Santiago de Chile, 6 de octubre de 2021/ Comienza la temporada de aplicaciones con plaguicidas en el país y junto con ella el aumento de las intoxicaciones agudas por plaguicidas. En este período, que se concentra en los meses de septiembre a marzo, comunidades rurales del norte, centro y sur del país reportan problemas de salud y ambientales por fumigaciones aéreas y terrestres con plaguicidas en cultivos agrícolas y plantaciones forestales. Los recursos de protección que se han presentado en lo que va corrido del año 2021 dan cuenta de la vulneración de los derechos de las comunidades rurales a vivir en ambientes libre de contaminación y de la existencia de normativas laxas e insuficientes que no protegen ni la salud y ni el ambiente. Los recursos de protección presentados por tres comunidades contra los responsables de pulverizaciones aéreas y terrestres con plaguicidas altamente peligrosos fueron acogidos por las Cortes de Apelaciones correspondientes a los sectores afectados. Al revés de otros sectores productivos la actividad agroexportadora no se ha detenido a lo largo de la pandemia del Covid19.    

En los fundamentos de los amparos las comunidades entregaron pruebas de amenazas y graves daños a la salud y al ambiente, a la propiedad, y a los animales que habitan en lugares aledaños a las aplicaciones. Uno de los recursos de protección lo interpusieron en la Patagonia  habitantes de Chaitén, de los sectores El Amarillo, Michimahuida, El Negro, y Santa Bárbara en la provincia de Palena por las aplicaciones terrestres, con el herbicida altamente peligroso glifosato, en la ruta 7 de la Carretera Austral, con el agravante de que el agrotóxico fue aplicado en la Zona de Influencia del Parque Nacional Pumalin Douglas Tompkins, área protegida por su importancia para la Biodiversidad.  Otro recurso de protección lo presentó Claudio Alcaíno Ponce, dueño de un dueño de un criadero de fauna silvestre y granja educativa ubicada en San Rafael, comuna de Teno, Curicó, en la región del  Maule, contra Agrizano