10 de mayo de 2022/ Presidente, secretario y Representantes de los Estados Miembros de Argentina, Brasil, Canadá, China, Francia, India, Iraq, Malí, Noruega, Nueva Zelandia, Sudán y Zambia, Comité del Programa de la FAO, Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, Avenida de las Termas de Caracalla, 00153 Roma, Italia
Estimado Comité del Programa de la FAO: En nombre del Pesticide Action Network International, de la sociedad civil y de las organizaciones de pueblos indígenas abajo firmantes, le escribimos para expresar nuestra preocupación con respecto a la Estrategia de la FAO para la Participación del Sector Privado, que se discutirá en su próxima 133ª Sesión del Comité del Programa. Como se señala en el informe preparado para esta reunión, la FAO ha aumentado sus compromisos con el sector privado, de los cuales la gran mayoría son de carácter informal. De particular preocupación para nosotros como representantes de los titulares de derechos es la asociación con CropLife International.
En el anuncio de la firma de la Carta de Intención (LOI por sus siglas en inglés) entre la FAO y CropLife International en octubre de 2020, 352 organizaciones de la sociedad civil y de los pueblos indígenas, así como académicos, científicos y financiadores, escribieron al Director General expresando nuestras preocupaciones e instando a la FAO a abandonar sus planes de asociarse con la industria de los plaguicidas. En diciembre pasado, más de 187.300 personas de más de 107 países presentaron una petición mundial instando a poner fin de inmediato a la asociación de la FAO con CropLife.
Reconocemos la necesidad de que la FAO se comprometa con las diferentes partes interesadas. Sin embargo, como señalamos en nuestra carta anterior al Director Qu, la LOI con CropLife va más allá de un compromiso informal, ya que es una “asociación estratégica” que vincula formalmente a la FAO con los productores de plaguicidas químicos dañinos e insostenibles. La FAO no es solo un foro para todas las partes interesadas, sino una institución pública que está obligada por la Carta de las Naciones Unidas a seguir reglas claras en el compromiso con las diferentes partes interesadas, basadas en un marco de derechos humanos. Por lo tanto, hacemos eco del sentimiento que el Relator Especial de la ONU, Michael Fakhri, planteó en su informe a la 49ª Sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU el pasado 14 de marzo, en el que declaró que: “los acuerdos institucionalizados entre organizaciones, como CropLife International, que representan a los productores de plaguicidas, y ejercen presión a los organismos de las Naciones Unidas pueden plantear cuestiones de conflicto de interés y dar lugar a una influencia empresarial indebida en la formulación de políticas internacionales.”
Apoyamos plenamente la recomendación de Fakhri del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para alentar firmemente al Consejo de la FAO a “revisar el acuerdo con CropLife International con la vista puesta en las preocupaciones de los derechos humanos” y “considerar la posibilidad de ordenar al Director General de la FAO que rescinda el acuerdo”.
Como se expresó en nuestras correspondencias anteriores al Director General Qu, el acuerdo de la FAO con CropLife amenaza la integridad, credibilidad, imparcialidad, independencia y neutralidad de la FAO; socava la prioridad de la FAO de reducir la dependencia de los plaguicidas y su compromiso con la agroecología, y es incompatible con las obligaciones de la FAO por defender los derechos humanos, como los derechos a una alimentación adecuada, salud, agua limpia, condiciones de trabajo seguras y un medio ambiente saludable.
Creemos que si se aplican los principios incorporados en la Estrategia para la Participación del Sector privado, bajo un conjunto de criterios específicos, a saber, i) Criterios de exclusión para negocios y prácticas consideradas inherentemente incompatibles con los valores de la ONU; ii) los sectores corporativos de alto riesgo; iii) Principios del Pacto Mundial de las Naciones Unidas; y iv) los elementos de riesgo Ambiental, Social y de Gobernanza (ESG por sus siglas en inglés), entonces está claro que la industria de plaguicidas no es apta para asociarse con la FAO.
La colaboración con CropLife en la “reducción de los riesgos de plaguicidas a través de una gestión racional y la intensificación de la producción de cultivos”, como se estipula en la LOI, socava los principios de reducción de la dependencia de los plaguicidas, que se establece en el Código de Conducta de la FAO sobre Gestión de Plaguicidas como el primer paso, y por lo tanto el más crítico, hacia la reducción del riesgo de plaguicidas. Las empresas miembros de CropLife obtienen más de un tercio de sus ventas de Plaguicidas Altamente Peligrosos (PAP). La profundización de su colaboración con CropLife por parte de la FAO contrarresta directamente cualquier esfuerzo encaminado a prohibir progresivamente los PAP, tal como se recomendó para su consideración por el Consejo de la FAO ya en 2006.
Finalmente, este compromiso con CropLife socava el apoyo de la FAO y varios Estados Miembros a la agroecología, un enfoque que ofrece propuestas viables y sostenibles para generar sistemas alimentarios y agrícolas de base ecológica sin el uso de PAP. Si la FAO quiere ayudar a los Estados Miembros a ampliar con éxito las iniciativas de agroecología a nivel mundial, como respuesta a los desafíos del cambio climático y la necesidad de una transición a un sistema alimentario resiliente, debe liderar el camino para llevar a cabo una acción decisiva para eliminar los PAP a nivel mundial. Esto sería difícil de lograr con la FAO también buscando colaboraciones activas con las compañías de plaguicidas más grandes del mundo.
Ahora le hacemos un llamamiento como Secretario, Presidente y Representantes de los Estados Miembros en el Comité del Programa de la FAO con responsabilidad en el desarrollo y la implementación de las actividades programáticas de la FAO, para que tome en serio las principales preocupaciones de la sociedad civil, los agricultores, los trabajadores agrícolas, los pueblos indígenas y otras comunidades sobre la asociación de la FAO con CropLife. Le pedimos que presente en la discusión de la Estrategia para la Participación del Sector Privado en la 133ª Sesión del Comité de Programa la fuerte recomendación de la sociedad civil y el Relator Especial sobre el Derecho a la Alimentación para la FAO de cancelar esta asociación, que, como 286 académicos y científicos han señalado en su propia carta de apelación, es “equivalente a que la Organización Mundial de la Salud anuncie una empresa conjunta con Philip Morris para prevenir el cáncer de pulmón”.
Confiamos en que los Estados Miembros de la FAO se comprometan a cumplir con sus obligaciones en materia de derechos humanos y protejan el interés público frente a los considerables riesgos de asociarse con actores del sector privado y asociaciones multinacionales que privilegian sus intereses financieros en el desarrollo y los resultados de las iniciativas, programas, prioridades, políticas y estándares de la FAO.
Solicitamos amablemente una respuesta sobre estos asuntos.
Atentamente
Keith Tyrell, Chair
Pesticide Action Network International
Million Belay, Coordinator
Alliance for Food Sovereignty in Africa (AFSA)
David Azoulay, Environmental Health Program Director
Center for International Environmental Law (CIEL)
Sofía Monsalve, Secretary General
FIAN International
Kirtana Chandrasekaran and Martín Drago, Food Sovereignty Program Coordinators
Friends of the Earth International
Sophia Murphy, Executive Director
Institute for Agriculture and Trade Policy (IATP)
Andrea Carmen, Executive Director
International Indian Treaty Council (IITC)
Pam Miller and Tadesse Amera, Co-Chairs
International Pollutants Elimination Network (IPEN)
Sue Longley, General Secretary
International Union of Food, Agricultural, Hotel, Restaurant, Catering, Tobacco and Allied
Workers’ Associations (IUF)
Laurent Gaberell and Carla Hoinkes, Agriculture and Food Experts
Public Eye
Chee Yoke Ling, Executive Director
Third World Network
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