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Chile: Primer fallo judicial contra plaguicidas domésticos

(29/05/2004)

Santiago, abril 2004.- El 2º Juzgado de Policía Local de Ñuñoa acogió la demanda presentada por organizaciones ambientales y de consumidores contra empresas productoras de collares y rocíos sanitarios para mascotas que utilizan Diclorvos. Este plaguicida está prohibido desde septiembre del 2000 por el Instituto de Salud Pública (ISP), debido a que ha sido clasificado como extremadamente tóxico por la Organización Mundial de la Salud (OMS), como también por sus efectos cancerígenos. Sólo está autorizado su uso agrícola y pecuario.

En un fallo de primera instancia dictado a fines de abril, el tribunal sancionó con una multa de 10 Unidades Tributarias Mensuales (UTM) –conforme a la Ley del Consumidor vigente a la fecha- a las empresas Barik, Edward Peackock y Cía. Ltda., Holy&VET S.A. y Drag Pharma Invectec S.A. por producir, distribuir y comercializar ilegalmente en supermercados productos plaguicidas domésticos que contienen el principio activo Diclocorvos. También se le conoce por su nombre comercial, Vapona.

Aunque las empresas sancionadas apelaron ante esta resolución y aún quedan instancias pendientes en la justicia, el fallo es una buena señal para las acciones emprendidas desde la ciudadanía. En este caso, se trata de una demanda judicial presentada el 6 de febrero de este año por Lucio Cuenca, coordinador del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA); María Elena Rozas, coordinadora de la Red de Acción en Plaguicidas y sus Alternativas en América Latina (RAP-AL) -también a cargo de la coordinación de la Alianza por una Mejor Calidad de Vida- y Stefan Larenas, presidente de la Organización de Consumidores y Usuarios de Chile (ODECU).

En la demanda se plantea, además del pago de multas, el decomiso de productos que utilizan Diclocorvos, como collares antipulgas y rocíos sanitarios (Barik); Collar Talvi (Peackcock); collares antipulgas Catti, para gatos, y Dogican, para perros (Drag Pharma). Se argumenta que estos implementos ponen en peligro la salud de los/as consumidores/as, de sus mascotas y el medio ambiente.

Mayor control del SAG

La venta de estos productos transgreden la Ley 19.496 que establece normas “sobre protección de los derechos de los consumidores” en relación con la protección de la salud y las necesarias advertencias o indicaciones para evitar los riesgos que se derivan del uso de sustancias peligrosas.

Sin embargo, las empresas en tela de juicio registraron el producto en el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) y, valiéndose de este resquicio, lo han utilizado ilegalmente para fabricar collares destinados a “proteger” a perros y gatos de insectos y plagas. “No sólo las mascotas, sino quienes manipulen collares y plaguicidas tóxicos están expuestos a riesgos cancerígenos”, señalaron los representantes de OLCA, ODECU y RAP-AL Chile.

En una reunión que sostuvieron los dirigentes de las ONGs citadas con el director subrogante del SAG, Fernando Meyer, y el jefe del Departamento de Plaguicidas de esa repartición estatal, Arturo Correa, fundamentaron esta denuncia y solicitaron un mayor control de la venta de sustancias químicas prohibidas en la forma de plaguicidas domésticos, sanitarios y veterinarios tóxicos.

Por su parte, el SAG declaró que se hará cargo de verificar los antecedentes recibidos, junto con agradecer la ayuda en materia de fiscalización que pueden ofrecer organizaciones ciudadanas.

Campaña a fondo

Las acciones desarrolladas son el resultado de una investigación realizada por la Corporación OLCA, que a su vez dio paso a la campaña “Plaguicidas domésticos: no dejes que invadan tu casa”, iniciada el 6 de diciembre de 2002.

El estudio detectó que en Chile se comercializan anualmente 2.000 toneladas de plaguicidas para uso doméstico y sanitario en un marco regulatorio deficiente, que permite situaciones atentatorias contra la salud de la población. De hecho, se aplica en forma “provisoria” el reglamento del Sistema Nacional de Control de Productos Farmacéuticos, Alimentos de Uso Médico y Cosméticos. Es decir, una normativa para alimentos, venenos, productos de belleza y medicinas.

La campaña comenzó con una denuncia pública frente al supermercado Líder, ubicado en Alameda con General Velásquez, en la cual se expusieron productos que contienen químicos cuestionados y se distribuyeron cartillas informativas. Posteriormente se efectuó una serie de reuniones con representantes de instituciones estatales a cargo del control de estos productos.

Exigencias al sector salud

En una entrevista con el subsecretario de Salud, Antonio Infante, sostenida en el ministerio respectivo el 26 de diciembre de 2002, los demandantes solicitaron el cumplimiento de las siguientes exigencias:

- Inmediata fiscalización y retiro de todos los productos de uso doméstico, veterinario o sanitario que contengan plaguicidas cuya venta es ilegal, y aquellos que violan las escasas normas regulatorias existentes.
- Que se dicte prohibición inmediata de venta y se retiren del mercado los productos extremadamente peligrosos y muy peligrosos (1a y 1b en la clasificación de la OMS), como también todas las sustancias cancerígenas y aquellas que pueden provocar graves alteraciones y malformaciones genéticas de acuerdo con la documentación científica existente a nivel internacional.
- Elaboración e implementación urgente del Reglamento Específico para Plaguicidas de Uso Doméstico Sanitario y Veterinario en el Hogar (según DS Nº 1876/1995), que lleva 5 años de retraso. Incorporar la participación activa de las organizaciones ciudadanas en este proceso que, desde su experiencia, pueden entregar importantes aportes técnicos.

Como resultado de esta gestión, se reactivó la comisión técnica encargada de la elaboración del citado reglamento, integrada por todas las reparticiones de salud vinculadas al tema, como el Servicio de Salud del Medio Ambiente (SESMA), ISP, Departamento de Salud del Ambiente y Servicio de Salud Occidente, entre otras. En este contexto, los organizadores de la campaña fueron invitados a una reunión en enero de 2003. La comisión técnica se comprometió ante RAP-AL y los demás organizadores de la campaña a entregar una propuesta de reglamento para ser discutida con la sociedad civil.

Otra acción de la campaña derivó en una reunión con la directora del SESMA, Soledad Ubilla, para solicitar la inmediata fiscalización y retiro de todos los productos de uso doméstico, sanitario o veterinario que contienen plaguicidas prohibidos o sin registro. Esta gestión, realizada el 13 de enero, significó el retiro al día siguiente de una veintena de productos de esas características de los supermercados. Y el 22 de enero, los representantes de las organizaciones ambientalistas y de consumidores hicieron presente al director del Servicio Nacional del Consumidor (SERNAC), Alberto Undurraga, la necesidad de efectuar un análisis de aspectos publicitarios, de etiquetado y envasado de los productos de uso doméstico y veterinario que contienen plaguicidas, como también un estudio de comportamiento de consumo. Como resultado de esta acción, la institución estatal formó una comisión especial para estudiar las denuncias de graves falencias en los aspectos señalados.

Luego del reciente fallo judicial de primera instancia, los demandantes esperan que los servicios públicos tomen definitivamente cartas en el asunto, y especialmente que el SAG prohíba la producción y comercialización de estos peligrosos productos para la salud de la población chilena.

Fuente: RAP-AL Chile. Diario “La Nación”, 17 y 18 de mayo 2004.