares por concepto de derechos por cada bolsa de semillas de soja que compran a los intermediarios, sólo por usar la tecnología. El precio total de la bolsa es de alrededor de 20 dólares.

En febrero pasado, Monsanto propuso recurrir a la Oficina Mundial de la Propiedad Intelectual para lograr un arbitrio sobre el pago de derechos, aunque esta posibilidad no prosperó. Tampoco avanzó un proyecto gubernamental para que sólo paguen derechos extraordinarios aquellos agricultores que cultiven más de 65 hectáreas.

Prácticas gangsteriles con aval del gobierno

En un comentario publicado en "La Jornada", Silvia Ribeiro, investigadora del Grupo ETC, señala "este caso es paradigmático, porque muestra claramente tanto las estrategias -legales e ilegales- de los gigantes genéticos como los riesgos a los que se exponen los países que permiten los transgénicos". Explica, además, que Monsanto tiene la patente europea número 301749, otorgada originalmente en marzo de 1994 a la compañía Agracetus. Es aberrante porque funciona como una "patente de especie": otorga a su propietario el monopolio exclusivo sobre todas las variedades y semillas de soya modificadas genéticamente, sin tomar en cuenta los genes utilizados o la técnica empleada. Cuando Agracetus consiguió esta patente, Monsanto inició un juicio contra aquélla, alegando, entre otros argumentos -el documento de apelación tenía 292 páginas-, que era una patente absurda porque no tenía "novedad" ni "invención" y que "debía ser revocada en totalidad" por el control que entregaba a una sola empresa. Dos años después, Monsanto compró Agracetus, con patente incluida, y súbitamente cambió de opinión sobre los hechos.

"En la práctica -agrega Ribeiro-, Monsanto adquirió el monopolio mundial de la soya transgénica, ya que aunque su patente no tenga validez legal en algún país, actúa gangsterilmente para lograr los mismos resultados. En Argentina, por ejemplo, la patente nunca tuvo validez, ya que no cumplió con los trámites de registro nacional en el plazo adecuado. Esto no impide a Monsanto haber cobrado compulsivamente regalías, porque al vender la semilla cobra este porcentaje incluido en el precio".

La investigadora de ETC señala que "en Argentina, los agricultores tienen el derecho a guardar y replantar simiente, lo cual está establecido también en la ley de semillas. Por tanto, los reclamos de Monsanto son ilegales. Pese a esto, por presiones, el gobierno argentino está negociando desde hace casi dos años para que Monsanto pueda cobrar sus regalías. Ya desde 1999 la trasnacional estableció (a través de sus distribuidores) el concepto 'regalías extendidas': el que compra soya transgénica certificada puede guardar una parte de su cosecha, pero debe abonar un porcentaje a la empresa para usarla, lo cual obviamente contraviene la ley de semillas argentina. En febrero de 2004 el secretario de Agricultura presentó una propuesta más escandalosa: la creación de una ley de 'regalías globales', llamada Fondo de Compensación Tecnológica. Por este mecanismo todos los agricultores pagarían un porcentaje al momento de la venta, captado por el propio gobierno, para entregarlo a las empresas semilleras. Es decir, el gobierno aplicaría impuestos para garantizar los intereses de las multinacionales contra sus propios agricultores, contra los derechos de los agricultores establecidos en Naciones Unidas y contra la ley de semillas de ese país. Debido a la protesta masiva de los agricultores esa ley está estancada. Y por esta razón Monsanto amenaza ahora con el cobro de una tasa mucho mayor, a aplicarse en los puertos de entrada de los destinos de exportación de la soya".

Silvia Riberiro advierte que "Monsanto ya logró que también el gobierno brasileño y el paraguayo, donde la soya transgénica fue introducida por contrabando desde Argentina, la legalizaran y cooperaran en el cobro de regalías por la soya contrabandeada. Según Carlos Vi-cente, de GRAIN en Argentina, 'la fórmula parece apuntar a los cultivos que generan más dinero (algodón, soya, maíz), encontrar un punto de acceso, contaminar el suministro de semillas y luego tomar el control (...) La historia de lo que ocurrió en Argentina es una grave advertencia de lo que sucede cuando se permite echar raíces a la agricultura transgénica'".


Fuentes: EFE www.univision.com/contentroot/wirefeeds/35dinero/2175234.html, publicada el 17 de marzo 2005.
La Jornada, edición electrónica del 17 de marzo 2005, www.jornada.unam.mx