16 de octubre de 2026 /Comunicaciones RAP-AL/ El estudio, coordinado por Javier Souza Casadinho y elaborado junto con Agustina Souza Casadinho y Bárbara Lutfi, analiza los plaguicidas registrados en el país, la legislación argentina y las luchas comunitarias frente a sus impactos. También examina propuestas legislativas y experiencias que sitúan a la agroecología como un paradigma para transformar la producción de alimentos.
De los 430 principios activos registrados en Argentina que examinó el Centro de Estudios sobre Tecnologías Apropiadas de la Argentina (CETAAR), 139 están incluidos en la lista de plaguicidas altamente peligrosos de la Red Internacional de Acción en Plaguicidas (PAN). El resultado, equivalente al 32,3 % del total analizado, evidencia la presencia de sustancias con distintos perfiles de peligrosidad para la salud humana y los ecosistemas entre los plaguicidas autorizados que relevó la investigación.
El informe “Los plaguicidas altamente peligrosos en la Argentina, su efecto socioambiental y estrategias de sustitución por la agroecología” fue elaborado por Agustina Souza Casadinho, Bárbara Lutfi y Javier Souza Casadinho, autor y coordinador de la investigación. Ingeniero agrónomo y coordinador de CETAAR y de RAP-AL para América Latina, Javier ha desarrollado una extensa trayectoria de investigación y trabajo con comunidades afectadas por plaguicidas y con productores y productoras que impulsan la agroecología.
La publicación reúne información sobre el uso y registro de plaguicidas, legislación nacional, provincial y municipal, investigaciones sobre sus impactos y experiencias de organización comunitaria. Combina la revisión de registros, normas y bibliografía con el trabajo territorial, visitas a unidades productivas y entrevistas a productores y productoras.
Desde esa perspectiva, el estudio examina las consecuencias de un modelo agrícola dependiente de insumos agroquímicos y las condiciones necesarias para avanzar hacia sistemas productivos que protejan la salud, recuperen la biodiversidad y fortalezcan la soberanía alimentaria.
Una peligrosidad que incluye efectos crónicos y ambientales
La categoría de plaguicidas altamente peligrosos (PAP) comprende sustancias que presentan niveles particularmente elevados de peligro agudo o crónico para la salud o el ambiente. Para identificarlas, la investigación utiliza la lista de PAN, cuyos criterios amplían los establecidos por FAO y OMS e incorporan, entre otros, la alteración del sistema endocrino, la persistencia, la bioacumulación y la elevada toxicidad para abejas y organismos acuáticos.
Dentro de los 139 PAP identificados, el informe contabiliza 13 con elevada toxicidad aguda y 31 clasificados como mortales si se inhalan. Respecto de los peligros crónicos, registra 26 en la categoría de toxicidad para la reproducción y cuatro en la de mutagenicidad. En el plano ambiental, identifica 42 muy tóxicos para las abejas y 14 muy tóxicos para organismos acuáticos.
Estas categorías pueden superponerse, es decir, una misma sustancia puede reunir varias características de peligrosidad, por lo que las cifras no deben sumarse como si correspondieran a grupos independientes.
El estudio destaca la utilización de plaguicidas de la categoría de altamente peligrosos, como los herbicidas glifosato, 2,4-D, acetoclor y glufosinato de amonio, e insecticidas, como imidacloprid, cipermetrina y lambda-cihalotrina. Advierte que sus propiedades deben examinarse junto con las condiciones reales de exposición, los modos de aplicación y la cercanía de viviendas, escuelas y lugares de trabajo.
La investigación también aborda las limitaciones de las clasificaciones centradas en la toxicidad aguda para comunicar el conjunto de los peligros. Las consecuencias de una exposición prolongada y los efectos sobre organismos y ecosistemas requieren una evaluación que trascienda las intoxicaciones inmediatas.
Sustancias autorizadas en Argentina y restringidas en otros países
En una comparación basada en el registro del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) de marzo de 2026 y la lista consolidada de PAN de 2024, el informe identifica 167 ingredientes activos autorizados en Argentina que figuran como prohibidos o no autorizados en otros países.
De ese conjunto, 35 cumplen los criterios de PAP establecidos por el grupo de expertos de FAO y OMS, mientras que 98 cumplen los criterios ampliados de PAN Internacional.
La distinción entre prohibición y ausencia de autorización es relevante para interpretar el resultado. Que una sustancia no esté autorizada en determinada jurisdicción no implica necesariamente una prohibición expresa. El relevamiento permite identificar diferencias regulatorias que deben examinarse considerando las decisiones y los antecedentes de cada país.
Para CETAAR, este panorama refuerza la necesidad de revisar las autorizaciones y de incorporar el conocimiento disponible sobre los efectos de las sustancias, así como las condiciones en las que se comercializan y se utilizan en Argentina.
El uso de plaguicidas y los límites de la información pública
El estudio relaciona el incremento del uso de plaguicidas con la expansión de los monocultivos, la pérdida de diversidad biológica, el deterioro de los suelos y la aparición de resistencias. Describe un proceso en el que la reiteración de tratamientos favorece la selección de organismos resistentes y promueve nuevas aplicaciones o la incorporación de otras sustancias.
También advierte dificultades para dimensionar las cantidades comercializadas. Según el documento, la Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes dejó de publicar los datos que difundía hasta 2012, mientras las fuentes posteriores presentan estimaciones diferentes. Esta limitación plantea la necesidad de contar con información pública, periódica y verificable sobre las cantidades comercializadas y utilizadas, sus destinos y las condiciones de exposición.
Los riesgos examinados tampoco se restringen a la aplicación en los cultivos. La publicación aborda el transporte, almacenamiento, comercialización y disposición de envases, además de la presencia de PAP en productos de uso doméstico y sanitario.
Durante la investigación se observaron ventas de plaguicidas fraccionados en Marcos Paz y Mercedes, provincia de Buenos Aires. Esta práctica priva a quienes los adquieren de la información contenida en las etiquetas originales, incluidas las indicaciones de uso, advertencias y medidas de actuación ante una intoxicación.
Normas nacionales y regulaciones territoriales
El informe señala que Argentina carece de una ley nacional integral específica que regule el conjunto del ciclo de los plaguicidas. La regulación existente comprende normas nacionales, leyes provinciales y ordenanzas municipales, además de garantías constitucionales y legislación ambiental general. El documento releva 22 leyes provinciales y examina las diferencias territoriales en los controles y restricciones a las aplicaciones.
Entre los cambios recientes analiza la Resolución 458/2025 del SENASA, modificada por la Resolución 843/2025. El texto actualizado fija la entrada en vigencia de la primera para el 5 de enero de 2026 y regula procedimientos de autorización, registro, importación y comunicación de peligros.
El régimen establece la validez indefinida de los registros, con posibilidad de cancelación, y prevé denegar o cancelar un registro cuando se determine técnica y científicamente un riesgo para la salud humana o surja nueva información científica o epidemiológica que lo demuestre. Además, contempla autorizaciones de personas y establecimientos mediante declaraciones juradas, sujetas a fiscalización posterior, y procedimientos diferenciados para productos provenientes de países con convergencia normativa.
La revisión de CETAAR plantea la necesidad de evaluar estas disposiciones desde la prevención del daño y de fortalecer la capacidad estatal de control. La autorización administrativa de una sustancia debe examinarse junto con sus peligros, las condiciones reales de uso y el cumplimiento efectivo de las restricciones.
Las comunidades organizadas en defensa de la salud
La investigación documenta acciones de comunidades que buscan prohibir o restringir las aplicaciones: denuncias, campañas de información, movilizaciones, intervenciones legislativas, recursos de amparo y procesos judiciales. Reúne experiencias de Pergamino, Exaltación de la Cruz y General Rodríguez, entre otros territorios, y analiza siete procesos judiciales.
En Pergamino reconstruye la organización de personas afectadas y las medidas judiciales de 2019 que fijaron límites de exclusión de 1.095 metros para aplicaciones terrestres y 3.000 metros para las aéreas. También recoge denuncias de incumplimiento de restricciones en otros municipios.
Estos antecedentes muestran, en el análisis del informe, que la protección de la salud requiere normas y mecanismos de fiscalización capaces de hacerlas cumplir. Las comunidades han debido sostener acciones de denuncia e incidencia para exigir respuestas frente a exposiciones que afectan sus condiciones de vida.
La participación comunitaria aparece también como una fuente de conocimiento sobre las exposiciones y sus consecuencias. El estudio propone fortalecer los monitoreos epidemiológicos comunitarios y la articulación con universidades, organizaciones de salud y centros de investigación, para que las experiencias territoriales incidan en las decisiones públicas.
Propuestas legislativas para regular plaguicidas y promover la agroecología
El documento examina iniciativas nacionales y provinciales para regular plaguicidas y promover otras formas de producción. Entre ellas figura el proyecto 5621-D-2025, sobre presupuestos mínimos de protección ambiental para la aplicación de productos fitosanitarios, presentado en la Cámara de Diputados de la Nación el 3 de octubre de 2025.
En materia agroecológica, recupera los proyectos nacionales 2553-D-2021 y 2584-D-2021 como antecedentes legislativos. Sus propuestas incluyen fondos de promoción, financiamiento, formación, apoyo a la comercialización y mecanismos de garantía de la producción. También analiza iniciativas provinciales de Río Negro y Córdoba.
Estos textos se examinan como parte del debate sobre las políticas agrarias. Su inclusión en el informe no implica que hayan sido sancionados ni que conserven estado parlamentario.
Para CETAAR, la eliminación de PAP debe acompañarse de políticas que permitan a las familias productoras sostener la transición: acceso estable a la tierra, crédito, asistencia técnica, semillas, investigación y mercados de cercanía. El estudio vincula las medidas de restricción con la responsabilidad pública de apoyar alternativas productivas viables.
La agroecología como paradigma para transformar la producción de alimentos
El informe desarrolla la agroecología como un paradigma que integra las relaciones ecológicas con las condiciones sociales, económicas y culturales de la producción. Su propuesta comprende la recuperación de los suelos, la diversidad biológica, el intercambio de saberes y la autonomía de productores y comunidades, junto con la equidad de género y entre generaciones.
El análisis de experiencias en Misiones, La Rioja, Catamarca y Buenos Aires describe prácticas como las rotaciones, la integración de cultivos y animales, el compostaje, las coberturas del suelo y la conservación de semillas. Los casos aportan conocimientos sobre cómo reorganizar los agroecosistemas de acuerdo con las condiciones de cada territorio y unidad productiva.
La investigación recoge, además, escuelas de agroecología, ferias e intercambios de semillas como espacios de formación y organización. Estas experiencias vinculan la producción con el acceso a conocimientos, la conservación de variedades locales y la construcción de relaciones de cooperación entre productores y consumidores.
Desde este enfoque, la transición requiere revisar el diseño de los sistemas productivos y su dependencia de insumos externos. La incorporación de bioinsumos debe analizarse en ese contexto, considerando si contribuye a recuperar los procesos ecológicos y a fortalecer la autonomía de quienes producen.
Entre sus recomendaciones, CETAAR propone crear una alianza nacional para la eliminación de los PAP, impulsar restricciones a su importación, registro, comercialización y uso, fortalecer los controles y acompañar la transición agroecológica. El trabajo plantea que la defensa de las comunidades expuestas requiere cambios en las condiciones de producción y en las políticas que sostienen la dependencia de plaguicidas, con participación de quienes habitan y trabajan en los territorios.
Ver documento “Los plaguicidas Altamente Peligrosos en la Argentina, su efecto socioambiental y estrategias de substitución por la agroecología”, Agustina Souza Casadinho Bárbara Lutfi Javier Souza Casadinho (coordinador)