El uso de plaguicidas en Bolivia se ha quintuplicado en los últimos 10 años y está actualmente muy alto con 50.000 toneladas de ingredientes activos/ año, según se desprende de la Tesis de Maestría en Ciencias Ambientales, de Ulrike Bickel, M.Sc. Agronomía tropical, de la Universität Rostock. La investigación realizada en Bolivia en 2018 en tres diferentes zonas climáticas, se analizó el empleo de plaguicidas por parte de productores y productoras familiares, y las dimensiones, los factores de influencia y los impactos socioeconómicos y ambientales del uso de plaguicidas en Bolivia. Según se desprende de la investigación, más del 70 % (al menos 164) o sea, casi tres cuartos de los 229 ingredientes activos de plaguicidas vendidos en Bolivia son altamente peligrosos por su toxicidad aguda y/o crónica para la salud humana y para el medio ambiente. A pesar de que casi la mitad (105) de estas sustancias están prohibidas en otros países, la autoridad competente Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria (SENASAG) autoriza estos plaguicidas altamente peligrosos (PAP). Sólo entre inicio de abril y hoy 31 de agosto de 2018, los registros aumentaron de 2.190 a 2.419 (marcas comerciales).
Gran parte de las y los agricultores han presentado síntomas de intoxicaciones agudas durante o después de la aplicación de los agroquímicos. Es alarmante el nivel escaso de conocimiento entre agricultores sobre serios impactos crónicos en la salud humana (como el cáncer, Alzheimer, Parkinson, trastornos hormonales, alteración del sistema nervioso, abortos, malformaciones, problemas de desarrollo y esterilidad) y en el medio ambiente. Hasta en proyectos socio-productivos en escuelas por ejemplo en Tarija y Chuquisaca, se encuentran a maestros y niños – los que están particularmente vulnerables – aplicando plaguicidas.En teoría, Bolivia cuenta con una de las normas más progresivas y completas que visa a promover los derechos humanos a la salud, a alimentación y agua saludables, y a un medio ambiente sano. Sin embargo, la situación empírica y científicamente documentada revela que en la realidad la población boliviana y sus derechos humanos quedan desprotegidos y en serio peligro por la exposición a agroquímicos y la ingestión de alimentos contaminados.
Como conclusión, se señala que “aplicando el principio de precaución, es necesario prohibir sin demora el registro y la venta de plaguicidas altamente peligrosos (PAP)”. Se sugiere una reorientación decidida del sistema de formación agropecuaria básica y académica y del asesoramiento agrícola público del actual corriente convencional hacía la agroecología.
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