7 de abril de 2025/ A raíz de algunas propuestas de eliminar regulaciones sobre plaguicidas y/o volver a establecer normativas laxas, desregular y bajar estándares por parte de sectores gremiales que representan a las corporaciones transnacionales y nacionales agroquímicas, y a la agroindustria, la Red de Acción en Plaguicidas de Chile/ Alianza por una Mejor Calidad de Vida y las 145 organizaciones socioambientales firmantes de la carta abierta dirigida el 7 de abril de 2025 al Servicio Agrícola y Ganadero, SAG, solicitaron que cualquier modificación a la Resolución Exenta N° 243/2025, no signifique un retroceso sino un avance.
Todo lo contenido en esta última resolución que establece obligaciones para compraventa, almacenaje, manipulación y aplicación de plaguicidas de uso agrícola en Chile, había sido solicitada a la autoridad competente desde hace más de tres décadas por RAP-Chile, ANAMURI y OLCA a raíz del alto número de intoxicaciones agudas y de los problemas de salud crónicos que sufren las comunidades rurales, el sector campesino y las trabajadoras agrícolas.
En la carta dirigida al SAG, señalan que, “no solo la población que habita o trabaja cerca de zonas agrícolas y forestales, incluidos los animales domésticos y avifauna, sufren muertes y problemas de salud asociados a la aplicación de plaguicidas sino también están seriamente afectadas la biodiversidad, las aguas superficiales y subterráneas, los humedales y las actividades económicas que desarrollan familias campesinas, apicultores, polinizadores, huerteros, agricultores y apicultores orgánicos y agroecológico de regiones del norte, centro y sur del país”. Ver Carta abierta al SAG
Señalan además que, “de acuerdo con las notificaciones de intoxicación aguda por plaguicidas (IAP) reportadas a la Red de Vigilancia de Intoxicaciones Agudas, REVEP, del Ministerio de Salud y los resultados de diversas investigaciones realizadas en el país, los plaguicidas altamente peligrosos, PAP, lideran las intoxicaciones agudas notificadas que afectan principalmente a mujeres asalariadas agrícolas, y están presentes como principal contaminante en todas las matrices investigadas; vegetal, agua, suelo y aire.
Hasta ahora, las demandas judiciales por pérdida de cultivos, animales y colmenas, y los altos costos en salud y económicos causados por las aplicaciones con plaguicidas, los han pagado las comunidades rurales e indígenas, los apicultores, agricultores y apicultores ecológicos, especialmente, los trabajadores agrícolas y las temporeras que al ser parte de la cadena de producción deben soportar las consecuencias gravosas de los agrotóxicos.
Agregan, “por tanto, para enfrentar y abordar estos graves problemas socioambientales es urgente y necesario que el país cuente con altos estándares, de modo que no se vea afectado el derecho a vivir, trabajar y desarrollar actividades económicas en ambientes limpios, sanos y sustentables. Es deber del Estado y sus instituciones cumplir con sus compromisos nacionales e internacionales en materia ambiental y de derechos humanos e intensificar sus esfuerzos para hacerlos realidad. No es posible crecer saludable en un ambiente contaminado.
Ver Carta al SAG