América Latina puede ser referente global de una nueva relación con la Tierra, con México, Argentina, Costa Rica como claves para ello
Santiago, 5 de agosto de 2020. La Red de Acción en Plaguicidas y sus Alternativas para América Latina, RAP-AL, llama a los y las defensores del ambiente, los territorios y los derechos humanos, a demandar a los gobiernos de los países de América Latina y el Caribe que firmen el Tratado de Escazú, un Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe.
El trabajo más intenso hay que desarrollarlo en estos días ante los gobiernos de Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, Granada, Guatemala, Haití, Jamaica, México, Paraguay, Perú, República Dominicana y Santa Lucia, que tienen pendiente la ratificación. En cambio, Antigua y Barbuda, Bolivia, Ecuador, Guyana, Nicaragua, Panamá, San Vicente y Granadinas, Saint Kitts y Nevis, ya lo hicieron. Con sólo dos ratificaciones más, el Acuerdo entrará en vigor. Chile, no lo ha firmado ni ratificado. Las miradas de los pueblos están esperanzadas en que México y Argentina sean los países que ratifiquen el tratado, lo que podría ocurrir entre septiembre y octubre de 2020, fecha de la segunda reunión de los países signatarios del convenio.
Para nuestra región, una de las más golpeadas por el COVID 19, este inédito acuerdo regional que por primera vez une aspectos como el derecho a la información sobre asuntos ambientales con la protección obligatoria de los defensores de la naturaleza, incorporando la justicia ambiental, puede sentar las bases para detener la destrucción ambiental en la región e involucrar nuevos actores en esta tarea. También puede contribuir a reparar el dolor de quienes han perdido sus seres queridos por el COVID 19 o dar una señal poderosa orientada a detener la acción de los sicarios asesinos de defensores de los territorios en plena pandemia.
Transnacionales y sicariato
Esta es la región más asolada por asesinatos de defensores del ambiente. En 2019, hubo 202 crímenes, y 148 de estos asesinatos ocurrieron en América Latina, más precisamente en Colombia, Brasil, México, Honduras y Guatemala, entre otros, según denuncia el último informe de Global Witness, El blanco más escogido por los sicarios fueron los defensores ambientales que buscaban detener proyectos de la agroindustria, sólo precedidos por defensores contra proyectos de la megaminería. La deforestación y los monocultivos que secan territorios o dañan la salud de campesinos y comunidades rurales, especialmente de mujeres y niños, por el uso indiscriminado de agrotóxicos altamente peligrosos, son el objetivo de lucha de comunidades que se defienden de esos nocivos impactos. Hoy no cuentan con herramientas legales de protección para su vida ni tampoco para acceder a información clave como, por ejemplo, el volumen de importaciones de glifosato, un herbicida que es posible cancerígeno, de vasto uso en la región. Tampoco se trasparentan los fondos públicos empleados por los gobiernos en la distribución del paquete tecnológico a la pequeña agricultura campesina, ni hay una vigilancia epidemiológica integral sobre el efecto crónico de los plaguicidas altamente peligrosos. Los juicios por daño ambiental por lo general sólo traen frustración a los demandantes.
La relación entre crisis ecológica global, e irrupción y transmisión del COVID19 y la violencia de las corporaciones transnacionales que ven amenazadas sus ganancias, queda de manifiesto en esos crímenes, siempre impunes. Es imperativo cambiar el rumbo y redefinir conceptos como el crecimiento, el desarrollo y la interpretación de los propios objetivos de desarrollo sostenible formulados por Naciones Unidas.
Este Acuerdo Regional firmado en Escazú, Costa Rica en marzo de 2018 fue aplaudido por las organizaciones de la sociedad civil y los defensores de los derechos humanos, y de los territorios. Fue construido tras intensos debates y negociaciones lideradas por Chile y Costa Rica y secundados por Argentina, México, Perú, San Vicente y las Granadinas y Trinidad y Tobago. Chile, el país que tiene el dudoso honor de ser parte de 36 tratados de libre comercio y muchos más acuerdos bilaterales de inversión, se ha restado de firmar Escazú invocando de forma vergonzosa razones de resguardo de la soberanía nacional. Al mismo tiempo, en Chile, el gobierno de Sebastián Piñera, so pretexto de reactivar la economía, acelera la aprobación de nuevos proyectos contaminantes, relaja las regulaciones y busca impedir la participación ciudadana con el pretexto de la pandemia. La responsabilidad del Estado de Chile en la impunidad frente al asesinato de Macarena Valdés, joven madre mapuche, defensora del agua y su territorio, ocurrido hace cuatro años, es coherente con la negación del gobierno a firmar un tratado que obliga a los estados a la justicia ambiental. En Buin, Bayer /Monsanto inauguró en 2018 una planta de producción de semillas de hortalizas que describe como una de las tres más importantes de la compañía en todo el mundo. Lo hizo sin evaluación ambiental alguna, ni transparencia ni participación informada de los vecinos. La participación ciudadana también fue negada en el proyecto de ampliación de la planta de semillas transgénicas de exportación de la localidad de Paine.
Un tratado inédito
Frente al secretismo que caracteriza a los gobiernos de esta región en materia de proyectos y normas ambientales, Escazú contempla la implementación plena y efectiva de los derechos de acceso a la información ambiental, la participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales y el acceso a la justicia en asuntos ambientales. Entrega herramientas para la protección de los derechos de todos y todas, en especial de los más vulnerables, los pueblos indígenas y las generaciones presentes y futuras, a vivir en un medio ambiente sano y construir el desarrollo sostenible. Es el primer acuerdo regional ambiental de América Latina y el Caribe, y a la vez es el primero en el mundo que incorpora disposiciones específicas sobre defensores de derechos humanos en asuntos ambientales.
Ello es hoy más necesario que nunca. América Latina es la región más afectada por ataques a líderes ambientales con 2.367 víctimas en los últimos once años (2009-2019). A pesar de la conmoción que causó a nivel internacional el asesinato de la líderesa hondureña Berta Cáceres por oponerse al proyecto hidroeléctrico Agua Zarca, el panorama para los defensores medioambientales en la región ha empeorado.
Desde que se declaró la pandemia hasta abril de 2020, seis líderes sociales y activistas han sido asesinados, y un número mayor de líderes están siendo perseguidos y amenazados de muerte, a pesar de que, en numerosos países de América Latina, al igual que el resto del mundo, rige la cuarentena. El 31 de marzo fue asesinado Zezico Rodríguez Guajajara, un respetado líder del pueblo guajajara y guardián del bosque, que vive en el territorio indígena de Araribóia, en el estado amazónico de Maranhão, en Brasil. El 23 de marzo fueron asesinados Omar y Ernesto Guasiruma Nacabera, dos indígenas embera de la comunidad de Buenavista, en el departamento de Valle del Cauca de Colombia. En Argentina, Andrés Carrasco, el científico que confirmó los efectos devastadores del glifosato y cuestionó que la ciencia esté al servicio de las corporaciones sufrió persecución, llamadas anónimas amenazantes y campaña de desprestigio por parte de las transnacionales agroquímicas.
La actual situación de crisis sanitaria mundial, que golpea desde hace meses al planeta, está causando estragos a los líderes sociales y activistas en América Latina. El confinamiento, una acción para prevenir el contagio del temido virus COVID-19, se convirtió en un arma mortal para ellos.
Justicia para los Defensores de los territorios
El artículo 9 de este tratado, en su artículo 2 referido a la protección de los defensores de derechos humanos en asuntos ambientales, dispone: “Cada Parte garantizará un entorno seguro y propicio en el que las personas, grupos y organizaciones que promueven y defienden los derechos humanos en asuntos ambientales puedan actuar sin amenazas, restricciones e inseguridad. “ Y más adelante, en el N.º 3 señala, “Cada Parte tomará medidas apropiadas, efectivas y oportunas para prevenir, investigar y sancionar ataques, amenazas o intimidaciones que los defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales puedan sufrir en el ejercicio de los derechos contemplados en el presente Acuerdo”.
El Acuerdo de Escazú busca asegurar que todas las personas tengan acceso a información oportuna y confiable, puedan participar de manera efectiva en las decisiones que afectan sus vidas y su entorno y accedan a la justicia en asuntos ambientales, contribuyendo así al cumplimiento de la Agenda 2030 de Naciones Unidas y sus Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Se trata de un acuerdo innovador porque incorpora a la sociedad civil, es decir, todos los grupos que representan el “interés público”.
Sus orígenes están en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible (Río+20) y el Acuerdo se basa en el Principio 10 de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo que tuvo lugar en 1992.
Derecho a la Información
El Artículo 5 sobre “Acceso a la información ambiental”, señala: “Cada Parte deberá garantizar el derecho del público de acceder a la información ambiental que está en su poder, bajo su control o custodia, de acuerdo con el principio de máxima publicidad”. Más adelante, continúa: “Cada Parte facilitará el acceso a la información ambiental de las personas o grupos en situación de vulnerabilidad, estableciendo procedimientos de atención desde la formulación de solicitudes hasta la entrega de la información, considerando sus condiciones y especificidades, con la finalidad de fomentar el acceso y la participación en igualdad de condiciones”. Asimismo garantiza que las personas o grupos en situación de vulnerabilidad, incluidos los pueblos indígenas y grupos étnicos, reciban asistencia para formular sus peticiones y obtener respuesta.
Los cuestionamientos que la pandemia ha levantado respecto del modelo de desarrollo económico que ha imperado en América Latina son una oportunidad para generar nuevas políticas económicas y nuevas estrategias que permitan detener una destrucción de los bosques, selva amazónica y ecosistemas que de otro modo será inexorable. Nuestra voz se une a la de todas las especies y seres que habitan Abya Yala, territorio continental rico en biodiversidad, de pueblos que tienen la herencia de culturas de enorme sabiduría para avanzar en el abandono del paradigma de la destrucción, caracterizado por un enfoque centrado solo en el ser humano y en la explotación de la naturaleza para obtener ganancias. Las disposiciones del Tratado de Escazú pueden ser usadas como un sendero que llamamos a transitar para posibilitar otra mirada, una que nos hermane y una con la naturaleza generando una convivencia de nuevo tipo, centrada en la vida y la ética del cuidado, y recogiendo la visión de los pueblos indígenas.