El informe examina el contexto internacional y la situación en Chile de los llamados plaguicidas altamente peligrosos, de acuerdo con los nuevos criterios de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, la Organización Mundial de la Salud, OMS y la Lista de Plaguicidas Peligrosos de Pesticide Action Network, PAN Internacional. El informe consigna en síntesis los daños causados a la salud y el ambiente desde que se instauró el modelo agroexportador con un uso indiscriminado y masivo de plaguicidas altamente peligrosos y fertilizantes químicos. El informe se refiere exclusivamente a los plaguicidas de síntesis química altamente peligrosos (PAPs) que debido a sus características intrínsecas o a las propiedades fisicoquímicas de la molécula y su mecanismo acción y de transporte pueden provocar daños a la salud y al ambiente, a corto, mediano o largo plazo.
Desde hace más de dos décadas en el país se vienen advirtiendo los problemas de salud laboral y pública causados por plaguicidas altamente peligrosos, por sus efectos agudos y crónicos. También, en reiteradas oportunidades, se ha denunciado la falta de voluntad política de las autoridades para eliminar del registro los plaguicidas más peligrosos.
El informe examina el contexto internacional y la situación en Chile de los llamados plaguicidas altamente peligrosos, de acuerdo con los nuevos criterios de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, la Organización Mundial de la Salud, OMS y la Lista de Plaguicidas Peligrosos de Pesticide Action Network, PAN Internacional.
En la primera parte del informe se presenta el marco de referencia para políticas públicas sobre la gestión de los productos químicos, incluidos los plaguicidas y se analizan las condiciones internacionales en las que surge la denominación de Plaguicidas Altamente Peligrosos, una nueva categoría normativa que surge en el contexto del Enfoque Estratégico para la Gestión de Productos Químicos a Nivel Internacional, conocido por sus siglas en inglés como SAICM, y el Código Internacional de Conducta sobre la Gestión de Plaguicidas de la FAO, ambos de carácter voluntario.
Después de analizar el contexto internacional el informe presenta las características generales del mercado nacional de los plaguicidas, las organizaciones empresariales que lo conforman, las autoridades que tienen facultades normativas y fiscalizadoras, y el marco y procedimiento regulatorio que autoriza su registro y comercialización.
En lo formal existen nuevas normas, pero estas son laxas e insuficientes. Hay registrados en Chile aproximadamente 400 principios activos plaguicidas. Según el Servicio Agrícola y Ganadero, SAG, todos cuentan con evaluaciones técnicas que demuestran que el plaguicida es efectivo para el fin al cual se destina y no entraña un riesgo inaceptable para la salud humana, animal ni para el medioambiente. Sin embargo, según los datos analizados, están autorizados y en uso un número importante de plaguicidas con efectos crónicos y altamente peligrosos para la salud, el ambiente, las abejas y los polinizadores, a pesar de que existen alternativas no químicas que han demostrado no presentar riesgos.
Dogmas muy usados por reguladores, legisladores, gremios agrícolas, fabricantes y comercializadores de plaguicidas, como son la inocuidad y el llamado “uso seguro” o “uso adecuado” de plaguicidas, han quedado obsoletos desde hace décadas por las recurrentes intoxicaciones agudas, los brotes o intoxicaciones masivas, y una serie de graves enfermedades asociadas al uso de plaguicidas que sufren no solo los habitantes rurales, las trabajadoras y trabajadores agrícolas y sus hijos sino también los consumidores de alimentos contaminados con residuos de plaguicidas.
En relación con las intoxicaciones crónicas, diversos estudios han detectado en el país malformaciones congénitas en hijos de temporeras, alteraciones genéticas en temporeras, problemas neurológicos en niños, entre muchas enfermedades asociadas al uso de plaguicidas. Parte de estos incidentes en la salud y el ambiente han sido documentados en este informe.
En los anexos del documento se comparan los plaguicidas autorizados en Chile con la lista de plaguicidas altamente peligrosos elaborada por la Red Internacional de Acción en Plaguicidas (PAN Internacional). Se identifican los países y las empresas que importan, formulan y comercializan plaguicidas altamente peligrosos. Se compara la lista de los plaguicidas autorizados en Chile con los prohibidos en la Unión Europea y otros países, y con la lista de plaguicidas altamente tóxicos para las abejas y los polinizadores. Además, se agrega un anexo con el caso del glifosato.
De acuerdo con el análisis de los datos obtenidos, de los aproximadamente 400 principios activos plaguicidas registrados en Chile, 102 son altamente peligrosos según los sistemas de clasificación de la Unión Europea, el Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de productos químicos (SGA), y la Agencia de Protección Ambiental, EPA, de Estados Unidos. Un 25 % de los principios activos registrados y sus marcas comerciales son altamente peligrosos por sus efectos agudos, crónicos y ambientales. Es importante destacar que precisamente en este porcentaje está gran parte de los insecticidas, herbicidas y fungicidas más usados en el país.
Además, se constata que un número importante de ellos está prohibido en otros países, por su efecto crónico, sin embargo, se comercializan en el país con etiqueta verde o como productos que normalmente no ofrecen peligro.
De 102 plaguicidas altamente peligrosos con registro vigente, hay 28 principios activos y sus respectivas marcas comerciales que no están aprobados por la Unión Europea y/o incluidos en la Lista PIC, y 46 plaguicidas altamente peligrosos prohibidos en otros países del mundo.
Hay registrados 29 principios activos que pueden causar cáncer en humanos según la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos, EPA (26) y la Agencia Internacional de Investigaciones del Cáncer, IARC. (3). Y 17 plaguicidas, con sus respectivas marcas comerciales, considerados como como carcinógenos y perturbadores del sistema endocrino o posible perturbadores del sistema endocrino, de acuerdo con la clasificación de la Unión Europea y el Registro Global Armonizado, UE PE (1) ó C2 y R2 SGA (Perturbador endocrino o posible perturbador endocrino según la Categoría 1 de la UE, o plaguicidas clasificados en la Categoría 2 Carcinógeno y en la Categoría 2 Toxicidad Reproductiva del SGA). Además, hay registrados 11 plaguicidas tóxicos para la reproducción según la Unión Europea y el SGA.
En el ámbito agrícola y sanitario los reguladores esperan que los plaguicidas cumplan con el rol para el que fueron registrados, es decir, tengan efectos positivos fitosanitarios y sanitarios, sin embargo, los plaguicidas por sus características intrínsecas sobrepasan el uso para el que fueron creados, ponen en riesgo los medios de vida de comunidades campesinas e indígenas y causan graves daños a la salud, humana y animal, incluso décadas después de que fueron aplicados. Enfermedades como cáncer y los efectos diferidos de los plaguicidas como, por ejemplo, la teratogénesis, mutagénesis, imprinting o alteración de la programación celular son ejemplos de ello.
El registro, comercialización y uso de plaguicidas altamente peligrosos en Chile, con efectos cancerígenos y perturbadores del sistema endocrino (EDC por su sigla en inglés: Endocrine Disrupting Chemicals), [i] vulnera derechos fundamentales, especialmente los derechos de los niños y las mujeres trabajadoras, como son el derecho a la vida, a la salud, a la protección de los niños (as) y de los trabajadores (as), del ambiente, y a una alimentación sana, entre otros. En este documento se recogen los informes de tres relatores especiales de derechos humanos de las Naciones Unidas relativos a las sustancias químicas y los desechos peligrosos, al derecho a la alimentación adecuada y a derechos humanos y medio ambiente.
No hay un relevamiento de datos sobre cáncer y otros efectos crónicos asociados a plaguicidas por parte de las autoridades y si lo hacen, estos no son púbicos.
Según se desprende de este informe, subsisten graves problemas que han sido denunciados por las comunidades afectadas como son la venta y el tráfico ilegal de plaguicidas prohibidos y obsoletos, dificultades para la disposición final de los plaguicidas obsoletos y de los desechos de plaguicidas y sus envases, contaminación de cauces superficiales y subterráneos de aguas, conflictos de interés, muertes y alta subnotificación por intoxicación aguda, escasa o nula fiscalización, normas laxas para residuos en alimentos de plaguicidas cancerígenos y disruptores endocrinos.
La exposición laboral y de niños a plaguicidas peligrosos merece especial atención pues constituye una violación a los derechos humanos fundamentales que continua sin abordarse de manera apropiada. Las investigaciones periodísticas y los estudios científicos presentados en este informe dejan en evidencia reiterados incidentes en la salud y el ambiente causados por agrotóxicos que afectan a escolares de sectores rurales, campesinos y temporeras agrícolas.
Por último, se muestran experiencias orgánicas y agroecológicas y se realizan recomendaciones orientadas a la prohibición de los plaguicidas altamente peligrosos, considerando los vacíos del marco regulatorio nacional.
[i] https://ipen.org/sites/default/files/documents/ipen-intro-edc-ES-July-2017.pdf%20.pdf
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