América Latina y el Caribe, 3 de diciembre de 2020/ El pasado 3 de diciembre, en el marco del Día Mundial del No Uso de Plaguicidas, que conmemora el desastre de Bhopal (India), miembros de la Red de Acción en Plaguicidas y sus Alternativas de América Latina, analizaron en un foro internacional virtual, los impactos de los plaguicidas en América Latina. Javier Souza, agrónomo, coordinador regional de RAP-AL, y académico de la Universidad de Buenos Aires, Argentina, llamó a los gobiernos de la región a llevar adelante políticas públicas que impidan daños a la salud y el ambiente como los derivados de la explosión de una fábrica de plaguicidas en Bhopal un 3 de diciembre de 1984, hecho que no considera un “accidente” sino el resultado de la inexistencia de fiscalización y normas adecuadas, comparables con las regulaciones laxas que existen en el presente en la región. Souza manifestó su rechazo a la Ley de Plaguicidas impulsada por el gobierno argentino, calificándola como obsoleta en sus planteamientos y destacando que se contradice con la reciente firma del Tratado de Escazú, ignorando además la sólida propuesta que organizaciones ciudadanas junto a expertos, construyeron sobre el tema en años anteriores. Se refirió también a la “Iniciativa 200 millones
(200.000.000) de toneladas de cereales, oleaginosas y legumbres” del gobierno argentino que tiene como objetivo fomentar y desarrollar nuevas inversiones a fin de incrementar la producción agropecuaria. Calificó esta iniciativa como perimida y retrógrada porque una vez más se intentará incrementar la producción y productividad de los sistemas agrarios a fin de fomentar el desarrollo de la agroindustria, y generar saldos exportables, haciéndolo del mismo modo y bajo los mismos paradigmas reduccionistas llevados a cabo hasta ahora, sin tener en cuenta aspectos culturales, ambientales y sociales. Previno asimismo sobre los impactos en la salud y las tierras agrícolas del trigo transgénico NH4 aprobado recientemente en su país, y sin embargo se mostró convencido de que la agroecología avanza como respuesta de fondo a la crisis en Argentina y el planeta, una alternativa por la que los miembros de RAPAL han trabajado por décadas junto a las comunidades.
Este trabajo se desarrolla también en Paraguay, como mencionaba Hebe González de Boveda, directora de Alter Vida y moderadora en este foro. El lobby sojero está llevando a cabo una fuerte campaña mediática contra esta organización, que ha sido parte de un exitoso trabajo junto a comunidades indígenas respecto de la titularidad de sus tierras agrícolas.
Fernando Bejarano, de la Red de Acción en Plaguicidas México, RAPAM y coordinador para América Latina de la red global IPEN (México), detalló el lobby global de las compañías productoras de agrotóxicos, que culminó con la alianza anunciada en octubre por FAO con Crop Life International, fortaleciendo así en medio de la pandemia el uso de agrotóxicos que producen graves impactos en la salud. Más de 350 organizaciones de un amplio espectro, y destacados científicos de más de cien países, demandaron en cartas públicas a FAO, desistir de esta alianza. Respecto de México, Bejarano destacó que hace un año que su país por decisión oficial no importa glifosato, pero aún falta el decreto con que el gobierno de Manuel López Obrador formalice su anuncio de prohibir este herbicida altamente peligroso.
Fernando Ramírez, académico del Instituto de América Central de Estudios en Sustancias Tóxicas, IRET, de la Universidad Nacional de Costa Rica se refirió al incremento del uso de plaguicidas altamente peligrosos en Costa Rica y detalló los daños a la salud derivados del uso de clorpirifos y de Paraquat, plaguicidas altamente peligrosos, prohibidos en países del norte global y de uso frecuente en los cultivos de bananas. Demandó de los gobiernos de la región, un apoyo a la agroecología.
María Elena Rozas, periodista experta en plaguicidas, de RAP-Chile, mostró como las compañías del Norte global producen y exportan estos agrotóxicos, y relevó el rol de Syngenta China, con filiales en Estados Unidos, Israel y Suiza además de China, lo que acrecienta su influencia en América Latina. Fue la introducción al documento de su autoría “Estudios epidemiológicos sobre los efectos de los plaguicidas en niñas, niños e infantes en América Latina. Retos para la salud pública”, presentado en la oportunidad, el primero en la región sobre este problema. La revisión de 40 valiosos estudios epidemiológicos sobre plaguicidas en niñas y niños, realizados en Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, Ecuador, México y Paraguay, entrega las fuentes y elementos de evidencia científica sobre la asociación entre la exposición de niños y niñas a plaguicidas, y enfermedades como leucemia linfoblástica aguda, malformaciones congénitas, daño en la salud reproductiva y daño citogenético, abortos espontáneos, problemas respiratorios, entre otras afectaciones graves a la salud de niñas y niños. El incumplimiento de los compromisos que la región tiene con los instrumentos de derechos humanos suscritos por los distintos países, tales como la Convención de los Derechos del Niños, queda a la vista también, así como la falta de regulaciones para impedir tales daños y la necesidad de cambiar el modelo productivo y adoptar un enfoque bioético. María Elena Rozas llamó a los gobiernos a incorporar el Principio Precautorio para asegurar los derechos de los niños y niñas.
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