Argentina, marzo de 2024/ La problemática derivada del uso de plaguicidas en Argentina; una vulneración permanente de los derechos humanos. Informe presentado al Relator Especial de Derechos Humanos y Sustancias Tóxicas de Naciones Unidas del Ing. Agr. Ms. Sc. Javier Souza Casadinho, Coordinador Regional de la Red de Acción en Plaguicidas y sus Alternativas de América Latina (RAPAL). Docente e investigador Facultad de Agronomía de la  Universidad de Buenos Aires. Coordinador Regional de la Red de Acción en Plaguicidas y sus Alternativas de América Latina (RAPAL). Docente e investigador Facultad de Agronomía de la  Universidad de Buenos Aires.

Los derechos humanos tantos los civiles como los relacionados con el acceso a un ambiente sano, a un trabajo digno, a una alimentación integral, al respeto de nuestra cultura, a estar informados sobre las características de las sustancias que manipulamos en nuestras tareas cotidianas constituyen la base de poder lograr una vida plena dentro de aquello que denominamos el buen vivir. En este caso no acceder a un ambiente sano, tanto laboral como en nuestra residencia, implica que se estén vulnerando los derechos humanos. En relación a esto, los Derechos Humanos, en su dimensión de derechos civiles y políticos, por una parte, y de derechos económicos, sociales y culturales por otra, junto con los derechos de la naturaleza deberían tomarse como esenciales para generar acciones, actividades, políticas públicas que resguarden la salud socioambiental y posibiliten una vida digna.

Los Derechos Humanos han sido reconocidos progresivamente a través de la historia, como consecuencia de graves crisis de la humanidad y de luchas sociales, en demanda de mejoras en las condiciones de vida de las personas. Los Derechos Humanos emergieron para liberar a los seres humanos de toda forma de sometimiento y esclavitud. Si bien la decisión de utilizar plaguicidas puede constituir una decisión individual, no ha estado  ajena a la relación con las políticas públicas y las presiones directas e indirectas de las empresas que fabrican y venden plaguicidas. En este sentido, en la Argentina una gran parte de las políticas públicas, y sus instrumentos, han favorecido y consolidado un modo de producción altamente dependiente de insumos  contaminantes y que genera desequilibrios no solo en las dimensiones de la estructura agraria, sino también en otros campos sociales y productivos así como en el registro, producción, comercialización y utilización de plaguicidas. (La agroecología; su contribución al logro de los objetivos del desarrollo sostenible https://www.google.com/url?esrc=s&q=&rct=j&sa=U&url=https://www.ciea.com.ar/web/CIEA2019/doc/28-C/2_Souza_Casadinho.docx&ved)

4 de marzo de 2024/ El Ing. Agr. Javier Souza Casadinho colabora en esta publicación con dos artículos. Uno de ellos se titula,  “Agroecología como paradigma para mitigar y adaptarse al cambio y la variabilidad climática” y el segundo trata sobre, “Agroecología: estrategias y prácticas en la producción de alimentos”.

En el primer artículo Javier Souza aborda las prácticas y tecnologías implícitas en el modo de producción agrario vigente que constituyen una de las causas del cambio climático. La agricultura, a su vez, recibe sus consecuencias. En el segundo artículoaborda las  estrategias y prácticas en la producción de alimentos considerendo que la Argentina depende de sus actividades agrarias y de los complejos agroindustriales de los cuales forma parte como, por ejemplo, los complejos oleaginosos, cárnicos y cerealeros, ya para la producción de alimentos, cuanto para la generación de ingresos vía exportación.

Ver publicación: Nociones clave para una Ecología Integral – Tomo 1

Santiago, 4 de diciembre de 2023.- En el marco del  3 de diciembre Día Internacional por el No Uso de Plaguicidas, María Elena Rozas, coordinadora de la Red de Acción en Plaguicidas Chile gestionó una inédita reunión entre afectados por fumigaciones, del norte, centro y sur del país, autoridades del Ministerio de Salud y RAP-Chile. “Nuestro objetivo central era resaltar que, a más de una década de su promulgación, se debe actualizar las normas existentes para aspersiones aéreas (200 metros) y terrestres (franja de seguridad de 50 m) ya que no sirven para prevenir el daño a la salud de las comunidades y los daños a otras actividades. También hay que cubrir áreas no reguladas, como el uso de drones, y la aplicación de plaguicidas para el piojo del mar en la salmonicultura”. Enfatizó la experta más adelante: “No solo la población que habita o trabaja cerca de zonas agrícolas y forestales sufre problemas de salud por las frecuentes aplicaciones con Plaguicidas Altamente Peligrosos; también están seriamente afectadas la biodiversidad, las aguas y las actividades económicas que desarrollan familias campesinas, apicultores, huerteros, agricultores orgánicos y agroecológicos”.

En el encuentro, de carácter virtual, el jefe de Salud Ocupacional de la entidad, Cristián Villarroel junto a la profesional del Depto. Salud Ocupacional, Carolina de la Fuente, comprobaron el malestar y desesperanza de las comunidades por estas normas ineficaces y la impunidad respecto de intoxicaciones, mortandad de abejas y daños a la salud humana y el ambiente. Alicia Muñoz presidenta de la Asociación de Mujeres Rurales e Indígenas tomó la palabra para demandar que el Ministerio de Salud deje de ser un “administrador de la muerte y las malformaciones”, considerando intolerable que cada vez que hay un nuevo gobierno se deba empezar todo de nuevo.

 Karen López, presidenta de la Mesa Provincial de Apicultores del Limarí, apicultora rodeada de monocultivos y situada a 3 km de Monte Patria (región de Coquimbo), argumentó que el decreto N°158 sobre fumigaciones aéreas, con su franja de protección de 200 m. no impidió la mortandad de aproximadamente 4.000 colmenas, ocurrida hace dos  meses atrás. “Nunca pasó algo así, son plaguicidas cada vez más agresivos, no se ha eliminado el uso de los neonicotinoides. Estamos quedando sin polinizadores, se mata a las abejas y también nosotros sufrimos una muerte silenciosa”, expresó, señalando que hoy todo es extremo y las políticas públicas deben ser acordes a ello. Ante el anuncio de Carolina de la Fuente acerca de la elaboración por SAG de un protocolo de fumigación en colmenas, que elimina la franja de protección si se usa un plaguicida etiquetado como “menos tóxico”, Karen dijo que los matamalezas, clasificados con etiqueta verde matan a las abejas y son igualmente tóxicos.

Noviembre de 2023/ En los valles agrícolas de Monte Patria se desarrolla también la apicultura aprovechando el buen clima que ofrece la región, actividad que además de generar beneficios económicos sobre todo contribuye al equilibrio del ecosistema. Sin embargo, esta actividad, en los últimos meses de 2023 se ha visto afectada por la muerte masiva de abejas. En un comienzo fueron diez apicultores los que se vieron afectados por la muerte de sus colmenares, en un radio de más de 12 kilómetros, desde Huana a El Coipo, debido a las fumigaciones con plaguicidas en los predios agrícolas de la zona, principalmente en parronales. Según denunció en el mes de octubre la presidenta de la Mesa Provincial Apícola, Karen López, “Las aplicaciones las realizan desde  las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde”. En noviembre, apicultores de Ovalle también se sumaron a las denuncias por muerte masiva de abejas debido a las aplicaciones con plaguicidas en predios agrícolas de  la zona. 

La Red de Acción en Plaguicidas de Chile desde hace una década viene solicitando al SAG la prohibición de los plaguicidas neonicotinoides. Estos insecticidas son neurotóxicos, afectan el sistema nervioso central de los insectos, causando parálisis y la muerte. Son insecticidas sistémicos persistentes que se usan para el tratamiento de semillas, suelo y cultivos. Después de las aplicaciones permanecen en el ambiente y se depositan en el polen causando la muerte de abejas y sus larvas. En la solicitud realizada en el año 2013 por RAP-Chile al SAG demandamos  la prohibición y/o suspensión inmediata del uso de imidacloprid, clotianidina, thiametoxam, y fipronil, responsables de la mortandad de gran cantidad de familias de abejas, insectos polinizadores y aves. En la carta al SAG, advertimos, “La inacción en esta materia continuará poniendo en grave peligro a estos insectos benéficos, y a la biodiversidad, por lo cual instamos a la autoridad a aplicar el principio de precaución, y a emular lo obrado por la autoridad sanitaria europea en ese sentido. Deben tenerse en cuenta además las obligaciones derivadas de los aspectos ambientales incluidos en el Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea, además de la importancia del comercio con ese mercado”. Ver en: https://rap-al.org/chile-rap-chile-solicito-al-servicio-agricola-y-ganadero-la-prohibicion-de-plaguicidas-neonicotinoides-que-danan-a-las-abejas/

El diario el Ovallino ha informado en las ediciones de octubre y noviembre de la repentina muerte de abejas en la zona. Después de lo ocurrido en Monte Patria, apicultores de Ovalle también han denunciado muertes de abejas por fumigaciones con plaguicidas en los fundos agrícolas aledaños a sus colmenas.

Por Luciano Alday, 31/10/2023, Diario el Ovallino

El problema que inició en Monte Patria se ha replicado en otros puntos de la Provincia del Limarí, como Cerrillos de Tamaya y Santa Catalina en Ovalle. Por otro lado, los apicultores afectados acusan que las ayudas comprometidas por las autoridades aún no se han materializado.

 Cerca de un mes ha pasado desde que apicultores de Monte Patria denunciaron la masiva muerte de sus abejas, aparentemente por las fumigaciones de los fundos agrícolas aledaños a sus colmenas.

14 de noviembre de 2023, Ciudad de México / Nota de prensa de Conahcyt/ En rueda de prensa se dio a conocer lo más reciente sobre los efectos perniciosos que herbicidas causan en la población en general, con énfasis en niñas, niños y adolescentes.

Ante tribunales se han exhibido cerca de 250 pruebas por parte del Ejecutivo federal que soportan argumentos jurídicos y científicos de las acciones para prescindir del glifosato

Si el PJ contraviene decreto presidencial, la justicia en México sería comprometida a intereses corporativos transnacionales, contrarios a los derechos humanos y al interés público nacional.

En el marco de una discusión pública bajo el enfoque integral de la bioseguridad de los organismos genéticamente modificados (OGM), el Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías (Conahcyt) y la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad y Organismos Genéticamente Modificados (Cibiogem), reunieron a personas expertas para presentar avances y retos en torno a las acciones para prescindir del glifosato y otros plaguicidas altamente peligrosos.

En rueda de prensa, las y los especialistas expusieron las regulaciones más recientes y las evidencias científicas, libres de conflicto de interés, de los daños a la salud y al ambiente provocados por este agrotóxico, el más usado a nivel internacional, con especial atención en los efectos perniciosos en niñas, niños, adolescentes.

En representación de la directora general del Conahcyt, María Elena Álvarez-Buylla Roces, la directora de Políticas y Normativa de la Secretaría Ejecutiva de la Cibiogem, Erica Lissette Hagman Aguilar, resaltó que en el expediente del amparo en revisión 504/2022, versan cerca de 250 pruebas presentadas por el Ejecutivo federal que, de manera contundente, soportan los argumentos jurídicos y científicos que demuestran la pertinencia y relevancia de las medidas adoptadas por el Gobierno de México para prescindir gradualmente del glifosato y del maíz transgénico, como el decreto presidencial del 13 de febrero de 2023.

Sin embargo, este día se dio a conocer que el proyecto de resolución del amparo 504/2022 en el que el magistrado ponente del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito pretende proponer al Poder Judicial (PJ) un criterio para favorecer a la empresa Monsanto Comercial en contra del decreto presidencial de 2020, no obstante que éste se encuentra abrogado por el decreto presidencial del 13 de febrero de 2023.

Por lo anterior, Hagman Aguilar consideró que, de proceder la propuesta de resolución de amparo que salió a la luz pública, “la justicia en México se vería nuevamente comprometida por intereses corporativos transnacionales, contrarios a los derechos humanos y al interés público nacional, a partir de sesgos políticos y no con base en principios constitucionales ni en estándares internacionales”.

Afirmó que es importante tomar en cuenta estudios científicos, publicados en revistas indizadas, que muestran los nocivos efectos de ese plaguicida altamente peligroso: “carcinogenicidad, por vía de estrés oxidativo y genotoxicidad, daños neurológicos, alteraciones reproductivas, afectaciones en diversos órganos y sistemas, como el digestivo y, con ello, la generación de diversas enfermedades crónico-degenerativas”.

Erica Hagman añadió que existen informes técnicos y dictámenes de diversas instancias regulatorias en diferentes países, que han concluido que la exposición al glifosato implica daños a la salud y al ambiente, mientras que “el proyecto de resolución [dado a conocer] contiene información sesgada y escueta, pues sólo refiere a unos pequeños fragmentos, seleccionados por la empresa en su demanda y alegatos presentados, de unas cuantas resoluciones de instancias regulatorias. Ni siquiera contiene las traducciones completas de tales documentos”.

El director de la Red de Acción en Plaguicidas y sus Alternativas en México (Rapam) y coordinador de la oficina de la Red Internacional de Eliminación de Contaminantes (IPEN) en América Latina, Fernando Bejarano González, expresó que el decreto presidencial por el que se establecen diversas acciones en materia de glifosato y maíz genéticamente modificado “es una ruptura valiente e importante, pero aún resulta insuficiente frente al problema enorme”.

San Vicente de Tagua Tagua, Chile, 02 de noviembre de 2023 / Desde mediados del año 2020 un miembro del Comité Ambiental Comunal, CAC, de San Vicente de Tagua Tagua, viene alertando sobre la grave contaminación por plaguicidas y otros residuos que afecta al Humedal Ribera del Rio Cachapoal, sector Las Cruces, Pencahue, región de O’Higgins. El humedal está considerado un sitio prioritario de conservación de la comuna, sin embargo, después de tres años de denuncias no se había podido obtener una solución integral al problema, que consiste en detener la degradación, y asegurar la restauración y protección del humedal. Frente a la inacción de las autoridades, Héctor Yánez, el 30 de octubre de 2023, luego de haber puesto en antecedentes de la situación y las acciones a seguir al CAC, realizó una denuncia formal mediante cartas e informes dirigidos al alcalde de San Vicente, a la oficina de Medio Ambiente, a la oficina de Acción Sanitaria dependiente de la Seremía de Salud y al Servicio Agrícola y Ganadero, SAG. Asimismo, comunicó sobre este hecho a María Elena Rozas, coordinadora nacional de la Red de Acción en Plaguicidas, RAP-Chile, quién puso en conocimiento de esta situación al Servicio Agrícola y Ganadero, SAG, y al Ministerio de Agricultura de Chile.

Humedal convertido en un vertedero de basura tóxica

Agricultores convencionales de la zona convirtieron al humedal en un vertedero de envases con residuos de plaguicidas peligrosos. El impacto en este delicado ecosistema, que es la fuente de agua y alimentos para toda la diversidad biológica existente en el lugar, no había sido dimensionado ni tampoco abordado por las autoridades competentes a pesar de que el lema del año 2023 del Ministerio del Ambiente es: “Revitalizar y restaurar los humedales degradados”. 

Santiago de Chile, 2 de octubre de 2023La Red de Acción en Plaguicidas de Chile, miembro de PAN Internacional e IPEN, fue convocada, el 2 de octubre 2023 por el Servicio agrícola y Ganadero, SAG, a participar en una importante reunión donde se anunciaron diversas medidas para la implementación de mejoras regulatorias en el ámbito de plaguicidas de uso agrícola en el país, con el objetivo de apoyar el desarrollo de una agricultura sustentable. En la reunión, el director nacional del SAG, José Guajardo Reyes, con la concurrencia de representantes del sector público y privado firmó tres resoluciones: la prohibición de 14 principios activos plaguicidas por su alta peligrosidad para las personas, animales y medio ambiente; una nueva normativa que propicia el empleo de bioinsumos y plaguicidas fabricados con extractos naturales; y la creación  de la Comisión Asesora Público – Privada del SAG que buscará mejorar y modernizar la normativa de plaguicidas en Chile.

Aunque no estaban en uso en el país, todos los plaguicidas prohibidos mediante esta nueva resolución pertenecen a los convenios internacionales tanto de Rotterdam como de Estocolmo sobre COP, a los que Chile está suscrito.