16 de octubre de 2017. La Red de Acción en Plaguicidas RAP-Chile, Observatorio de Conflictos Ambientales OLCA, la Campaña Yo No Quiero Transgénicos en Chile, Cooperativa Verde y Plataforma Chile Mejor sin TLC y ANAMURI en representación de más de 40 organizaciones de diversas regiones entregaron una carta abierta al Ministro de Agricultura Carlos Furche solicitando la realización de una Consulta Indígena libre e informada sobre el Protocolo de Nagoya. Al mismo tiempo solicitaron del Estado y del gobierno la generación de políticas públicas de apoyo a la investigación independiente sobre los recursos genéticos de los territorios, para contribuir a la producción de alimentos sanos y seguros.
En el Día Internacional de la Soberanía Alimentaria se llamó a detener los intentos de apropiación indebida de las semillas tradicionales de las comunidades a través de Acuerdos de Libre Comercio y el Protocolo de Nagoya. Se solicitó, en cambio, realizar protocolos nacionales respecto de la investigación sobre recursos genéticos tradicionales y conocimiento local con el objeto de que los proyectos de investigación den garantías a las comunidades de manera que se garantice su acceso libre a los resultados de las investigaciones sobre semillas nativas y criollas desarrolladas en su territorio por entidades académicas u otras. Los proyectos también deben contemplar mecanismos de cadenas cortas de comercialización. De esta manera las comunidades campesinas e indígenas podrán fortalecerse y contribuir de mejor forma a generar economías locales sustentables, productoras de alimentos sanos y seguros. Ver lista de organizaciones firmantes
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Santiago de Chile, 12 de octubre de 2017/ Sin consulta indígena ni transparencia alguna, un sigiloso despojo legal de derechos de los pueblos originarios está en curso mientras las comunidades multiplican sus luchas en recuperación y defensa de su territorio y el agua, como se vio en la marcha de Resistencia Mapuche el pasado 9 de octubre. La industria farmacéutica, y la industria alimentaria buscan patentar ahora las semillas y medicina ancestral. Hay señales que el gobierno de la Presidenta Bachelet considera firmar y mandar al Congreso a última hora de su mandato, el Protocolo de Nagoya, este tratado complementario al Convenio de Biodiversidad Biológica. Ya hay un lobby en ese sentido, del que participa la Unión Europea, que ya lo ratificó. Este instrumento regula la propiedad intelectual (patentes) de los recursos genéticos y conocimientos tradicionales asociados a ellos, y supuestamente, establece el reparto de beneficios por su uso, a sus dueños originales. Para su aplicación real requiere de leyes inexistentes en Chile, que reconozcan los derechos de los pueblos indígenas sobre estos bienes colectivos, por lo que las negociaciones sobre compensaciones pueden ser por ejemplo, con una de muchas comunidades que comparten un bien común, y quien “reparta” los llamados beneficios (el Estado, a través de INIA) así lo puede decidir.