Junio de 2025, Marcos Paz, Argentina. La idea de esta, y las notas subsiguientes, es de presentar algunas ideas acerca de los cultivos transgénicos, los cuales se siembran en nuestro país desde el año 1996, es decir, estamos transitando hacia los 30 años de cultivo. Analizaremos los prolegómenos de su autorización para la investigación, la siembra, su cultivo y consumo en Argentina. Desde el Centro de Estudios sobre Tecnologías Apropiadas de la Argentina (CETAAR) y la Red de Acción en Plaguicidas y sus Alternativas de América Latina (RAP-AL) comenzamos las tareas de investigación, sensibilización, denuncia sobre estos cultivos en el año 1995, desde estas experiencias, e historia, plantearemos nuestra cosmovisión sobre los cultivos transgénicos.
Desde la década del `50 se alteraron los modelos de la producción agrícola a nivel mundial, los cuales obligaron a un replanteo en la Argentina respecto a la política económica en general y a la política agropecuaria en particular. El paradigma productivo conocido como la Revolución Verde, si bien posibilitó un incremento de la producción agraria con la aplicación de nuevas tecnologías; semillas mejoradas, fertilizantes, la explotación intensiva por medio de nuevas maquinarias y la utilización masiva de agroquímicos, ocasionó un fuerte impacto socioambiental, cultural y político. Más acá en el tiempo, los procesos de globalización, integración comercial, los cambios en las políticas económicas surgidas a principios de la década del `90 tuvieron influencia decisiva en las actividades agrarias. En dicho período se introdujeron profundas reformas en el sistema económico del país, basadas en los ejes de apertura comercial, estabilización de precios, desregulación de actividades productivas y comerciales, integración comercial, privatizaciones, eliminación de diferencias en el tratamiento impositivo y cambiario agropecuario. Ver nota 1 en Semanario Huellas.
Acerca del cambio climático: 30 años de cultivos transgénicos en Argentina. Continuidad en las políticas públicas e incidencia en la alimentación. (Nota 2)
Javier Souza Casadinho /Profesor de la Cátedra de Extensión y Sociología Rurales Facultad de Agronomía UBA/ Coordinador de la Red de Acción en plaguicidas y sus alternativas de América Latina
A mediados del año 1995 asistí a una reunión sobre cultivos transgénicos en la sede de la sociedad rural argentina (SRA) donde una diputada del partido Verde Alemán les anunciaba a los miembros de la misma SRA, de la confederaciones rurales Argentinas (CRA) y de Confederación intercooperativa agroepecuaria (CONINAGRO) que harían todo lo necesario para impedir la comercialización y consumo de semillas, productos elaborados y subproductos que se produjeran a partir de, o contengan, trazas de OGM. La discusión, para los representantes de los productores de la argentina, no giraba en torno a los OGM sino en relación a los subsidios a la producción y comercialización de granos que establecía la Unión Europea a fin de favorecer a los agricultores. Desde entonces comenzamos a vislumbrar la dimensión que tomara la problemática vinculada a estos cultivos, los cambios tecnológicos y su efecto socioambiental.
A partir de la liberación al medio de la soja transgénica, aprobación para que los productores puedan sembrarla, realizado por el entonces Ministro de Agricultura de Carlos Menen, Felipe Solà, desde diversas instituciones públicas, centros de estudio y universidades, empresas de semillas y plaguicidas junto a asociaciones de productores se buscó promover el cultivo de esta oleaginosa y a su vez posibilitar la aprobación, para su cultivo, de otros organismos modificados en su estructura genética. La primera semilla transgénica, la de soja Resistente al herbicida glifosato, se aprobó en 1996[1] y, desde ese momento, el área sembrada con cultivos GM ha crecido en forma sostenida. La tasa de adopción de cultivos GM es una de las más altas en cuanto a adopción de nuevas tecnologías en el sector agropecuario argentino y supera, inclusive, a la observada con la incorporación de los híbridos en el cultivo de maíz iniciada en los años 60. Sin embargo, se han dejado de lado los efectos ambientales y el incremento en los costos a mediano plazo asociados al paquete tecnológico que el cultivo de soja transgénica requiere: herbicidas, insecticidas, fungicidas y fertilizantes. Según Argenbio, la elevada tasa de adopción de los cultivos OMG se relaciona con “el alto grado de satisfacción por parte del agricultor con respecto a los beneficios que provee la biotecnología que ofrece, además de la disminución de los costos, otras ventajas, como mayor flexibilidad en el manejo de los cultivos, disminución en el empleo de insecticidas, mayor rendimiento y mejor calidad de la producción” (Argenbio, 2025)[2].
La expansión en la utilización de semillas modificadas genéticamente se relaciona con varios elementos, entre los cuales se encuentran la creación de una institucionalidad que supervise y apruebe la investigación y liberación de estos cultivos, así como la redacción y aprobación de un marco normativo que regule el funcionamiento general de los OGM. En 1994, la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) autorizó la entrada al mercado norteamericano de la soja Roundup Ready. Desde hace tiempo, la empresa transnacional Monsanto había puesto su atención en los países del Cono Sur, siendo Brasil su objetivo principal, dado que era el segundo productor mundial de soja. Sin embargo, este negocio no estaba garantizado, ya que la Constitución brasileña exigía que los cultivos transgénicos se sometan a pruebas sobre su impacto ambiental antes de ser autorizados. Además en el estado de Rio Grande del Sur gobernaba el Partido de los Trabajadores (PT) que se oponía a la siembra de cultivos transgénicos, posición que cambiaría cuando Lula Da Silva llega a ser presidente del Brasil en el año 2003. Ante esta situación Monsanto optó por Argentina, donde, al igual que en la administración de Estados Unidos, desde el consenso de Washington, se proclamaba la libertad de los mercados, la necesidad de incrementar la producción de los cultivos, la baja de aranceles para la incorporación de tecnologías y la desregulación.
En el año 1994, la empresa Monsanto comenzó a vender licencias a las principales empresas semilleras del país, como Nidera y Don Mario, que se encargaron de introducir el gen Roundup en las variedades de su catálogo. La introducción de los OGM en Argentina se realizó sin ningún debate público, ni siquiera parlamentario. Tras la autorización en 1996 de la soja RR, esta se extendió por todo el país a una velocidad sin precedentes en la historia de la agricultura, alcanzando más de un millón de hectáreas en solo seis meses (Robín, 2008)[3].
El marco institucional de la biotecnología agropecuaria incluye cuatro componentes; La oficina de biotecnología responsable del diseño e implementación de las políticas para el sector incluyendo lo referido al ingreso, liberación al medio, producción y comercialización de variedades OGM en Argentina. El segundo componente es el plan estratégico para el desarrollo de la biotecnología agropecuaria 2005- 2015 cuya finalidad es orientar las políticas para el desarrollo del sector; el tercer componente es la ley de promoción de la biotecnología, Ley 26.270[4], la cual da sustento la base política de los componentes anteriores, y el cuarto componente es el conjunto de los regímenes legales que norman la protección de la propiedad intelectual de los productos de la biotecnología incluyendo los referidos al mercado de las semillas (Trigo, 2010)[5]. Para poder ser utilizados en las actividades agrarias, los cultivos transgénicos deben tener la aprobación de las autoridades regulatorias correspondientes. La autorización para la comercialización de un cultivo transgénico en Argentina está a cargo de las autoridades de la Subsecretaría de Alimentos y economías regionales perteneciente a la secretaría de Agricultura Ganadería y Pesca. Dicha autorización se basa en los informes técnicos elaborados por tres Direcciones y sus Comisiones Asesoras. Se evalúa que los cultivos transgénicos y sus productos sean seguros para el consumo, humano y animal, que sean seguros para el medio, y que no tengan un potencial impacto negativo en las exportaciones. La Dirección de Biotecnología y la Comisión Nacional Asesora de Biotecnología Agropecuaria (CONABIA) evalúan los posibles riesgos que puede causar la introducción del cultivo transgénico en los agroecosistemas. Ver artículo completo en .pdf:
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Open in new tab [1] Con un trámite “exprés” y con parte de la información aportada en idioma ingles según expuso el periodista Darío Aranda en un artículo publicado el año 2009.
[2] https://argenbio.org/cultivos-transgenicos
[3] Robin, M. 2008. El mundo según Monsanto. editorial Península, Madrid, España
[4] https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/ley-26270-130522
[5] Trigo, E. 2010.La innovación tecnológica en el sector agrícola. En El Crecimiento de la Agricultura Argentina. Reca, L., Lema, D., Flood , C. editores Editorial FAUBA. Bs. As. Argentina
Nota 1 en: Acerca del cambio climático: 30 años de cultivos transgénicos en Argentina. Continuidad en las políticas públicas e incidencia en la alimentación. (Nota 1)
En: https://diariohuellas.com.ar/2025/06/10/30-anos-de-cultivos-transgenicos-en-argentina-cambios-en-los-modos-de-produccion-en-las-tecnologias-y-su-efecto-socioambiental-nota-1/
Nota 2: Acerca del cambio climático: 30 años de cultivos transgénicos en Argentina. Continuidad en las políticas públicas e incidencia en la alimentación. (Nota 2)
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Nota 3: Aerca del cambio climático: 30 años de cultivos transgénicos en Argentina. Continuidad en las políticas públicas e incidencia en la alimentación. (Nota 3)