Argentina: RAP-AL rechaza la continua liberación al medio de organismos modificados genéticamente dado el efecto ambiental, económico y cultural, tanto de dichas semillas como del paquete de plaguicidas asociado a su cultivo

Marcos Paz, Argentina, 7 de febrero de 2019, No a los Transgénicos/ Desde la Red de Acción en Plaguicidas y sus Alternativas de América Latina, RAP-AL manifestamos nuestro rechazo a la continua liberación al medio de organismos modificados genéticamente dado el efecto ambiental, económico y cultural, tanto de dichas semillas como del paquete de plaguicidas asociado a su cultivo.

El día 6 de febrero el secretario de Gobierno de Agroindustria de la Nación, Luis Miguel Etchevehere, anunció la autorización de una nueva semilla transgénica para el cultivo de algodón, la misma es tolerante a herbicidas como el isoxaflutole, mesotrione y glifosato.

La autorización se presenta como una alternativa para flexibilizar el manejo de las “malezas”, las plantas silvestres, dado que permite intercambiar los herbicidas con distintos modos de acción y así hacer frente a la generación de resistencias. Una vez más se insiste en el control de hierbas mediante la utilización de prácticas aisladas, como la utilización de herbicidas, cuando se deberían plantear estrategias integrales basadas en las rotaciones, la inclusión de diversidad biológica y el manejo integral del suelo.

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México: La Comisión de Derechos Humanos, CNDH, recomienda a la SEMARNAT, SADER, SENASICA Y COFEPRIS, por el incumplimiento a la obligación general de debida diligencia, para restringir la comercialización y uso de plaguicidas de alta peligrosidad

Dirección General de Comunicación/ Ciudad de México, a 09 de enero de 2019 Comunicado de Prensa DGC/010/19

DIRIGE CNDH RECOMENDACIÓN A LA SEMARNAT, SADER, SENASICA Y COFEPRIS, POR EL INCUMPLIMIENTO A LA OBLIGACIÓN GENERAL DE DEBIDA DILIGENCIA, PARA RESTRINGIR LA COMERCIALIZACIÓN Y USO DE PLAGUICIDAS DE ALTA PELIGROSIDAD

La omisión de las autoridades federales para adoptar acciones de carácter normativo, administrativo y de políticas públicas para regular adecuadamente el manejo de los plaguicidas altamente peligrosos, en todo su ciclo de vida constituyen violaciones a los derechos humanos a la alimentación, al agua salubre, a un medio ambiente sano y a la salud, por lo que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), dirigió la Recomendación 82/2018 a los titulares de la Secretarías del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER), Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), y del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA).  Entre julio y agosto de 2017, cuarenta y tres personas interpusieron ante la CNDH escritos para inconformarse por falta de acciones de carácter administrativo, normativo y de políticas públicas para la restricción del uso de plaguicidas altamente peligrosos. Concluida la investigación respectiva, este Organismo Nacional comprobó que el marco legal y reglamentario en materia de plaguicidas, permite la comercialización y el uso de sustancias de alta peligrosidad, que pueden ocasionar un grave daño a la salud de la población, afectar en forma relevante a la biodiversidad y perjudicar el medio ambiente. Existe un gran número de registros sanitarios de plaguicidas con vigencia indeterminada otorgados por la COFEPRIS, que incluyen sustancias cuya alta toxicidad ha sido documentada por organismos internacionales, como la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Red de Acción en Plaguicidas; y cuyo uso ha sido prohibido incluso por algunos Tratados Internacionales de los que el Estado mexicano es parte, tales como el Protocolo de Montreal (1987), los Convenios de Rótterdam (1998) y Estocolmo (2001).

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Chile: Reportaje de la TV alemana informa sobre uso de paraquat y glifosato en cultivos de avellana europea en región del Maule

El primer programa de la televisión alemana -ARD- informó sobre la aplicación del Paraquat en Chile. Es un reportaje realizado a raíz de una denuncia de RAP-Chile y de un artículo publicado en enero de 2018 por el periódico alemán TAZ.
En el reportaje los trabajadores dan testimonio sobre uso de paraquat en plantaciones de avellana europea que venden a Ferrero, el fabricante de Nutella. Una habitante del lugar da testimonio de las graves enfermedades que sufren las comunidades aledañas, especialmente cáncer. Las vecinas denuncian los impactos  que tiene el uso de plaguicidas peligrosos para la población vecina, sobre todo para los niños. Ver en: https://www.daserste.de/information/politik-weltgeschehen/weltspiegel/videos/chile-haselnuesse-pestizide-video-100.html / https://www.youtube.com/watch?v=n9vaC5WTKII

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Argentina: RAP-AL dice No al Proyecto de ley sobre derechos y uso de las semillas

Marcos Paz, Argentina, 12 de noviembre de 2018/ Para que podamos continuar produciendo, conservando e intercambiando nuestras semillas. Ante el avance del dictamen en comisiones del congreso nacional con vistas a la presentación, y aprobación, del proyecto de Ley sobre semillas que cercenará el derecho ancestral de agricultores /as de producir, conservar e intercambiar sus propias semillas, desde la Red de Acción en Plaguicidas y sus Alternativas de América Latina manifestamos que;

Se trata de una nueva presión de las empresas semilleras/ agroquímicas que mediante la imposición del pago por la conservación y uso de las semillas suprimen el derecho de los productores/as a atesorar y utilizar sus propias semillas.

Cuando un productor paga, una vez, por las semillas que utilizará, ya es el dueño de estas y por lo cual es quien debe decidir libremente su destino: consumo, intercambio, industrialización o reúso. Adquiere un derecho sobre ellas y no está obligado a pagar toda vez que vuelva a utilizar el producto de sus propias cosechas.

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Argentina: Mientras que en otros países la justicia reclama la prohibición de plaguicidas las autoridades continúan apelando a las Buenas Prácticas Agrícolas

Marcos Paz, Argentina, 18 de agosto de 2018. Desde RAP-AL reclamamos la prohibición de los plaguicidas comenzando por los Altamente Peligrosos (PAP). Al Sr. Ministro de Agroindustria Luis Etchevehere; Al Sr. Ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable Sergio Bergman; Al Sr. Ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable Adolfo Rubinstein; A todos

Recientemente varios veredictos de la justicia internacional y afirmaciones en torno a la potencialidad de daño de los plaguicidas nos han impactado, más aún en las comunidades afectadas por dichos tóxicos. Estos reclamos y aseveraciones parecen no haber causado ninguna impresión, ni originando cambios en las apreciaciones de los tomadores de decisión respecto al registro, autorización y categorización de plaguicidas, ni en los productores respecto a su utilización y en ambos en relación con su efecto socioambiental.

En primer lugar, un fallo, establecido por el tribunal de apelaciones de San Francisco (Estados Unidos), ha impuesto a la Agencia de Protección Ambiental (EPA) un plazo de 60 días para retirar del mercado todas las formulaciones a base del principio activo conocido como clorpirifos. Mientras tanto, en nuestro país este insecticida organofosforado es ampliamente utilizado, se importaron 2.262.920 kg en el año 2017, en las producciones de hortalizas, frutas, tabaco, cereales, soja, maíz incluso en los hogares para el control de parásitos en mascotas y como preservante de la madera. Este producto puede causar trastornos en la salud a nivel agudo como vómitos, diarreas, temblores y a nivel crónico como alteraciones en el sistema nervioso expresándose como dificultad en el aprendizaje y cambios en la conducta. También puede comportarse como disruptor endócrino, es decir, una sustancia presente en el ambiente, alimentos y productos de consumo que puede interferir en la síntesis, metabolismo o la acción hormonal, provocando una desviación del control homeostático, crecimiento y reproducción normales.

También recientemente una sentencia de la Justicia de California obliga a la empresa multinacional Monsanto a pagar cerca de 290 millones de dólares a un trabajador (jardinero), llamado Dewayne Jhonson, que contrajo cáncer terminal (linfoma no hodgkin) por estar expuesto al herbicida glifosato al realizar sus tareas laborales cotidianas. La empresa nunca le advirtió sobre los graves riesgos en la salud al exponerse a este producto.

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