Lima, Perú, 2026/ Oficina de Comunicaciones e Imagen Institucional del Tribunal Constitucional/ La Sala Segunda del Tribunal Constitucional (TC) ordenó al Servicio Nacional de Sanidad Agraria (Senasa), la suspensión temporal de la venta, distribución y uso de productos fitosanitarios que contengan como sustancias activas clorpirifos, metomil, glifosato, imidacloprid y clothianidin, destinados a la producción de alimentos para el consumo interno.
En la sentencia (Exp. N.o 03269-2023-PA/TC), de fecha 26 de julio de 2026, declara, además, la existencia de un estado de cosas inconstitucional, al concluir que la respuesta estatal frente a los riesgos sanitarios y ambientales generados por estos productos es estructuralmente insuficiente para garantizar la inocuidad de los alimentos de origen vegetal.
La decisión la adoptó tras declarar fundada la demanda de amparo interpuesta por la Asociación Apurimeña de Consumidores y Usuarios (AACU) y otras organizaciones, al acreditarse la vulneración de los derechos fundamentales a la salud, la vida, la integridad, el goce de un ambiente equilibrado y adecuado, y la protección de los consumidores, por la insuficiente vigilancia y fiscalización estatal sobre el uso de determinados plaguicidas en la producción de alimentos destinados al consumo interno.
Asimismo, dispuso que el Senasa, con participación del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), el Ministerio de Salud y las demás entidades competentes, realice en un plazo de 90 días hábiles una reevaluación integral de dichas sustancias, considerando la evidencia científica disponible, la información toxicológica, la experiencia regulatoria y los hallazgos sobre residuos de plaguicidas en alimentos.
También ordenó que, en un plazo de 180 días hábiles, el Senasa, el Midagri, el Ministerio de Salud, la Presidencia del Consejo de Ministros y los gobiernos locales elaboren e implementen un plan interinstitucional para fortalecer la inocuidad alimentaria, que contemple el reforzamiento de la supervisión y fiscalización, protocolos de respuesta sanitaria, acceso a laboratorios especializados y mecanismos de publicidad de los resultados de monitoreo.
El Colegiado también recuerda que el Estado tiene un deber especial de protección respecto de la salud pública, el ambiente y los consumidores, por lo que no resulta razonable trasladar a los ciudadanos la carga de demostrar, por sí solos y mediante costosos estudios especializados, riesgos cuya supervisión corresponde a las autoridades competentes.
Lima, 24 de julio de 2026.
Fuente: Oficina de Comunicaciones e Imagen Institucional del Tribunal Constitucional
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09 Nov 2026 | 17:37 / Centro de Noticias del Congreso/ La Comisión de Economía, Medio Ambiente y Defensa del Consumidor del Senado debate sobre la suspensión temporal del uso de productos químicos en la agricultura.
Para abordar este tema, el grupo de trabajo, presidido por Alfonso López Chau (Ahora Nación), invitó al ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Marco Vinelli Ruiz, quien informó a los senadores que su sector ha dispuesto la implementación inmediata de la medida establecida por el máximo órgano constitucional.
Asimismo, señaló que se ha ordenado difundir la sentencia entre los establecimientos comerciales, intensificar las acciones de fiscalización, supervisar los inventarios y verificar el destino de los productos. También se solicitarán declaraciones juradas a los distintos eslabones de la cadena comercial, con el fin de reforzar la trazabilidad de estos insumos.
Durante el debate, el senador José Arista Arbildo (Fuerza Popular) expresó su preocupación por el impacto económico que la medida podría generar en los pequeños productores. En ese sentido, preguntó cuántos agricultores se verían afectados económicamente y qué alternativas contempla el sector para compensar los mayores costos que implicaría cumplir con esta disposición.
Por su parte, Percy Osorio Palpán (Juntos por el Perú) sostuvo que los más perjudicados serían los agricultores familiares, debido a la falta de asistencia técnica del Estado. Señaló que muchos productores trabajan de manera empírica y que, en numerosas ocasiones, los insumos químicos ingresan al mercado de forma ilegal.
A su turno, Jaime Delgado Zegarra (Ahora Nación) enfatizó que la protección de la salud debe estar por encima de cualquier posición política. “La salud no tiene partido, no tiene color político. Salvemos la vida de los consumidores de las próximas generaciones”, manifestó. Asimismo, planteó la necesidad de definir un modelo institucional de fiscalización y control que garantice una supervisión eficiente y proteja la vida de los peruanos.
En tanto, Víctor Noriega Reátegui (Fuerza Popular) consideró que el principal problema radica en la falta de acercamiento del Estado a los agricultores para conocer sus necesidades y buscar soluciones a partir de la investigación. Por ello, destacó la importancia de fortalecer la articulación entre las instituciones públicas y los pequeños productores.
Antes de concluir la sesión, Alfonso López Chau anunció que el próximo 30 de noviembre se realizará una sesión conjunta con las comisiones de Desarrollo Productivo, Energía y Minas, Infraestructura y Trabajo del Senado, a fin de abordar las estrategias para frenar los factores que impulsan la deforestación.
Fuente: Centro de Noticias del Congreso
Debaten suspensión temporal del uso de productos químicos en la agricultura