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EN REUNION CON EL DIRECTOR GENERAL DE LA OIT DENUNCIAN SITUACIÓN DE TEMPOREROS CHILENOS

(27/06/2005)

LA OIT RECIBE DENUNCIAS
SOBRE SITUACIÓN DE TEMPORERAS Y TRABAJORES AGRÍCOLAS CHILENOS


Hoy, jueves 20 de enero de 2005, a las 10.30 horas, el director general de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), Juan Somavía, recibió a una delegación de representantes de la Red de Acción en Plaguicidas y sus Alternativas de América Latina, ANAMURI, OLCA y otras organizaciones de las regiones Metropolitana y VI, quienes le hicieron entrega de una carta e informes –adjuntos a este comunicado-, que avalan un reclamo formal “por las aberrantes condiciones en que están laborando los trabajadores y trabajadoras agrícolas de nuestro país, especialmente aquellos que desempeñan faenas de temporada en la agricultura de exportación expuestos a agrotóxicos”.

En la reunión, que se prolongó por más de una hora en la sede de la OIT en Santiago, se denunció que el 60% de los trabajadores y trabajadoras de temporada no tiene contrato laboral, lo que se presta para innumerables abusos, como incumplimiento de las fechas de pago, cancelaciones por un monto inferior al salario pactado verbalmente -o, simplemente no pago-, imposiciones previsionales impagas, ausencia de beneficios sociales, etc. La informalidad y la desprotección laboral, social y previsional, así como en prevención y cobertura de salud, son constantes en la vida de los temporeros y temporeras. También se destacó la alta incidencia de trabajo infantil y adolescente en estas faenas, y las graves consecuencias que genera el uso masivo de plaguicidas en la salud de los trabajadores y de la población en general.



Las denuncias apuntaron a la falta de voluntad política de las más altas autoridades de gobierno para solucionar la crítica situación de los trabajadores asalariados agrícolas. Esto se refleja, entre otras cosas, en la decisión de no firmar y/o ratificar convenios de la OIT como el Convenio 184 sobre seguridad y salud en la agricultura. y el Convenio 81 de la OIT sobre inspección de trabajo, entre otros. Por parte de la mayoría de los empresarios, como se demostró con diversos ejemplos recientes, se dijo que en Chile existe una permanente violación de derechos laborales y sindicales.

El objetivo de esta denuncia fue solicitar el concurso de la OIT para que fomente y releve ante el Estado de Chile la necesidad de velar por la salud y seguridad de los trabajadores/as, la abolición del trabajo infantil y el cumplimiento de compromisos adquiridos en aras de la justicia social, la superación de la pobreza y el pleno respeto de derechos humanos y laborales internacionalmente reconocidos.

El director general de la OIT, Juan Somavía, agradeció a la delegación la entrega de estos antecedentes y la oportunidad de conocer más directamente aspectos importantes de la realidad laboral chilena.

Fuente : RAP-AL

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CARTA AL DIRECTOR GENERAL DE LA OIT

Santiago de Chile, jueves 20 enero de 2005

Señor
Juan Somavía
Director General
Organización Internacional del Trabajo
OIT
Presente


Estimado señor:

A través de esta carta, la Red de Acción en Plaguicidas y sus Alternativas de América (RAP-AL), la Alianza por una Mejor Calidad de Vida (*) y organizaciones sociales de las regiones Metropolitana y VI queremos expresar nuestro reclamo formal a la Organización Internacional del Trabajo (OIT) por las aberrantes condiciones en que están laborando los trabajadores y trabajadoras agrícolas de nuestro país, especialmente aquellos que desempeñan faenas de temporada en la agricultura de exportación. Apelamos a la instancia internacional que usted dirige ante la inoperancia de las autoridades de gobierno e instituciones del Estado de nuestro país para intervenir con firmeza en una situación que cada día se hace más insostenible, porque degrada a las personas y arriesga la salud y la vida de miles de hombres y mujeres.

En Chile hay alrededor de 800 mil trabajadores del campo, de los cuales aproximadamente 400 mil son temporeros y, de ellos, cerca de 250 mil son mujeres, la mayoría jefas de hogar, como también hay adolescentes, niñas y niños. Se estima que el 60% de los trabajadores y trabajadoras de temporada no tiene contrato laboral, lo que se presta para innumerables abusos, como incumplimiento de las fechas de pago, cancelaciones por un monto inferior al salario pactado verbalmente -o, simplemente no pago-, imposiciones previsionales que el empresario no cancela, ausencia de beneficios sociales, etc. La informalidad y la desprotección laboral, social y previsional, así como en prevención y cobertura de salud, son constantes en la vida de los temporeros y temporeras.

La modalidad de pago preponderante es el llamado “trato” (fijación de un monto por saco o caja de productos recolectados o seleccionados) y, en general, el salario promedio mensual resultante es inferior al sueldo mínimo establecido por ley. Este sistema se traduce en jornadas extenuantes, que en los packings llegan a un promedio de 16 horas diarias. Difícilmente se pagan horas extraordinarias y se desconocen otros beneficios que deberían estar contemplados en cualquier contrato laboral.

Además, se ha ido extendiendo cada vez más la intermediación de “enganchadores” o contratistas que son quienes se encargan de proporcionar la mano de obra temporal que requieren las grandes empresas agrícolas, generalmente exportadoras. Ellos reclutan, trasladan y pagan a los trabajadores, obviamente sin contrato laboral. Esto contribuye a diluir las responsabilidades al momento de responder por accidentes del trabajo, acciones ilegales, irregularidades, abusos y daños contra los trabajadores.

En este marco general se inscribe el uso intensivo e indiscriminado de plaguicidas en las actividades agrícolas, en especial en la producción destinada a la exportación. Muchos de estos agrotóxicos corresponden a las categorías “extremadamente peligrosos” y “altamente peligrosos”, según la clasificación de la Organización Mundial de la Salud (OMS) –denominados 1a y 1b-, y otros plaguicidas de comprobados efectos crónicos, que a mediano o largo plazo pueden ser la causa de cánceres, daños neurológicos, alteraciones reproductivas y malformaciones congénitas, en otros.

Es común que en los predios ni siquiera se respeten las mínimas exigencias legales en el uso de plaguicidas, exponiendo a los trabajadores a intoxicaciones agudas –incluso con resultado de muerte- y a graves daños a la salud a largo plazo, por los cuales nadie responde. Según cifras del Ministerio de Salud, de enero a noviembre de 2004 se notificaron 565 casos de intoxicación aguda por plaguicidas ( 65% laborales), 2 muertes de origen laboral, el 55% de las intoxicaciones en general correspondió a mujeres, principalmente trabajadoras temporeras (71% origen laboral). Hay que considerar que este registro se efectúa solamente sobre la base de notificaciones de personas que llegan a consultar a los servicios de salud, y cuando éstas se efectúan. Sólo en octubre de 2004 entró en vigencia un nuevo reglamento (Decreto Nº 88, Ministerio de Salud) que obliga a los servicios de salud público y privado a notificar a las instancias superiores los casos de intoxicación por plaguicidas. Sin embargo, por tratarse de una disposición reciente todavía no se aplica a cabalidad, como podrá apreciar usted en situaciones que describiremos más adelante. Además, es preciso tener presente que de acuerdo con estimaciones de la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica en Plaguicidas (REVEP), integrada en forma voluntaria por 24 servicios de salud del país, por cada caso notificado hay otros cuatro sin notificar, y en algunas regiones del norte y del sur por cada caso notificado hay 10 sin notificar.

En casos de brotes, accidentes masivos o muerte de trabajadores por intoxicación con agrotóxicos la autoridad competente se limita a aplicar multas por montos irrisorios y las demandas judiciales quedan a medio camino por la inexistencia de una relación contractual que permita establecer con claridad las responsabilidades ante la ley. La mayoría de las veces estos incidentes no son reconocidos como accidentes de trabajo y el(la) afectado(a) debe enfrentar sin apoyo alguno los gastos que le ocasiona la enfermedad, la inactividad laboral forzosa, las secuelas del daño causado en su salud, las consecuencias familiares de éste y, más aún, a menudo es objeto de amenazas de parte del empleador (empresario y/o contratista) para que no denuncie la situación.

Salvo en muy escasas excepciones, los trabajadores no son advertidos sobre los peligros que implica la manipulación y cercanía del almacenamiento y uso de agrotóxicos en el lugar de trabajo. No se informa, mediante un cartel visible, el nombre, la toxicidad, el antídoto ni se respeta el período de carencia y reentrada de los plaguicidas. Es una práctica común que los trabajadores/as deban continuar trabajando mientras se asperja y/ o sean obligados/as a reingresar al predio apenas éste se seca en el follaje. Tampoco se les provee de los medios de protección recomendados para garantizar un mínimo de protección, ya que ésta nunca podrá ser total dado el nivel de toxicidad de los agroquímicos utilizados. A esto se agrega que rara vez los lugares de trabajo cumplen con las condiciones básicas de sanidad e higiene requeridas por las leyes y reglamentos vigentes, como disponibilidad de baños y duchas para los trabajadores, agua potable o apta para beber, comedores, guarderías infantiles, etc. Lo más común es que los trabajadores, hombres y mujeres, deban hacer sus necesidades en cualquier lugar del campo; no usen ropas especiales mientras desarrollan sus faenas, como tampoco guantes ni mascarillas adecuadas; coman en el suelo, etc.

Es frecuente, además, que se practiquen diversas formas de trabajo infantil encubierto en los trabajos agrícolas de temporada, ya que muchas madres y/o padres van con sus hijos de hasta 7 años a los predios y packings para que les ayuden en las labores que ellos realizan. Otros menores de entre 8 y 16 años de edad se incorporan al trabajo por su cuenta para contribuir al presupuesto familiar o con el propósito de reunir algún dinero para comprar sus útiles escolares. Son sometidos a las mismas condiciones laborales que los adultos.

En el caso de las mujeres, se han denunciado situaciones de trato humillante que recuerdan los tiempos de la esclavitud, como mantenerlas encadenadas en el lugar de trabajo para evitar que interrumpan su quehacer con idas a los baños. También se las discrimina en razón de su género con acoso sexual y hostigamientos de parte de sus jefes.

Nuestras organizaciones, invocando el enfoque preventivo, han solicitado en reiteradas oportunidades que se dicten y apliquen medidas para proteger a los trabajadores contra los riesgos de exposición a plaguicidas y/o agentes cancerígenos y teratogénicos, asegurando el establecimiento de un sistema apropiado de registros, que considere las condiciones culturales, sociales y económicas en que se desarrolla el trabajo agrícola en Chile. Por tanto, ha solicitado eliminar del registro nacional de plaguicidas autorizado por el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) 20 principios activos que corresponden a las categorías 1a y 1b –extremada y altamente peligrosas- de la clasificación efectuada por la Organización Mundial de la Salud (OMS), como también otros agrotóxicos de comprobados efectos dañinos crónicos (cancerígenos, teratogénicos, alteradores endocrinos) que circulan libremente en Chile.

Señor Juan Somavía, en un anexo que adjuntamos a esta carta reseñamos, para su conocimiento y el de la organización que dirige, algunos casos graves ocurridos en los últimos seis meses que ilustran situaciones como las que hemos descrito y de las cuales se informó en los medios de comunicación nacional. Asimismo, agregamos un anexo donde se mencionan las principales leyes y reglamentos –nacionales e internacionales- destinados a proteger los derechos de las personas y de los asalariados(a), que se violan en forma sistemática en Chile en el sector de trabajo agrícola al cual nos referimos.

Nos dirigimos a usted, como director general de la OIT y distinguido compatriota, solicitando la intervención de la organización internacional que lidera para que fomente y releve ante el Estado de Chile normativas y prácticas en el trabajo agrícola basadas en la justicia social y los derechos humanos y laborales internacionalmente reconocidos y que se detallan en las demandas que formulamos a continuación, en relación con los temporeros y temporeras de nuestro país:

1. Cumplimiento de todos los derechos humanos y laborales consagrados en la legislación nacional y en los convenios internacionales que Chile, como miembro de la Organización Internacional del Trabajo, ha firmado y ratificado, para lo cual las instituciones estatales correspondientes deben ejercer un control y fiscalización efectivos. (Entre otros, el Convenio de “Eliminación del trabajo infantil y protección de los niños y de los adolescentes” (C 138); Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil, 1999 (C182), Convenio sobre la indemnización por accidentes del trabajo agrícola, 1921 (C12).

2. Ratificación y cumplimiento de todos los Convenios de la OIT sobre trabajo agrícola que por su naturaleza o por las condiciones en que se lleva a cabo el trabajo (exposición a plaguicidas clasificados como extremadamente peligrosos y con efectos crónicos), es probable que dañe la salud y el ambiente. (Entre otros, C169 sobre pueblos indígenas y tribales, 1989; C139 sobre cáncer profesional y el Convenio 184 sobre la seguridad y la salud en la agricultura, 2001).

3. Pleno acceso a la salud y previsión social para los(as) trabajadores(as) temporeros(as) agrícolas.

4. Terminar con el sistema oficioso de contratistas o “enganchadores” que se quedan hasta con el 50% del salario del trabajador y se presta para los mayores atropellos y abusos.

5. Respeto, de parte de los productores, del “derecho a saber” de las y los trabajadores agrícolas -consagrado en el D.S. Nº 40-, dándoles a conocer mediante cursos de capacitación e información visible (letreros, afiches, etc.) los nombres de los plaguicidas usados en las faenas agrícolas, sus características, los riesgos para quienes se exponen a su efectos y los antídotos en caso de intoxicación.

6. Respeto del período de reentrada (tiempo que debe transcurrir entre la aplicación del plaguicida y la entrada de los(as) trabajadores(as) al lugar asperjado).

7. Fiscalización, de parte de las autoridades del Trabajo y de Salud, de la labor realizada por la Asociación Chilena de Seguridad (ACHS) y otras instituciones privadas y públicas en gestión de seguridad en el sector agrícola. En especial, es preciso que evalúen la calidad de las capacitaciones que entregan para garantizar que éstas realmente cumplan con objetivos preventivos y no estén, como hasta ahora, orientadas únicamente a fomentar un mayor uso de plaguicidas bajo la falacia de un pretendido “manejo adecuado (o seguro) de plaguicidas”, que en la práctica no existe.

8. Elaboración de políticas adecuadas para regular el trabajo y proteger la salud de los trabajadores temporeros con participación efectiva de las más altas autoridades del país y los sectores directamente involucrados.

9. Compromiso real del Estado de fomentar una agricultura socialmente justa, ambientalmente sostenible y económicamente viable, como son la agricultura orgánica y el manejo agroecológico.

Junto con agradecer su buena disposición y la acogida de esta carta, le saludan cordialmente,

FIRMAN:

María Elena Rozas
Coordinadora Regional de RAP-AL

Alicia Muñoz
Secretaria General
Asociación de Mujeres Rurales e Indígenas ( ANAMURI)

Lucio Cuenca
Director Nacional
Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA)

Juana Carvajal
Federación Campesina Bernardo O’Higgins, IV Región

Ana María Goede y Alejandro Pujá
Organización de Defensa de los Consumidores (ODECU-VI Región)

Verónica Pinto
. Sindicato Martralipu (Pomaire)
. Agrupación “Rodrigo Ayuda” (Melipilla).



(*) Alianza por una Mejor Calidad de Vida (RAP-Chile) integrada por:
Asociación Nacional de Mujeres Rurales e indígenas (ANAMURI)
Corporación de Investigación en Agricultura Alternativa (CIAL)
Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA)


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Anexo 1

RESEÑA DE LOS ULTIMOS CASOS DE INTOXICACIÓN POR PLAGUICIDAS EN EL DESARROLLO DE FAENA AGRÍCOLAS
OCURRIDOS EN CHILE

§ 27 de agosto de 2004, Requínoa (VI Región). La presidenta de la Federación Campesina Bernardo O’Higgins, Juana Carvajal, denunció que a un grupo de temporeras que realizaban labores de packing en ciruelas en la empresa agroexportadora Santana Export Ltda., de Requínoa, representada por Leo Romeo Muñoz, se les obligó a laborar encadenadas al mesón en que debían seleccionar la fruta para que no fueran al baño y, de ese modo, distrajeran tiempo destinado al trabajo. La jornada laboral fluctuaba entre 12 a 14 horas diarias, con media hora destinada a colación. Además, las mujeres eran víctimas de acoso sexual de parte de su jefe directo.

Las trabajadoras se atrevieron a contar lo ocurrido después de haber sido despedidas “por término de faena” sin cancelarles su sueldos, entre otras ilegalidades. Se trata de 70 personas (50 de Graneros y 20 de Requínoa) contactadas por la contratista Damari Rojas Silva, de Graneros, para trabajar en la empresa citada del 13 de abril al 4 de mayo de 2004 por un sueldo de $114.648, según consta en el contrato. Sin embargo, fueron despedidos antes de cumplir ese plazo y sólo les cancelaron $40.000 por concepto de adelanto. La empresa no pagó las imposiciones previsionales ni 53 horas de trabajo extraordinario.

Los trabajadores denunciaron esta situación en la Inspección del Trabajo y se entrevistaron con el mismo objetivo con el Secretario Regional Ministerial (seremi) del Trabajo de la VI Región, Rodrigo Vergara. Luego de varios meses de espera por una solución que aún no ha llegado, la dirigente Juana Carvajal y algunos de los afectados denunciaron públicamente el caso (la denuncia del encadenamiento fue publicad en EL diario “El Rancagüino”, 27 de agosto 2004, Rancagua).

§ 7 de octubre de 2004, Perquenco (IX Región). Murió la trabajadora agrícola Macarena Elizabeth Mendoza Valenzuela, de 20 años, y otra temporera de 17 años requirió atención de salud por síntomas de intoxicación. Ambas estaban preparando el plaguicida Furadan G 10 (carbofurano) para realizar una aplicación en el cultivo de arándanos en el fundo San Luis de la comuna de Lautaro -propiedad de la empresa Agrícola René Fernández e Hijos S.A.-, donde trabajaban. Macarena Mendoza falleció en el Hospital de Lautaro algunas horas después. El Servicio de Salud correspondiente (Araucanía Sur) inició un sumario sanitario (Nº 16.744) contra la empresa agrícola, que se encuentra adherida a la Asociación Chilena de Seguridad (ACHS). El plaguicida Furadan G 10 figura en la categoría 2 (como “moderadamente peligroso”) en la clasificación toxicológica nacional del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), mientras en la clasificación de la OMS se ubica en la categoría “altamente peligroso”.

Macarena no tenía contrato laboral y hasta hoy no se ha logrado que la empresa asuma su responsabilidad.

§ 2 de octubre 2004, Pelarco (VII Región). 23 temporeras de la localidad rural de San Clemente, próxima a la ciudad de Talca, sufrieron distintos niveles de quemaduras en su cuerpo en el predio “El Descanso”, de Pelarco, cuando cosechaban habas en un cultivo de propiedad del agricultor Mario Navarrete. Las trabajadoras fueron conducidas al lugar en la madrugada de ese día por el contratista Alejandro Esparza, quien las trasladó en un camión cerrado que se utiliza para transportar ganado (cobrándoles $500, que se descontarían de su salario).

Las trabajadoras encontraron que la plantación estaba muy humedecida y detectaron un fuerte olor. Cerca del mediodía, cuando el sol secó sus ropas –que se mojaron en contacto con las plantas-, algunas de ellas vieron residuos de un polvillo blanco. Muchas trabajadoras experimentaron mareos, náuseas, picazón en la piel y vieron aparecer manchas rojas en las partes de sus cuerpos que habían estado más expuestas a la humedad. Nueve temporeras acudieron esa tarde al Consultorio de Salud Juan Carlos Baeza, de San Clemente, donde sin darles un diagnóstico claro les prescribieron algunos medicamentos.

Solamente el 27 de octubre las dos mujeres más afectadas –Edita Araya Fajardo, de 58 años, y Olivia Muñoz Palma, de 34- fueron derivadas al Hospital Regional de Talca donde permanecieron 12 días internadas con quemaduras graves en brazos, piernas, abdomen y torso. El diagnóstico fue “eritema multiforme con ampollas, alergia intensa y dermatitis ampulosa severa” que comprometió el 50% del cuerpo de Olivia y 20% del cuerpo de Edita. El director del hospital, doctor Rafael Silva, dijo que las graves lesiones de las víctimas fueron por efecto de “un contacto con pesticidas, al entrar en contacto con la luz solar”. El hecho fue dado a conocer a la televisión por la Agrupación de Mujeres Temporeras de San Clemente y las imágenes de las lesiones de ambas mujeres provocaron conmoción pública.

El Servicio de Salud del Maule inició una investigación. El dueño del cultivo no reconoce haber fumigado en los días anteriores a la cosecha. El Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) recién tomó muestras del cultivo el 2 de noviembre (10 días después de la emergencia) y, obviamente, los análisis no revelaron rastros de plaguicidas, ya que deben hacerse dentro de las 48 horas posteriores de haber sido liberados al ambiente.

La Dirección del Trabajo aplicó una multa de $1.262.170 al propietario de la plantación de habas por falta de condiciones sanitarias en el lugar de trabajo (carencia de baño cercano; inexistencia de agua para beber; las trabajadoras debían comer en el suelo por falta de mesa y sillas).

Las trabajadoras no tenían contrato y la responsabilidad por las infracciones a la ley se diluyen por la existencia y poco clara relación entre un contratista, un propietario del cultivo y otro propietario del predio donde se sembraron las habas. Eso ha impedido que las afectadas reciban compensación o ayuda de las instituciones correspondientes (licencia médica, compra de medicamentos, etc.). Más aún, es posible que Edita Araya y Odilia Muñoz queden permanentemente inhabilitadas para volver a trabajar en el campo (debido a las lesiones sufridas en la piel), y es la única actividad remunerada accesible para ellas en el lugar donde viven. Ellas y otras 6 temporeras afectadas presentaron una querella criminal el 7 de diciembre de 2004 por el delito de lesiones ante el Tribunal de Garantía correspondiente.

§ 1 diciembre de 2004, Malloa (VI Región).- Un grupo de trabajadoras de un packing de la Fruticultura San Alberto de Malloa se intoxicó al aspirar hipoclorito de sodio cuando limpiaban cerezas. Acudieron a las policlínicas de Malloa, Pelequén y San Vicente con diversos síntomas de intoxicación (náuseas, irritación cutánea, tos y ardor en los ojos). La subdirección del ambiente abrió sumario sanitario.

§ 4 diciembre de 2004, Chépica (VI Región).- Las temporeras Eugenia Arraigada (33 años), Gloria Pérez (29), Sandra Ponce (28) y Cecilia Aránguiz (24) se intoxicaron en la comuna de Chépica, cercana a la ciudad de Santa Cruz, cuando trabajaban raleando parronales en el interior del fundo San Antonio, propiedad de Pablo Zúñiga Scala, en el sector Rinconada de Navarro.

El predio había sido fumigado con Mocap (ingrediente activo ethoprofos), plaguicida fosforado que aún permanecía en el ambiente cuando las temporeras entraron a trabajar. La inhalación de este agrotóxico les produjo mareos, náuseas y vómitos, entre otros síntomas. Fueron internadas en el Hospital de San Fernando, donde quedaron bajo observación. El caso sigue siendo investigado por el Ministerio Público de Santa Cruz, la Inspección del Trabajo y el Servicio de Salud.

§ 15 de diciembre de 2004, Peumo (VI Región).- Ocho trabajadores temporeros (cinco hombres y tres mujeres) del fundo La Rosa Sofruco, comuna de Peumo, presentaron síntomas de intoxicación leve en el lugar de trabajo. Según informó la prensa, el predio había sido fumigado el lunes 13 de diciembre con el plaguicida organofosforado Diazol 50 W ( ingrediente activo diazinon) y el día 14 se aplicó otro agroquímico no identificado. Los afectados fueron tratados en el Hospital El Salvador, de Peumo, y en la Mutual de Seguridad. La Subdirección del Ambiente regional y la Dirección del Trabajo investigan el caso. Algunos trabajadores no tenían contrato laboral.

§ 18 de diciembre de 2004, Placilla (VI Región).- Alrededor de 20 temporeros se intoxicaron con plaguicidas en el fundo Campanario, ubicado en el interior de la comuna de Placilla. El hecho se produjo por inhalación mientras trabajaban en los parronales del predio. Los trabajadores comenzaron a sentir náuseas, vómitos y fuertes dolores abdominales cerca del mediodía, por lo que fueron trasladados a la posta local, desde donde fueron derivados al Hospital San Juan de Dios, de San Fernando, donde se les practicaron exámenes. La Fiscalía del Ministerio Público de San Fernando inició una investigación.

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Anexo 2

ALGUNAS NORMATIVAS QUE NO SE CUMPLEN
EN RELACION CON LOS DERECHOS DEL TRABAJO Y DE LA SALUD


1. Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), suscrito y ratificado por el Estado chileno.

El PIDESC, junto con reconocer el derecho al trabajo, establece que “los Estados Partes reconocen el derecho de toda persona al goce de condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias que le garanticen, entre otras condiciones, la seguridad y la higiene en el trabajo”.

En relación con el derecho a la higiene del trabajo y del medio ambiente, el PIDESC señala la obligación para el Estado de adoptar medidas preventivas respecto de:
· accidentes laborales y enfermedades profesionales
· necesidad de velar por el suministro adecuado de agua limpia potable y la creación de condiciones sanitarias básicas
· prevención y reducción de la exposición de la población a sustancias nocivas, como radiaciones y sustancias químicas nocivas u otros factores ambientales perjudiciales que afectan directa o indirectamente la salud de los seres humanos.

En su artículo 12, el PIDESC reconoce “el derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental”, refiriéndose no solamente al derecho a la sola atención de salud, sino también a factores determinantes básicos de la salud, como “la alimentación y la nutrición, el acceso a agua limpia potable y a condiciones sanitarias adecuadas, condiciones de trabajo seguras y sanas, y un medio ambiente sano”. El derecho a la salud, en este sentido, implica también el derecho al acceso a la información, que comprende “solicitar, recibir y difundir información e ideas acerca de las cuestiones relacionadas con la salud”.


2. Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), firmada y ratificada por el Estado chileno.

Esta Convención establece que “los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer en la esfera del empleo, teniendo especial atención con los problemas a que hace frente la mujer rural”.

Especifica que es necesario garantizar:
· Acceso a servicios adecuados de atención médica
· Información
· Acceso a servicios de seguridad social
· Condiciones de vida adecuadas, particularmente en las esferas de la vivienda, servicios sanitarios, abastecimiento de agua y transporte, entre otras.


3. Constitución Política Nacional

En el inciso 2° de su Artículo 5°, la Constitución Política chilena establece como obligación del Estado respetar y promover los derechos de las personas garantizados en la Constitución y en los tratados internacionales ratificados por Chile.

Por otra parte, la Constitución Política también garantiza de manera expresa “El derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de la persona”.

4. Normativa Nacional

* Reglamento sobre Condiciones Sanitarias y Ambientales Básicas en los lugares de trabajo (Decreto Supremo N° 594), del 15 de septiembre de 1999.

Se refiere a los aspectos sanitarios y ambientales generales de todas las actividades laborales, como:

· Provisión de agua potable en el lugar de trabajo para bebida, aseo personal y de los utensilios para comer.
· Servicios higiénicos de uso individual o colectivo, que dispondrán como mínimo de excusado y lavatorio, y duchas de agua fría y caliente en caso que el trabajo implique contacto con sustancias tóxicas o cause suciedad corporal.
· Comedores fijos o móviles, aislados del lugar de trabajo para consumir los alimentos.
· Equipos de Protección Personal libres de costo para el trabajador o trabajadora, adecuados al riesgo a cubrir.
· Limitaciones para el uso de contaminantes químicos específicos.

* Ley sobre Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales (Nº 16.744 de 1 de febrero de 1968)

Dentro de la normativa nacional, la promulgación de esta ley constituyó un importante avance en materia de consagración de derechos de las y los trabajadores, en tanto incorpora los criterios de prevención, rehabilitación y compensación por daños sufridos.

Esta ley es aplicable a todos los trabajadores y trabajadoras, aunque no hayan firmado contrato de trabajo. Sin embargo, para que puedan hacerse acreedores de los beneficios que establece la ley es preciso que, en caso de accidente laboral, el Centro de Salud respectivo complete el Formulario de Declaración Individual de Accidente del Trabajo (DIAT). Generalmente hay muchas dificultades para que esto se cumpla y tampoco se informa a las y los temporeros afectados sobre la existencia de este derecho.


* Reglamento de Notificación Obligatoria de las Intoxicaciones Agudas con Pesticidas (Decreto 88 del Ministerio de Salud)

En los considerandos de este decreto, el Estado de Chile reconoció que “la población, especialmente la que vive en áreas rurales y la que efectúa labores agrícolas, está expuesta a los plaguicidas, produciéndose intoxicaciones graves con resultados de muerte e intoxicación”. Reconoció también que han ocurrido eventos de alarma pública por la aparición de brotes de intoxicación asociados a plaguicidas

En consecuencia, señala que “los establecimientos asistenciales y los médicos tratantes deberán proceder a la notificación inmediata a la autoridad sanitaria correspondiente frente a la sola sospecha de uno o más casos de intoxicación aguda por plaguicida” (Art. 3º).


* Reglamento sobre Prevención de Riesgos Profesionales (Decreto Supremo N° 40, del Ministerio del Trabajo, del 11 de febrero de 1969).

Este reglamento establece lo que se ha denominado el derecho a saber, esto es, la obligación que tiene todo empleador de informar, y el derecho que tiene toda trabajadora y trabajador de conocer los riesgos a que se expone en su lugar de trabajo y cómo prevenirlos. Por ejemplo, los peligros para la salud de los productos o sustancias que se usan en el control de plagas.

Esta norma es el equivalente a nivel nacional de lo señalado respecto del acceso a la información como parte del derecho a la salud.


*Código del Trabajo

A este cuerpo legal se le incorporó recientemente un párrafo referido en particular a las y los trabajadores agrícolas de temporada (Arts. 93 a 95 bis). Algunos de los aspectos de importancia para los casos que nos preocupan, son los siguientes:

La contratación

Establece expresamente la obligación de escrituración del contrato de trabajo.

Se sabe que la modalidad contractual que se utiliza en la agroexportación es la de “contratos de trabajo por obra o faena”. En la práctica, también se ha masificado la existencia de intermediarios informales (“enganchadores”) que, por su cuenta y riesgo, trasladan trabajadores(as) a predios para la cosecha. Al no estar regulados, no tienen obligaciones como empleadores, no hay control sobre la comisión que cobran y fácilmente desaparecen sin pagar sueldos a las trabajadoras. Hace muy poco se estableció legalmente la obligación de mantener registros de intermediarios en las Inspecciones del Trabajo (Ley 19.7595, octubre 2001), pero se cumple muy marginalmente y no se ejerce una fiscalización adecuada.

Transporte

La normativa nacional consagra la obligación del empleador de proporcionar, a su costo, medios de movilización apropiados para trasladar a las temporeras desde el lugar en que ellas alojan y la ubicación de faenas. En el caso de las temporeras de San Clemente –como en muchos otros- esto no se cumplió, ya que el traslado se hizo en un camión ganadero y, más aún, el contratista les cobró $500 a cada trabajadora por ese “servicio” infrahumano.


En cuanto al control y fiscalización del cumplimiento de las leyes y normas laborales, es preciso recordar que el Estado de Chile no ha ratificado el Convenio sobre la inspección del trabajo, 1947 (C 81 de la OIT). En el marco de la revisión del Tercer Informe Periódico de Chile sobre la aplicación del PIDESC, el CDESC consultó al Estado si se proponía ratificar este Convenio. La respuesta fue la siguiente:

“El Gobierno no tiene contemplado, durante el presente período legislativo, la ratificación del Convenio 81 de la OIT sobre inspección del trabajo, de 1947. Sin perjuicio de lo anterior, podemos señalar que los Servicios de Inspección del Trabajo de Chile cumplen con todos los estándares internacionales de eficiencia y transparencia. La Dirección del Trabajo en Chile tiene por finalidad la supervisión de la aplicación de la ley laboral y previsional, por medio de la fiscalización de los actores y sujetos de la relación laboral en todos los ámbitos de nuestra actividad económica. La Dirección del Trabajo tiene presencia en todo el territorio nacional de Chile y cuenta con los recursos humanos y materiales para desarrollar su labor de manera profesional y con altos índices de eficiencia”.

Como es posible apreciar, el Estado de Chile incumple con la obligación de fiscalizar adecuadamente el cumplimiento de las normas que tienen por objeto garantizar los derechos a la salud y el trabajo. Evidentemente, y a pesar del discurso estatal recién señalado, es evidente que la Dirección del Trabajo no cuenta con los recursos humanos y materiales suficiente para cumplir su labor de fiscalización “con altos índices de eficiencia”, al menos en lo que se refiere al universo de los trabajadores agrícolas de temporada.

Conclusiones

De lo anterior puede inferirse que el Estado de Chile no ha cumplido con la obligación de garantizar el derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud a las víctimas ni, en general, a las trabajadoras temporeras del país, ya que no ha adoptado medidas suficientes ni eficientes para impedir que terceros (empleadores) violen el goce de este derecho. Tampoco ha velado suficientemente para que los servicios de salud y el personal sanitario reconozcan y respondan adecuadamente a las necesidades de un grupo tan vulnerable como lo son las trabajadoras temporeras asalariadas.

En definitiva, el Estado de Chile no ha hecho cumplir las leyes pertinentes, tanto en materia sanitaria como laboral, con lo cual incumple con su obligación internacional de garantizar el pleno goce y ejercicio de los derechos humanos a toda la población.



Fuente:
· Sandra Castañeda Martínez
Red de Salud de las Mujeres Latinoamericanas y del Caribe
· ANAMURI
· RAP-AL




Fuente:
Red de Acción en Plaguicidas y sus Alternativas de América Latina y el Caribe (RAP-AL)

Oficina Centro Regional para América Latina y el Caribe de PAN Internacional
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