Santiago, 9 de julio de 2021, RAP-Chile/ Son lapidarias las conclusiones del informe de la auditoría realizada por la Contraloría General de la República al Servicio Agrícola y Ganadero SAG en cuanto a la gestión de plaguicidas. El reporte deja en evidencia las deficiencias que arrastra esta entidad pública, que aprobó plaguicidas altamente peligrosos que en Europa ya salieron del registro. Contraloría reprocha también a SAG autorizar el uso de plaguicidas con base sólo en los documentos de las empresas productoras de los agrotóxicos; no incorporar criterios sobre impactos en la salud ni el efecto crónico de los agrotóxicos; y contar con cero participación de otros organismos competentes como los Ministerios de Salud y Ambiente y nulo acceso a la información que permita la participación ciudadana en el proceso de registro.

María Elena Rozas, coordinadora nacional de la Red de Acción en Plaguicidas RAP-Chile sostiene: “Efectivamente, como señala el informe de Contraloría, el país no contempla en su normativa sobre plaguicidas, parámetros técnicos para evaluar sustancias que son venenos, por tanto, no se hace evaluación de riesgo a la salud humana ni al medio ambiente para autorizar los plaguicidas de uso agrícola. El propio productor de plaguicidas es el que proporciona los resultados de las pruebas de toxicidad a las autoridades reguladoras. Además, el único encargado del registro es la autoridad agrícola, con ausencia total de las autoridades de salud y ambiente, lo que es grave”. Y agrega, “El SAG, precisamente, por la ausencia de capacidades internas para analizar los riesgos a los está expuesta la población y el ambiente, debe aplicar el principio de precaución y retirar del registro aquellos plaguicidas que han sido clasificados internacionalmente como altamente peligrosos”.

Por años RAP- Chile ha recibido respuestas negativas de SAG a la solicitud de reevaluación del herbicida cancerígeno glifosato o de los insecticidas neonicotinoides que matan las abejas, acompañando documentación científica de respaldo.

Un alerta temprano

Entre las fuentes citadas por la Contraloría en su reporte, figuran precisamente la Lista de Plaguicidas Altamente Peligrosos elaborada por Pesticide Action Network PAN (RAP-AL) y el estudio de María Elena Rozas sobre Situación de los Plaguicidas Altamente Peligrosos en Chile (2019). La investigación de la experta fue el primer alerta sobre el hecho de que en Chile se importan y usan plaguicidas que el tercer socio comercial de Chile dejó de lado por ser altamente peligrosos.

Agrega al respecto María Elena Rozas, quien también es miembro del consejo directivo de IPEN: “En Chile están en uso intensivo 46 principios activos plaguicidas con efecto cancerígeno según las clasificaciones internacionales.  Las regulaciones sobre plaguicidas, además de ser laxas, no están en concordancia con las regulaciones europeas y de otros países.  

La auditoría desarrollada por la Unidad de Medio Ambiente del ente contralor que dirige Jorge Bermúdez, tuvo como principios rectores el objetivo N°2 2020 de Desarrollo Sustentable de Naciones Unidas, “Hambre Cero”, que fija criterio de sustentabilidad en la producción de los alimentos, y los criterios de auditoría 3 E (Economía, Eficiencia y Eficacia) en el uso de los recursos públicos. Las conclusiones de Contraloría, desarrolladas en un documento de 78 páginas elaborado por la unidad de Medio Ambiente encabezada por Loreto Valenzuela Torres, fueron enviadas el 6 de julio al SAG con copia a los ministros de Agricultura y Salud, así como a las comisiones de Agricultura y Salud del Senado y la Cámara de diputados. El Senado citó para el martes 13 de julio a la ministra de Agricultura, María Emilia Undurraga y al director del Servicio Agrícola, Horacio Bórquez, a explicar la aprobación en Chile de 99 plaguicidas prohibidos en la Unión Europea, sin considerar los riesgos para humanos, animales y medioambiente en el período comprendido entre el 1° de enero de 2017 y el 31 de diciembre de 2019.

María Elena Rozas es categórica sobre los descargos de Horacio Bórquez, director del ente auditado: “Cuando el SAG en su respuesta a la contraloría dice que el modelo de la Unión Europea – uno de los más estrictos del mundo – no se ajusta a la realidad nacional, está diciendo que estamos condenados a continuar con el modelo agrotóxico dominante, continuar afectando la salud ambiental, incluida la humana, especialmente la salud de niñas y niños y los que están por nacer”.

Soberanía alimentaria y agrotóxicos

El informe de la Contraloría se conoció al tiempo del inicio de las primeras sesiones de la Convención Constitucional.  Muchos de las y los convencionales independientes, pertenecientes a los movimientos sociales, el feminismo plurinacional y/o la Lista del Pueblo incorporan en sus programas la soberanía alimentaria como parte de las bases del país que queremos. La transición post extractivista levantada para romper el modelo de agricultura imperante incluye el remplazo del uso de agrotóxicos por cultivos con métodos agroecológicos, en un contexto de impulso de economías territoriales y respuesta al cambio climático.  

Por otra parte, desde la UE las empresas tampoco consideran la realidad de Chile a la hora de exportar algunos de esos agrotóxicos altamente peligrosos. Comenta María Elena Rozas: “La Unión Europea está reduciendo el registro de plaguicidas altamente peligrosos para procurar la sostenibilidad productiva del sector agrícola y minimizar los riesgos por exposiciones a plaguicidas, sin embargo, las principales corporaciones transnacionales agroquímicas europeas o con sede en Europa, Bayer y Syngenta, continúan exportando a Chile plaguicidas altamente peligrosos que están prohibidos en 27 países de la comunidad europea, más el reino Unido”. 

La renegociación actual del cuestionado tratado de libre comercio con la Unión Europea no incluye prevenciones respecto de estos puntos, poniendo de relieve el doble estándar existente entre los países del norte global y los países del sur proveedores de semillas, frutas y hortalizas, miel, entre otros productos. “La UE permite la exportación de plaguicidas altamente peligrosos a Chile pero prohíbe su uso en sus propios campos. En ese contexto, las regulaciones laxas del SAG favorecen el doble estándar de la Unión Europea (UE)”, concluye la coordinadora nacional de RAP-Chile. 

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