14 de noviembre de 2023, Ciudad de México / Nota de prensa de Conahcyt/ En rueda de prensa se dio a conocer lo más reciente sobre los efectos perniciosos que herbicidas causan en la población en general, con énfasis en niñas, niños y adolescentes.
Ante tribunales se han exhibido cerca de 250 pruebas por parte del Ejecutivo federal que soportan argumentos jurídicos y científicos de las acciones para prescindir del glifosato
Si el PJ contraviene decreto presidencial, la justicia en México sería comprometida a intereses corporativos transnacionales, contrarios a los derechos humanos y al interés público nacional.
En el marco de una discusión pública bajo el enfoque integral de la bioseguridad de los organismos genéticamente modificados (OGM), el Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías (Conahcyt) y la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad y Organismos Genéticamente Modificados (Cibiogem), reunieron a personas expertas para presentar avances y retos en torno a las acciones para prescindir del glifosato y otros plaguicidas altamente peligrosos.
En rueda de prensa, las y los especialistas expusieron las regulaciones más recientes y las evidencias científicas, libres de conflicto de interés, de los daños a la salud y al ambiente provocados por este agrotóxico, el más usado a nivel internacional, con especial atención en los efectos perniciosos en niñas, niños, adolescentes.
En representación de la directora general del Conahcyt, María Elena Álvarez-Buylla Roces, la directora de Políticas y Normativa de la Secretaría Ejecutiva de la Cibiogem, Erica Lissette Hagman Aguilar, resaltó que en el expediente del amparo en revisión 504/2022, versan cerca de 250 pruebas presentadas por el Ejecutivo federal que, de manera contundente, soportan los argumentos jurídicos y científicos que demuestran la pertinencia y relevancia de las medidas adoptadas por el Gobierno de México para prescindir gradualmente del glifosato y del maíz transgénico, como el decreto presidencial del 13 de febrero de 2023.
Sin embargo, este día se dio a conocer que el proyecto de resolución del amparo 504/2022 en el que el magistrado ponente del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito pretende proponer al Poder Judicial (PJ) un criterio para favorecer a la empresa Monsanto Comercial en contra del decreto presidencial de 2020, no obstante que éste se encuentra abrogado por el decreto presidencial del 13 de febrero de 2023.
Por lo anterior, Hagman Aguilar consideró que, de proceder la propuesta de resolución de amparo que salió a la luz pública, “la justicia en México se vería nuevamente comprometida por intereses corporativos transnacionales, contrarios a los derechos humanos y al interés público nacional, a partir de sesgos políticos y no con base en principios constitucionales ni en estándares internacionales”.
Afirmó que es importante tomar en cuenta estudios científicos, publicados en revistas indizadas, que muestran los nocivos efectos de ese plaguicida altamente peligroso: “carcinogenicidad, por vía de estrés oxidativo y genotoxicidad, daños neurológicos, alteraciones reproductivas, afectaciones en diversos órganos y sistemas, como el digestivo y, con ello, la generación de diversas enfermedades crónico-degenerativas”.
Erica Hagman añadió que existen informes técnicos y dictámenes de diversas instancias regulatorias en diferentes países, que han concluido que la exposición al glifosato implica daños a la salud y al ambiente, mientras que “el proyecto de resolución [dado a conocer] contiene información sesgada y escueta, pues sólo refiere a unos pequeños fragmentos, seleccionados por la empresa en su demanda y alegatos presentados, de unas cuantas resoluciones de instancias regulatorias. Ni siquiera contiene las traducciones completas de tales documentos”.
El director de la Red de Acción en Plaguicidas y sus Alternativas en México (Rapam) y coordinador de la oficina de la Red Internacional de Eliminación de Contaminantes (IPEN) en América Latina, Fernando Bejarano González, expresó que el decreto presidencial por el que se establecen diversas acciones en materia de glifosato y maíz genéticamente modificado “es una ruptura valiente e importante, pero aún resulta insuficiente frente al problema enorme”.
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