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Costa Rica. Continúa conflicto por fumigaciones aéreas

(23/09/2004)

La Defensoría de los Habitantes presentó una solicitud para modificar el reglamento que regula la fumigación aérea acogiendo una denuncia presentada por el Comité de Vigilancia de los Recursos Naturales del Ministerio del Ambiente y Energía (Covirena). La denuncia señala que el trabajador bananero Miguel Ángel Mora Rojas tiene llagas en todo su cuerpo y se ha visto seriamente perjudicado por alergias y dermatitis crónica, debido a que varias empresas han realizado fumigaciones aéreas que afectan la salud pública de quienes viven en la provincia de Limón (ver en este mismo sitio web “Costa Rica: Denuncia por fumigaciones aéreas en zona bananera” 26/08/2004).

La denuncia concreta es que las fumigaciones han dejado como consecuencia la contaminación de la agricultura de subsistencia y una contaminación diaria que afecta a los pobladores de las zonas bananeras a través del agua que consumen. Pero también señala que el ganado, al consumir pastos contaminados, se está quedando sin pelaje, las vacas abortan con frecuencia y tanto las aves de corral como los peces de ríos y estanques se están muriendo.

El Defensor de los Habitantes, José Manuel Echandi, señaló que tras estudiar el caso, además de solicitar la modificación del reglamento sobre la fumigación área, también pidió a los ministerios de Obras Públicas, Salud y Ganadería, que se cambien las horas de fumigación con la finalidad de que esta actividad se realice en momentos en que no transite gente por el área que se fumiga. “Asimismo, se deben guardar las distancias de los centros educativos y de las fuentes de agua para no contaminar”, dijo Echandi.

Por su parte, la Corporación Bananera Nacional (Corbana) argumenta que el actual reglamento tiene varios años de vigencia y que su aprobación se realizó luego de mucho trabajo y estudio. Considerando que es un reglamento bien elaborado, Corbana presentó un recurso de apelación. Sin embargo, Echandi aclaró que su objetivo no es perjudicar a las empresas, sino ocuparse del interés general, y que la Defensoría estudia si Corbana tiene legitimidad para revocar la solicitud planteada.

En una actitud desafiante, la corporación empresarial envió un comunicado a “Diario Extra”, avalado por el ingeniero Jorge Arturo Sauma, gerente general de Corbana S.A.; Edgar Quirós, presidente de Anaproban; Sergio Laprade, director de la Comisión Ambiental Bananera y el Consejo Institucional Bananero. “Esto es un ataque frontal y sistemático contra el sector bananero, por parte de un ‘ambientalista’. No sabemos con qué intención, ni quiénes impulsan este tipo de campaña”, señalaron.

A la vez, acusaron al mismo ‘ambientalista’ de formular diversas denuncias durante los años 2003 y 2004. “En cada una de ellas se ha logrado demostrar con fundamentos técnicos la falsedad de éstas. La última ocasión en que se presentó la denuncia ante el Tribunal Centroamericano del Agua, la misma fue desechada por falta de pruebas y argumentos técnicos, y se reconocieron los esfuerzos ambientales de la industria bananera”. En su comunicado, los empresarios dicen que no hay reclamos de los vecinos, sólo del ‘ambientalista’, y que no existe en todo el Caribe ninguna evidencia científica, ni estudios médicos que demuestren la contaminación ocasionada por la fumigación aérea. “Tampoco se contaminan huertas ni fuentes de agua, esto se basa en apreciaciones totalmente subjetivas por parte del ‘ambientalista’, no hay estudios técnicos que validen tales afirmaciones. Análisis realizados han demostrado que la contaminación presente en hortalizas de la zona Caribe es por bacterias fecales y que la mayor contaminación en el mar Caribe es debido a hidrocarburos y materia fecal”.

Corbana también niega que el ganado se esté quedando sin pelo. “Esto es falso, no hay evidencia científica ni técnica de que esté sucediendo. La aplicación aérea se realiza sobre el cultivo, no sobre los pastos, ni sobre cuerpos de agua. Para esto se han implementado sistemas electrónicos de posicionamiento a fin de minimizar la deriva de los productos”. Agregaron que los productos que se utilizan para la fumigación están aprobados por el Ministerio de Agricultura de Costa Rica para ser usados en varios cultivos, como apio, banano, café, cebolla, espárrago y lechuga, entre otros. Y además, argumentan que son productos autorizados por la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos (EPA) y que se utilizan tanto en la Unión Europea como en los Estados Unidos, entre otros países. “En el caso del Manzate, éste no es tóxico para aves y mamíferos, no es peligroso para las abejas. No se han documentado efectos crónicos en animales terrestres”, afirman.

El “ambientalista” aludido es, sin duda, Marco Machore Levy, inspector del Comité de Vigilancia de los Recursos Naturales del Ministerio de Ambiente y Energía (Covirena) de la provincia de Limón, desde donde han surgido las denuncias de campesinos y pobladores. En estas denuncias se precisa que en las fumigaciones se utiliza Manzate en concentraciones más altas que las permitidas por la EPA. Y se advierte, además, que la propia EPA ha informado que este plaguicida puede ocasionar efectos crónicos en la salud de carácter teratogénico, cancerígeno y mutagénico.

Nuevas denuncias de la comunidad

Los vecinos de Waldeck –municipio de Siquirres, provincia de Limón- agregaron nuevos antecedentes a esta polémica, los cuales desmienten los descargos de Corvana. En una carta fechada el 14 de septiembre de 2004, dirigida a los ministros Carlos Manuel Rodríguez (MINAE); Rodolfo Coto (MAG) y María del Rocío Sáenz (Salud), y al Defensor de los Habitantes, José Manuel Echandi, plantean que hace un año están denunciando los problemas que les generan las fumigaciones aéreas del proyecto bananero Grupo Agrícola Gmelina S.A. Este proyecto comprende 719 hectáreas de cultivos de banano.

La más reciente fumigación, efectuada el 27 de agosto de este año a alrededor de las 6.30 de la mañana, perjudicó seriamente sus productos agrícolas y ganaderos. “La finca no fumiga banano, fumiga el charral –dicen los campesinos en su carta-. El veneno que usan se viene a nuestras parcelas y ha afectado: papaya, yuca, pastos para ganado, árboles frutales, arroz, baby banana que teníamos sembrado en un proyecto con Coopepalacios. Nuestras denuncias constan en documentos del MAG y del Ministerio de Salud de Siquirres con fecha 10 de septiembre y 2 de septiembre. Esos documentos los anexamos para que ustedes constaten nuestras denuncias”.

Los vecinos de Waldeck reclaman, asimismo, que el ingeniero José Miguel Jiménez Méndez, Jefe del Programa de Fiscalización del Ministerio de Agricultura y Ganadería, haya informado a esa Secretaría que no pueden analizar una muestra obtenida de la fumigación ni tomar nuevas muestras “porque Sanidad Vegetal no está haciendo análisis de residuos de herbicida hormonal”. “Nosotros nos preguntamos –dicen los parceleros-, si no pueden analizar la muestra que se llevó producto de esa fumigación que nos afectó tanto, y si no pueden tomar más muestras, ¿cómo saben que es un herbicida hormonal?”.

A continuación piden a las autoridades que hagan cumplir la ley, que se ponga fin a las fumigaciones y que alguien se responsabilice por los daños que han sufrido. Además, señalan que desde que se inició el proyecto bananero ha disminuido significativamente el agua del único pozo del cual se abastece la comunidad; se han cerrado caminos públicos que ahora están vedados para los vecinos de Waldeck, Cultivéz y Manila, y no se han tomado precauciones para resguardar las especies de árboles y animales que peligran con el avance del proyecto. La comunidad de Waldeck adjunta a su carta 15 documentos que avalan sus acusaciones. Y piden soluciones. “Nosotros, que carecemos de los medios económicos para poder defendernos de las grandes empresas, todavía confiamos en que las leyes de este país y sus instituciones tengan también validez para los campesinos y campesinas”, declaran en la carta firmada por 60 miembros de la comunidad.

En cartas dirigidas a las mismas autoridades, Carlos Argüedas Mora, secretario de Ambiente de SITRAP, y el presbítero Gerardo Vargas Varela, director Pastoral Social de la Diócesis de Limón, ratifican los hechos expuestos por los parceleros de Waldeck. Ellos señalan: “La finca bananera fumigó un charral y los efectos sobre la parcelas de los campesinos y campesinas es enorme. Es lamentable la terrible angustia que viven al ver sus parcelas afectadas y no poder hacer nada. Apoyamos la denuncia que ellos están interponiendo ante ustedes y les pedimos que su grito sea escuchado lo más pronto posible”.
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Fuentes: “Diario Extra”. Cartas de la comunidad entregadas a RAP-AL.