Marcos Paz, Argentina, 18 de agosto de 2018. Desde RAP-AL reclamamos la prohibición de los plaguicidas comenzando por los Altamente Peligrosos (PAP). Al Sr. Ministro de Agroindustria Luis Etchevehere; Al Sr. Ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable Sergio Bergman; Al Sr. Ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable Adolfo Rubinstein; A todos

Recientemente varios veredictos de la justicia internacional y afirmaciones en torno a la potencialidad de daño de los plaguicidas nos han impactado, más aún en las comunidades afectadas por dichos tóxicos. Estos reclamos y aseveraciones parecen no haber causado ninguna impresión, ni originando cambios en las apreciaciones de los tomadores de decisión respecto al registro, autorización y categorización de plaguicidas, ni en los productores respecto a su utilización y en ambos en relación con su efecto socioambiental.

En primer lugar, un fallo, establecido por el tribunal de apelaciones de San Francisco (Estados Unidos), ha impuesto a la Agencia de Protección Ambiental (EPA) un plazo de 60 días para retirar del mercado todas las formulaciones a base del principio activo conocido como clorpirifos. Mientras tanto, en nuestro país este insecticida organofosforado es ampliamente utilizado, se importaron 2.262.920 kg en el año 2017, en las producciones de hortalizas, frutas, tabaco, cereales, soja, maíz incluso en los hogares para el control de parásitos en mascotas y como preservante de la madera. Este producto puede causar trastornos en la salud a nivel agudo como vómitos, diarreas, temblores y a nivel crónico como alteraciones en el sistema nervioso expresándose como dificultad en el aprendizaje y cambios en la conducta. También puede comportarse como disruptor endócrino, es decir, una sustancia presente en el ambiente, alimentos y productos de consumo que puede interferir en la síntesis, metabolismo o la acción hormonal, provocando una desviación del control homeostático, crecimiento y reproducción normales.

También recientemente una sentencia de la Justicia de California obliga a la empresa multinacional Monsanto a pagar cerca de 290 millones de dólares a un trabajador (jardinero), llamado Dewayne Jhonson, que contrajo cáncer terminal (linfoma no hodgkin) por estar expuesto al herbicida glifosato al realizar sus tareas laborales cotidianas. La empresa nunca le advirtió sobre los graves riesgos en la salud al exponerse a este producto.