14 de noviembre de 2023, Ciudad de México / Nota de prensa de Conahcyt/ En rueda de prensa se dio a conocer lo más reciente sobre los efectos perniciosos que herbicidas causan en la población en general, con énfasis en niñas, niños y adolescentes.

Ante tribunales se han exhibido cerca de 250 pruebas por parte del Ejecutivo federal que soportan argumentos jurídicos y científicos de las acciones para prescindir del glifosato

Si el PJ contraviene decreto presidencial, la justicia en México sería comprometida a intereses corporativos transnacionales, contrarios a los derechos humanos y al interés público nacional.

En el marco de una discusión pública bajo el enfoque integral de la bioseguridad de los organismos genéticamente modificados (OGM), el Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías (Conahcyt) y la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad y Organismos Genéticamente Modificados (Cibiogem), reunieron a personas expertas para presentar avances y retos en torno a las acciones para prescindir del glifosato y otros plaguicidas altamente peligrosos.

En rueda de prensa, las y los especialistas expusieron las regulaciones más recientes y las evidencias científicas, libres de conflicto de interés, de los daños a la salud y al ambiente provocados por este agrotóxico, el más usado a nivel internacional, con especial atención en los efectos perniciosos en niñas, niños, adolescentes.

En representación de la directora general del Conahcyt, María Elena Álvarez-Buylla Roces, la directora de Políticas y Normativa de la Secretaría Ejecutiva de la Cibiogem, Erica Lissette Hagman Aguilar, resaltó que en el expediente del amparo en revisión 504/2022, versan cerca de 250 pruebas presentadas por el Ejecutivo federal que, de manera contundente, soportan los argumentos jurídicos y científicos que demuestran la pertinencia y relevancia de las medidas adoptadas por el Gobierno de México para prescindir gradualmente del glifosato y del maíz transgénico, como el decreto presidencial del 13 de febrero de 2023.

Sin embargo, este día se dio a conocer que el proyecto de resolución del amparo 504/2022 en el que el magistrado ponente del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito pretende proponer al Poder Judicial (PJ) un criterio para favorecer a la empresa Monsanto Comercial en contra del decreto presidencial de 2020, no obstante que éste se encuentra abrogado por el decreto presidencial del 13 de febrero de 2023.

Por lo anterior, Hagman Aguilar consideró que, de proceder la propuesta de resolución de amparo que salió a la luz pública, “la justicia en México se vería nuevamente comprometida por intereses corporativos transnacionales, contrarios a los derechos humanos y al interés público nacional, a partir de sesgos políticos y no con base en principios constitucionales ni en estándares internacionales”.

Afirmó que es importante tomar en cuenta estudios científicos, publicados en revistas indizadas, que muestran los nocivos efectos de ese plaguicida altamente peligroso: “carcinogenicidad, por vía de estrés oxidativo y genotoxicidad, daños neurológicos, alteraciones reproductivas, afectaciones en diversos órganos y sistemas, como el digestivo y, con ello, la generación de diversas enfermedades crónico-degenerativas”.

Erica Hagman añadió que existen informes técnicos y dictámenes de diversas instancias regulatorias en diferentes países, que han concluido que la exposición al glifosato implica daños a la salud y al ambiente, mientras que “el proyecto de resolución [dado a conocer] contiene información sesgada y escueta, pues sólo refiere a unos pequeños fragmentos, seleccionados por la empresa en su demanda y alegatos presentados, de unas cuantas resoluciones de instancias regulatorias. Ni siquiera contiene las traducciones completas de tales documentos”.

El director de la Red de Acción en Plaguicidas y sus Alternativas en México (Rapam) y coordinador de la oficina de la Red Internacional de Eliminación de Contaminantes (IPEN) en América Latina, Fernando Bejarano González, expresó que el decreto presidencial por el que se establecen diversas acciones en materia de glifosato y maíz genéticamente modificado “es una ruptura valiente e importante, pero aún resulta insuficiente frente al problema enorme”.

“Lo que está en juego es reafirmar nuestra soberanía alimentaria, este derecho que tenemos como pueblo a tener acceso a alimentos suficientes, nutritivos, saludables, producidos de forma ecológica y culturalmente adaptados. Lo que está en juego es la defensa de los derechos humanos y colectivos a la vida, a producir y consumir alimentos libres de agrotóxicos y transgénicos y a la transformación de un régimen alimentario neoliberal a un régimen justo, sano y ambientalmente sustentable.”

El decreto presidencial, dijo, expresa una nueva correlación de fuerzas y disputas en el campo regulatorio. “En este sentido, se debe pensar que este decreto, junto con la transformación del régimen agroecológico, debe estar acompañado por una política general hacia la prohibición gradual de los plaguicidas altamente peligrosos y una continuidad y ampliación de la agroecológica campesina en los programas gubernamentales.”

La jefa de Ciencia y Política de la Red de Acción en Plaguicidas de Europa, Angeliki Lyssimachou, profundizó sobre el estado actual del proceso de potencial reaprobación del glifosato en la Unión Europea (UE) y las reacciones de la comunidad científica, principalmente respecto a las deficiencias y sesgos en la evaluación del riesgo, hechas por instancias como la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA, por sus siglas en inglés), sobre plaguicidas como el glifosato.

Señaló, entre otras estipulaciones, que la ley de la UE sobre plaguicidas de 2009 “reconoce que los plaguicidas pueden hacer un daño serio a la salud humana y al ambiente, ve por la protección de los trabajadores agrícolas y pone especial énfasis a la protección de grupos vulnerables”.

Respecto a las evaluaciones de riesgo de pesticidas, añadió que la ley establece que éstas deben ser independientes, objetivas y transparentes, tomando en cuenta los conocimientos científicos y técnicos actuales y deben incluir documentación científica independiente de la comunidad académica.

Sin embargo, “desafortunadamente, la ley no se aplica de verdad. […] El principal conflicto es que toda la evaluación está basada en estudios financiados por las industrias mismas, por lo que hay un conflicto de interés”, afirmó Lyssimachou.

El investigador de la Escuela Nacional de Ciencias de la Tierra de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Rodolfo Omar Arellano Aguilar, habló sobre las evidencias científicas que demuestran afectaciones a la salud derivadas del uso y exposición al glifosato, basado en los trabajos del Proyecto Nacional de Investigación e Incidencia (Pronaii) “Presencia de glifosato y AMPA en suelo, agua y orina humana en distintas regiones de México”.

A pesar del apoyo que, tanto el renovado Conahcyt, como los grupos académicos y comunitarios han sumado para conjuntar evidencia científica, Arellano Aguilar subrayó que “quienes hemos trabajado en campo nos hemos dado cuenta que hay una campaña de desinformación a nivel territorial, en la cual están tratando de convencer a las personas del campo que no dejen de usar el glifosato sin informar los riesgos de exposición a agroquímicos, problemas de salud, erosión del suelo, contaminación del agua y pérdida de la biodiversidad”.

Concluyó haciendo una llamada de atención al público, en el sentido de aclarar que el glifosato no es un fertilizante que va a influir en el proceso de nutrición de los cultivos, sino que se trata de un herbicida sistémico que, además de ser tóxico para polinizadores, vertebrados y la diversidad, está asociado a enfermedades como cáncer y padecimientos neurológicos y, como se ha evidenciado en los últimos años, también puede estar alterando nuestros sistemas digestivos y metabólicos.

El investigador del Centro de Investigaciones del Medioambiente (CIM) de la Universidad Nacional de la Plata, Damián José Gabriel Marino, habló de las consecuencias sanitarias y socioambientales de los plaguicidas asociados a los cultivos transgénicos en Argentina, al ser contaminantes pseudopersistentes.

“El glifosato, a medida que se va usando a lo largo de los años, lejos de tocar el suelo y desaparecer, lo que ocurre es que se acumula en el suelo; es decir, el glifosato es un contaminante pseudopersistente e ingresa más de lo que el ambiente puede degradar”, provocando daños ambientales y de salud, especialmente en niñas, niños y adolescentes.

“Tenemos que trabajar en el concepto de ‘una sola salud’, como lo pide las Naciones Unidas, que plantea que ambiente, animales y humanos trabajamos de manera sinérgica, simbiótica, para lograr una salud y que no esté desacoplado un sistema de otro.”

Por último, el médico pediatra e investigador del Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara, Felipe de Jesús Lozano Kasten, detalló información e indicadores obtenidos en estudios científicos sobre presencia de glifosato y agroquímicos en orina de personas en comunidades de Jalisco y Nayarit, así como de las amenazas de los pesticidas a la salud de niñas, niños y adolescentes.

“Aquí se habla de concentraciones a largo plazo, que exposiciones continuas, persistentes, pequeñas, van a ir produciendo, en el transcurso de la vida, algún efecto, no pueden pasar sin efectos. […] Si a largo plazo me expongo a agroquímicos, a largo plazo debemos mirar qué está sucediendo.”

Conahcyt y la comunidad académica, en apego a la Ley General en materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación (LGHCTI), continúa aportando y difundiendo evidencia científica respecto al daño sanitario y ambiental asociado al uso y exposición de glifosato y otros plaguicidas altamente peligrosos en favor de los derechos humanos de las y los mexicanos y el interés público nacional.

La conferencia de prensa encabezada por académicas y académicos, puede ser consultada en el siguiente enlace: https://bit.ly/46fJ7qo.