Marcos Paz, Argentina, 18 de agosto de 2018. Desde RAP-AL reclamamos la prohibición de los plaguicidas comenzando por los Altamente Peligrosos (PAP). Al Sr. Ministro de Agroindustria Luis Etchevehere; Al Sr. Ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable Sergio Bergman; Al Sr. Ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable Adolfo Rubinstein; A todos
Recientemente varios veredictos de la justicia internacional y afirmaciones en torno a la potencialidad de daño de los plaguicidas nos han impactado, más aún en las comunidades afectadas por dichos tóxicos. Estos reclamos y aseveraciones parecen no haber causado ninguna impresión, ni originando cambios en las apreciaciones de los tomadores de decisión respecto al registro, autorización y categorización de plaguicidas, ni en los productores respecto a su utilización y en ambos en relación con su efecto socioambiental.
En primer lugar, un fallo, establecido por el tribunal de apelaciones de San Francisco (Estados Unidos), ha impuesto a la Agencia de Protección Ambiental (EPA) un plazo de 60 días para retirar del mercado todas las formulaciones a base del principio activo conocido como clorpirifos. Mientras tanto, en nuestro país este insecticida organofosforado es ampliamente utilizado, se importaron 2.262.920 kg en el año 2017, en las producciones de hortalizas, frutas, tabaco, cereales, soja, maíz incluso en los hogares para el control de parásitos en mascotas y como preservante de la madera. Este producto puede causar trastornos en la salud a nivel agudo como vómitos, diarreas, temblores y a nivel crónico como alteraciones en el sistema nervioso expresándose como dificultad en el aprendizaje y cambios en la conducta. También puede comportarse como disruptor endócrino, es decir, una sustancia presente en el ambiente, alimentos y productos de consumo que puede interferir en la síntesis, metabolismo o la acción hormonal, provocando una desviación del control homeostático, crecimiento y reproducción normales.
También recientemente una sentencia de la Justicia de California obliga a la empresa multinacional Monsanto a pagar cerca de 290 millones de dólares a un trabajador (jardinero), llamado Dewayne Jhonson, que contrajo cáncer terminal (linfoma no hodgkin) por estar expuesto al herbicida glifosato al realizar sus tareas laborales cotidianas. La empresa nunca le advirtió sobre los graves riesgos en la salud al exponerse a este producto.Este herbicida es el más utilizado en nuestro país bajo diferentes nombres comerciales según la composición química del producto formulado y la empresa que lo produce, importándose en el año 2017 unos 53.075.469 de kilos. Este producto, que fue categorizado como probable cancerígeno por la organización mundial de la salud, además puede ocasionar daños a nivel de la expresión de los genes, alteraciones en el sistema nervioso, del sistema excretor (riñones) y mal de Parkinson.
Más cerca geográficamente a nuestro país, una magistrada de la justicia de Brasil ordenó que el gobierno federal prohíba por treinta días la utilización de varios plaguicidas que contengan, entre otros, los principios activos glifosato (herbicida), abamectina (insecticida /acaricida), Tiram (fungicida), Paraquat (herbicida) hasta que la agencia nacional de vigilancia sanitaria (ANVISA) realice una reevaluación toxicológica de estos productos. A su vez, la jueza solicitó que no conceda nuevos registros de productos que contengan algunos de los siguientes principios activos; Paration metílico, lactofem, forato, carbofurano, abamectina, paraquat y glifosato. Cabe recordar que el herbicida Paraquat se halla prohibido en la Unión Europea y que en nuestro país se ha incrementado su utilización, importándose 15.566.448 Kg en el año 2017, a partir de la aparición de plantas silvestres resistentes a las formulaciones y dosis “normales” de glifosato.
En referencia al glifosato, recientemente en la reunión de la Asociación Argentina de productores en siembra directa, Aapresid, el Dr. Adrían Cormillot, expreso “todas las asociaciones mundiales (ambientales y de salud) dicen que el glifosato no hace mal a los humanos” y que “Echarle sal a la comida es más peligroso que el glifosato”. El médico insistió en que “hay mucha animosidad por parte de algunos sectores que incluso difunden informaciones que no se condicen con lo que realmente mencionan los estudios científicos sobre los que se basan”. Claramente se relativiza que el modelo predominante, aunque no el único, basado en los monocultivos y su paquete tecnológico asociado asentado en herbicidas, insecticidas y fungicidas que causan daños en salud, como afirman serios estudios epidemiológicos, monitoreos comunitarios y estudios de laboratorio. Además, se intenta descalificar cualquier tipo de investigación que ponga en cuestionamiento el efecto de los plaguicidas en la salud de las personas y su probada contaminación del suelo, agua, aire y alimentos.
Los productos antes mencionados pertenecen al grupo de los Plaguicidas altamente peligrosos PAP (HHP en Ingles), es decir plaguicidas que presentan niveles especialmente elevados de peligrosidad aguda o crónica para la salud o el medio ambiente, según los sistemas de clasificación internacionalmente aceptados, como el de la OMS o el Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos, o por estar incluidos en los acuerdos o convenios internacionales vinculantes pertinentes. Además, se considera que podrán tratarse como altamente peligrosos, los plaguicidas que causen daños graves o irreversibles para la salud o el medio ambiente en las condiciones de uso en un país. Desde la Red Internacional de Acción en Plaguicidas (PAN) se proponen criterios adicionales para incorporar plaguicidas a la lista de los HHP, entre ellos: que la toxicidad sea fatal si es inhalado, si es perturbador endocrino, que sea muy bioacumulable, muy persistente en el agua, el suelo o los sedimentos, muy tóxico en organismos acuáticos y, por último, muy tóxico para las abejas.
En la Argentina los plaguicidas altamente peligrosos son causa importante de intoxicaciones agudas, problemas de salud crónicos y perjuicios al medio ambiente incluidos la contaminación de aguas superficiales y subsuperficiales, suelos, vegetación y afectación a los insectos benéficos, entre ellos, las abejas.
Mientras en el resto de los países se discute y toman determinaciones, en el nuestro desde los tomadores de decisión se sigue pensando que con las buenas prácticas agrícolas (BAP) se puede solucionar el problema derivado del creciente uso de plaguicidas, la exposición a los tóxicos y los daños en la salud. Quizás las buenas prácticas agrícolas posibiliten una menor exposición a los plaguicidas de quienes los aplican, pero está demostrado que no reducen el uso de agrotóxicos, no posibilitan reducir el peligro para la población expuesta y el daño ambiental , pues cuando el químico emerge de la boquilla ya sea de la mochila de aplicación manual, los vehículos autopropulsados (mosquitos) o de los aviones , nadie puede gobernar el destino de la partículas en su interacción con el ambiente según sus características químicas; evaporación, bioacumulación, arrastre por el viento, etc.
Atento a estas determinaciones y discusiones, desde RAPAL llamamos a:
- Que Las instituciones gubernamentales lleven adelante los planes y prácticas establecidas a partir de la ratificación y firma de en los convenios y estrategias internacionales sobre el manejo de sustancias químicas (SAICM) que insta, entre otras medidas, a los países a reemplazar los plaguicidas altamente peligros.
- Repensar los modos de producción agrícolas. Claramente es posible producir alimentos de manera sustentable y viable sin usar agrotóxicos a partir de estrategias, prácticas y tecnologías agroecológicas.
- Planificar la prohibición de los plaguicidas comenzando por los altamente peligrosos.
- Informar y realizar monitoreos epidemiológicos fundamentalmente en la población expuesta.
- Facilitar el acceso a la justicia ambiental a la población afectada por el efecto de los agrotóxicos.
- Fomentar las prácticas y tecnologías agroecológicas a partir del acceso a la información y con política públicas adecuadas.
Javier Souza Casadinho
Coordinador regional Red de Acción en Plaguicidas y sus Alternativas de América Latina, RAP-AL