Santiago de Chile, 12 de octubre de 2017/ Sin consulta indígena ni transparencia alguna, un sigiloso despojo legal de derechos de los pueblos originarios está en curso mientras las comunidades multiplican sus luchas en recuperación y defensa de su territorio y el agua, como se vio en la marcha de Resistencia Mapuche el pasado 9 de octubre. La industria farmacéutica, y la industria alimentaria buscan patentar ahora las semillas y medicina ancestral. Hay señales que el gobierno de la Presidenta Bachelet considera firmar y mandar al Congreso a última hora de su mandato, el Protocolo de Nagoya, este tratado complementario al Convenio de Biodiversidad Biológica. Ya hay un lobby en ese sentido, del que participa la Unión Europea, que ya lo ratificó. Este instrumento regula la propiedad intelectual  (patentes) de los recursos genéticos y conocimientos tradicionales asociados a ellos, y supuestamente, establece el reparto de beneficios por su uso, a sus dueños originales. Para su aplicación real requiere de leyes inexistentes en Chile, que reconozcan los derechos de los pueblos indígenas sobre estos bienes colectivos, por lo que las negociaciones sobre compensaciones pueden ser por ejemplo, con una de muchas comunidades que comparten un bien común, y quien “reparta” los llamados beneficios (el Estado, a través de INIA) así lo puede decidir.

En Chile hasta ahora es ilegal patentar plantas como el maqui y el conocimiento ancestral ligado a ellas, y un intento reciente no prosperó, activando el lobby, en Chile y el exterior, de la voraz máquina de patentar ligada a las corporaciones transnacionales que obtienen ganancias de millones de dólares cada año por este concepto. Es relevante recordar que el TPP, con su capítulo sobre propiedad intelectual relacionado entre otros con la semilla, fue firmado por la Presidenta Bachelet sin realizar la consulta indígena, de manera que muchas comunidades indígenas y campesinas, están alertas que pueda ocurrir algo similar con el nuevo tratado.