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Alter Vida solicita el rechazo a Proyecto de Ley de Bioseguridad

(26/04/2012)


Alter Vida, Centro de Estudios y Formación para el Ecodesarrollo, manifiesta su preocupación y rechaza el Proyecto de Ley de Bioseguridad, presentado por los diputados Herminio Dávalos, Andrés Retamozo, César Ariel Oviedo y David Ocampos, en el mes de agosto de 2011, y cuyo tratamiento en plenaria estaba previsto para el pasado12 de abril del año en curso.

Si la propuesta, como dice la exposición de motivos, surge como una necesidad de que la biotecnología se implemente en el Paraguay “con seguridad” y “en cumplimiento de las normas y tratados internacionales del cual Paraguay es signatario”, recordamos a los proponentes la vigencia de los Convenios y las leyes que se deben tener en cuenta para garantizar la participación y la institucionalidad, regla básica para convivir en un Estado de Derecho inclusivo.
El Proyecto de Ley de Bioseguridad representa un retroceso para nuestro país, dicho proyecto viola la institucionalidad de entes que se desempeñan como autoridades de aplicación del tema, como es el caso de la Secretaría del Ambiente- SEAM, el Ministerio de Salud Publica y Bienestar Social- MSP y BS, y el Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas- SENAVE.

Además pretende liberar Organismos Genéticamente Modificados (OGMs) ignorando el principio precautorio al que se ha adherido nuestro país. Mediante La Ley N° 253/93: “Que Aprueba El Convenio Sobre Diversidad Biológica, Adoptado Durante La Conferencia De Las Naciones Unidas Sobre El Medio Ambiente Y Desarrollo - La Cumbre Para La Tierra.
Se trata de una medida legislativa que de aprobarse afectaría el derecho fundamental a la integridad social, cultural y económica de las comunidades indígenas y su derecho a la participación en la adopción de la referida decisión legislativa. Se está incumpliendo un procedimiento de carácter obligatorio y público como lo es el Deber Estatal de consultar y conseguir el consentimiento de las comunidades indígenas en los términos del Art. 6 (consulta previa, libre e informada) del Convenio 169 de la Organización Internacional de Trabajo- OIT, sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes, ratificada por Ley de la República Nro. 234/93. También el Art. 19 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos indígenas y la Resolución Nro. 2039/10 del Instituto Paraguayo del Indígena -INDI, “Por la cual se establece la obligación de solicitar la intervención del INDI para todos los procesos de consulta en las comunidades indígenas”,
Este Deber de consultar es diferente al de la consulta en general que esta prevista para otras situaciones legales.
Haciendo referencia al Protocolo de Cartagena sobre Seguridad de la Biotecnología del Convenio sobre la Diversidad Biológica, ratificado por Ley Nº 2309/03, en el Artículo 23 sobre la Concienciación y Participación del Público, expresa que las partes, fomentarán y facilitarán la concienciación, educación y participación del público; celebrarán consultas con el público en el proceso de adopción de decisiones en relación con organismos vivos modificados y darán a conocer al público los resultados de esas decisiones, respetando la información confidencial y que se velará por que su población conozca el modo de acceder al Centro de Intercambio de Información sobre Seguridad de la Biotecnología.
Según los proponentes del proyecto de Ley de Bioseguridad, solo con el cultivo de la soja transgénica nuestro país ha logrado catapultar su producción agrícola y generar alimentos para alrededor de 50 millones de personas. La soja transgénica no es un rubro de consumo directo para la ciudadanía paraguaya y su sistema de producción, además de provocar daños ambientales, amenaza la producción de alimentos del mercado interno atentando contra la soberanía y seguridad alimentaria.
La producción de soja es desarrollada en un entorno que presenta alta concentración de tierra, crecientes conflictos en torno a la misma, elevados niveles de pobreza rural, precarias infraestructuras de salud, bajas coberturas de la educación y deficiente asistencia técnica a fincas campesinas.
Ante esta situación, surgen las siguientes interrogantes; ¿Quién se hará cargo de las catástrofes socioambientales que pudieran provocarse a causa de la fácil liberación de los Organismos Genéticamente Modificados- OGMs que propone este proyecto?; ¿Se hará cargo el Ministerio de Agricultura y Ganadería-MAG? (Porque no vemos responsabilidad alguna por parte de los obtentores). ¿Tendrá el Estado paraguayo la capacidad de revertir los daños socioambientales, culturales y económicos causados por los impactos generados por los OGMs?.
Por todo lo argumentado Alter Vida solicita a las autoridades nacionales que el Proyecto de Ley de Bioseguridad no sea tratado en plenaria hasta tanto se habilite un proceso de discusión a través de audiencias públicas que permitan la participación de todos los sectores interesados de nuestra sociedad, incluyendo sociedad civil, movimientos sociales, organizaciones campesinas e indígenas, entre otras.
24/04/2012 11:52 Hs.

Noticia Fuente: http://www.nanduti.com.py/v1/noticias-mas.php?id=52037&cat=Ecologia