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El PNUMA advierte: Peligro de contaminación transgénica

(30/05/2004)

Santiago de Chile, mayo 2004.- Para sorpresa de muchos, el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) admitió que los cultivos transgénicos pueden contaminar especies naturales del planeta, actuando como factor de disminución de la biodiversidad.

No sólo esa amenaza, sino también los riesgos que implica para la salud humana el consumo de alimentos basados en productos modificados genéticamente hacen que el PNUMA aconseje aplicar el Principio Precautorio “como regla principal hasta que exista consenso científico sobre el tema”.

Esta es una de las principales conclusiones del informe “Estado del Medio Ambiente y Medidas Normativas” (1972-2002) que el PNUMA dio a conocer recientemente. Su contenido tiene especial relevancia por cuanto avala los llamados de alerta que diversas organizaciones ambientales y ciudadanas han estado dirigiendo en los últimos años tanto a las autoridades como al conjunto de la población. Algunas consecuencias nocivas que pueden ocasionar los alimentos transgénicos se expresan a través de alergias, resistencia a los antibióticos presentes en ese tipo de alimentos, generación y propagación de agentes patógenos, y efectos tóxicos.

El estudio señala que la biotecnología está generando grandes cambios en la agricultura, la industria y la medicina, pero también puede hacer peligrar la diversidad natural por “contaminación genética”. Es decir, reconoce la posibilidad real de que genes modificados “pasen descontroladamente de una especie a otra , ya que los genes naturales lo hacen con frecuencia en la naturaleza”.

El informe cita como ejemplo de esta intromisión de genes modificados en variedades domésticas y silvestres el caso de contaminación transgénica del maíz mexicano, denunciado y debatido ampliamente en el último tiempo. “Uno de los peligros principales es que esa intromisión afecte sus características (del maíz natural), poniendo en peligro una biodiversidad que es fundamental para la seguridad alimentaria de la humanidad”, advierte el documento del PNUMA.

Los esfuerzos por generar organismos genéticamente modificados (OGM) u organismos vivientes modificados (OVM) se concentran en cultivos de tomates, granos, mandioca, maíz y soja.

Biodiversidad en retirada

Como respuesta a las preocupaciones por la pérdida de la biodiversidad se estableció en 1993 el Convenio sobre Diversidad Biológica (CDB) para tratar posibles riesgos originados en el comercio transfronterizo y por la liberación accidental de OGM. Hasta diciembre de 2001, 182 países habían suscrito este convenio. Posteriormente, en enero de 2000 se creó el Protocolo de Cartagena, entre otras cosas, para evaluar los riesgos relacionados con los OGM y asegurar que éstos se trasladen, manipulen y utilicen de manera segura.

El PNUMA afirma que, de acuerdo con los datos disponibles, la diversidad biológica continúa disminuyendo en el planeta, lo cual repercute tanto en la salud como en el bienestar humanos. El índice actual de extinción de especies animales es varias veces superior al que prevaleció durante largos períodos geológicos anteriores. La última Lista Roja de la UICN (Hilton-Taylor 2000) señala que cerca del 24 por ciento (1.130) de las especies de mamíferos y 12 por ciento (1.183) de las aves del mundo se consideran actualmente amenazadas.

Avances en la región

Los tres objetivos principales del CDB son la conservación de la diversidad biológica, el uso sostenible de los componentes de la diversidad biológica, y la participación justa y equitativa en los beneficios que generan los recursos genéticos.

Algunos países han incorporado los objetivos del CDB en una legislación general –Brasil, Colombia, Costa Rica, Perú y Venezuela-, mientras otros, como Brasil y Perú, lo han hecho por medio de leyes sectoriales. En tanto, nueve países del Caribe están preparando sus respectivas estrategias sobre diversidad biológica y se disponen a implementar el CDB mediante nuevas leyes, mecanismos institucionales y recursos adecuados.

No obstante, señala el informe del PNUMA, “la legislación promulgada para implementar el CDB a menudo no incluye referencias a otros convenios relacionados con la diversidad biológica, como la CITES, la Convención sobre la Conservación de Especies Migratorias de Animales Silvestres o el Convenio Ramsés”.

El caso chileno

En vez de avanzar en el sentido que propone el CDB –y ahora el PNUMA-, las autoridades chilenas parecen ajenas a la preocupación por los posibles efectos de los OGM en la salud humana y en la biodiversidad.

Es así como en julio de 2003 el Presidente de la República acogió una propuesta de la Comisión Nacional para el Desarrollo de la Biotecnología que promociona e incentiva el empleo de alimentos transgénicos. Entre otras medidas, la propuesta aprobada desechó el etiquetado de “transgénicos” en los alimentos que tienen esa condición y que se venden en el comercio sin informar a los consumidores que están adquiriendo productos modificados genéticamente. Hasta ahora, en Chile está permitida oficialmente la importación de productos transgénicos, pero no su cultivo. Y sólo se producen semillas transgénicas para la exportación.

En una declaración pública del 28 de julio de 2003, organizaciones ambientalistas y sociales chilenas rechazaron la ausencia de participación ciudadana y de debate público en la toma de decisiones como éstas que son fundamentales para el desarrollo de la biotecnología en el país.

Parte de esa declaración señala: “La rotulación de los productos transgénicos fue asumida responsablemente por el Ministerio de Salud el año 2000, organismo que redactó el decreto N° 239 para establecer el etiquetado obligatorio. Este fue firmado por la entonces ministra Michelle Bachelet y el Presidente de la República. Luego de pasar por la Contraloría, el decreto nunca fue publicado en el Diario Oficial de la República de Chile, debido a las presiones del Ministerio de Economía y de Relaciones Exteriores”. A continuación precisa la declaración que “la no rotulación de alimentos transgénicos impide la debida protección del consumidor, violentando su derecho a saber y a elegir libremente”.

Además, las organizaciones firmantes de este pronunciamiento público –entre las que figuran RAP-AL, Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales, Centro Ecocéanos, CIAL y ANAMURI – denuncian que “los Servicios de Salud, debido a presiones, han permitido que durante los últimos cinco años, en forma ilegal, casi todos los alimentos que se expenden al público ya contengan una base transgénica. Esto, con el desconocimiento de la mayoría de la población, lo que afecta el derecho a la vida y a la integridad física, asegurado en el artículo 19 N°1 de la Constitución”.

Recurso de protección

Chile cuenta con una normativa específica sobre bioseguridad que incluye el Código Sanitario, el Reglamento Sanitario, la Ley de Derechos de los Consumidores y el Protocolo de Cartagena sobre Seguridad Biológica. Esta última es la legislación más relevante en el derecho internacional sobre organismos genéticamente modificados y fue negociada por Chile en el marco de la Convención de Biodiversidad.

La base fundamental que inspira esta legislación es el Principio Precautorio. Este principio vincula las ciencias ambientales con la salud pública y busca asegurar que se priorice por el bienestar de la población y del medio ambiente cuando se deban tomar decisiones políticas que impliquen un nivel de incertidumbre de tipo científica o técnica.

A su vez, el Protocolo de Bioseguridad reafirma el enfoque precautorio existente en el Principio N° 15 de la Declaración de Río ( 1992) ratificada por Chile.

Por esa razón, las organizaciones ciudadanas RAP-AL, OLCA y ODECU apoyaron un recurso de protección presentado inicialmente por el Consorcio de Sociedades Agrícolas del Sur Federación Gremial (CAS) y por Manuel Blas Riesco. Esta acción legal tiene como objetivo impedir el ingreso y la venta de alimentos transgénicos o elaborados con materias primas de este tipo que no estén rotuladas.

También piden a las autoridades que adopten medidas para impedir la producción, distribución y comercialización de alimentos transgénicos o elaborados con materias primas transgénicas que no cuenten con la autorización del Servicio de Salud que corresponda. Además, solicitan que el gobierno chileno garantice la protección de la vida e integridad física de la población, la promoción de la seguridad y soberanía alimentaria nacional, y evite que se siga discriminando arbitrariamente la agricultura campesina.


Más Informaciones:
* Red de Acción en Plaguicidas y sus Alternativas de América Latina (RAP-AL)
Fono/fax: 56-2-3416742 / rapal@rapal.cl
*Web Numa:
http://www.pnuma.org/GEOS%20LAC/geo%20lac%20partes/Geo03CapBiodiversidad.pdf