Santiago de Chile, 18 de agosto de 2020/ RAP-Chile/Ante el masivo rechazo ciudadano al proyecto de resolución sobre transgénicos impulsado por el Ministerio de Agricultura, el Servicio Agrícola y Ganadero, SAG, decidió suspender el trámite de la consulta pública por 90 días. Según informó el SAG a RAP-Chile, el Servicio evaluará su continuidad al término de dicho plazo. La masiva participación ciudadana en este proceso de consulta fue decisiva para lograr esta medida. Más de 7.000 personas y organizaciones realizaron observaciones en el marco de la consulta pública. La gran mayoría expresó su desacuerdo con la resolución en consulta. Solicitaron, en cambio, la adopción de políticas públicas orientadas al desarrollo de una agricultura protectora de la biodiversidad, del patrimonio genético y la salud, sin uso de plaguicidas ni transgénicos. Las diputadas Emilia Nuyado y Alejandra Sepúlveda por su parte, se sumaron al rechazo a la medida, realizando una sesión especial de la Comisión de Agricultura, en la que SAG y las organizaciones socioambientales, RAP-Chile y RADA expusieron sobre la cuestionada iniciativa de gobierno.

La consulta pública realizada por SAG en plena pandemia, cerró el pasado 15 de junio. Sin embargo, desde entonces el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) no había publicado ninguna información al respecto. Por esta razón, el 20 de julio, RAP-Chile solicitó al SAG información sobre la tramitación de la norma que remplazaría la resolución N° 1523 del año 2001 sobre la internación e introducción al medio ambiente de organismos vegetales vivos modificados de propagación. El 17 de agosto, la División Protección Agrícola y Forestal y División Jurídica del SAG, contestó, en forma oficial, informando que el trámite del proyecto en consulta se ha suspendido. Señaló además que el número de participantes en la consulta pública fue de 7.000 personas y que el Servicio está analizando las respuestas, que serán públicas, para cada comentario.

América Latina puede ser referente global de una nueva relación con la Tierra, con México, Argentina, Costa Rica como claves para ello

Santiago, 5 de agosto de 2020. La Red de Acción en Plaguicidas y sus Alternativas para América Latina, RAP-AL, llama a los y las defensores del ambiente, los territorios y los derechos humanos, a demandar a los gobiernos de los países de América Latina y el Caribe que firmen el Tratado de Escazú, un Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe.

El trabajo más intenso hay que desarrollarlo en estos días ante los gobiernos de Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, Granada, Guatemala, Haití, Jamaica, México, Paraguay, Perú, República Dominicana y Santa Lucia, que tienen pendiente la ratificación. En cambio, Antigua y Barbuda, Bolivia, Ecuador, Guyana, Nicaragua, Panamá, San Vicente y Granadinas, Saint Kitts y Nevis, ya lo hicieron. Con sólo dos ratificaciones más, el Acuerdo entrará en vigor.  Chile, no lo ha firmado ni ratificado. Las miradas de los pueblos están esperanzadas en que México y Argentina sean los países que ratifiquen el tratado, lo que podría ocurrir entre septiembre y octubre de 2020, fecha de la segunda reunión de los países signatarios del convenio.

Santiago, 2 de julio de 2020. RAP-Chile realizó lanzamiento de la versión digital y traducida al español de la obra “Transgénicos: Mitos y Verdades”, de Antoniou, Robinson y Fagan. El libro, gracias a la digitalización que realizó Editorial Quimantú, quedó al alcance de todos, porque la necesidad de regulaciones que protejan la salud y la alimentación sana tiempos de la pandemia COVID19 cobra hoy más vigencia que nunca. Estos temas fueron tratados en el foro vía zoom facilitado por la Red Internacional de Eliminación de Contaminantes, IPEN. El foro, realizado el 2 de julio de 2020, contó con exponentes de México, Ecuador, Argentina y Chile. Elizabeth Bravo, ecuatoriana, coordinadora la Red por una América Latina Libre de Transgénicos, expuso sobre Transgénicos, mitos y verdades.

RAP-Chile, Santiago de Chile, 5 de mayo de 2020/ Frente a la nueva Resolución, en consulta pública, sobre transgénicos del Servicio Agrícola y Ganadero, SAG, que establece normas para la importación, siembra confinada, permanencia y acondicionamiento de material de propagación genéticamente modificado y deroga la Resolución N°1523 de 2001, las organizaciones y personas abajo firmantes manifestamos nuestro rechazo a esta nueva resolución exprés porque vemos que tiene como único objetivo facilitar la comercialización y legalizar los cultivos de organismos genéticamente modificados (transgénicos) destinados al mercado interno. Hasta ahora en Chile sólo están permitidos los cultivos transgénicos para la producción de semillas de exportación.

Reiteramos nuestra petición de moratoria a la introducción de los cultivos transgénicos (OGM) destinados al mercado interno debido a que los cultivos modificados genéticamente, según lo comprueban estudios científicos independientes, representan un grave riesgo para la salud humana, animal y el ambiente. Después de años de uso, en el mundo y en Chile, han significado un aumento exponencial en el uso de plaguicidas, especialmente de aquellos más tóxicos que cumplen los criterios de Plaguicidas Altamente Peligrosos (PAPs) para la salud y el ambiente, como son el glifosato /RoundUp (cancerígeno para animales y posible cancerígeno para humanos según la Agencia Internacional de Investigaciones del Cáncer (IARC) de la Organización Mundial de la Salud, OMS) y otros PAPs, entre ellos, 2,4-D, glufosinato de amonio y dicamba, tóxico y responsable además de la pérdida de millones de acres de cultivos y de mortandad de abejas en EEUU.

Desde la Red de Acción en Plaguicidas y sus Alternativas de América Latina, una vez más, advertimos sobre la creciente utilización de plaguicidas en todo nuestro continente derivado tanto de la expansión de monocultivos insustentables cuanto de la permisividad de nuestros gobiernos que posibilitan el registro y comercialización de plaguicidas prohibidos en otros continentes, además de no realizar un control efectivo de su utilización

Son los niños, aun los que están por nacer, los más afectados por la aplicación de plaguicidas tanto aquellos acompañan a sus padres en la ejecución de las tareas agrícolas como los que viven o estudian en áreas donde estos productos son aplicados, ya de manera terrestre como área. En efecto, la aparición de enfermedades agudas y crónicas es especial aquellas derivadas de la acción de los productos químicos sobre el sistema nervioso, la disrupción del sistema endócrino, la alteraciones genéticas son una muestra de cómo la exposición a los plaguicidas puede comprometer el desarrollo de una vida plena a miles de niños y jóvenes.

Marcos Paz, Buenos Aires, Argentina, 29 de septiembre de 2019 /Ante la venta a precios promocionales de plaguicidas cuya prohibición de distribución y uso se inicia la semana próxima, desde RAP-AL reclamamos la aplicación inmediata del Código Internacional de Conducta de la FAO para la distribución y utilización de plaguicidas

Desde la Red de Acción en Plaguicidas, RAP-AL, informamos que mediante la Resolución del SENASA 263/18 del 9 de octubre de 2018 se prohibió la elaboración, la importación, el fraccionamiento de las sustancias activas plaguicidas carbofuran, carbosulfan, diazinon, aldicarb y dicofol y sus productos formulados. Los productos pudieron comercializarse por un año desde la entrada en vigor de esta resolución, es decir que solo podrán distribuirse y utilizarse , hasta el próximo 9 de octubre. A partir de dicha fecha se producirá la baja automática de estos productos del registro nacional de terapéutica vegetal a cargo de la Dirección nacional de agroquímicos, productos veterinarios y alimentos del SENASA, no pudiéndose aplicar en ningún tipo de cultivo o actividad.

Ante esta situación en comercios ubicados en la zona hortícola de Bs. As. , más precisamente de la ciudad de La Plata, se están haciendo promociones de venta de estos productos cuyo precio es de hasta un cincuenta por ciento menor al del precio de venta establecido en semana anteriores .

Desde RAPAL denunciamos que , además de promover la utilización de plaguicidas de probado impacto socioambiental se incumple en los acuerdos vigentes establecidos, entre los estados y las empresas productoras de plaguicidas, en el código internacional de conducta para la distribución y utilización de plaguicidas de la FAO . En este código de conducta en su artículo 11 (publicidad) , más precisamente en su apartado 11.2.18. , expresa “que los anuncios y actividades promocionales no incluyan incentivos inapropiados o premios para alentar la compra de los plaguicidas”

Ante esta situación reclamamos la inmediata actuación del ministerio de Agroindustria de la Nación y del servicio Nacional de Sanidad a fin de poner fin a estos mecanismo de venta de productos ya que constituyen un dispositivo que direcciona el manejo de insectos y enfermedades hacia la aplicación de químicos dejando de lado alternativas integrales y sustentables. A su vez reclamamos establecer medidas de control efectivas a fin de evitar la comercialización y uso de estos productos luego del 9 de octubre del presente año,

Desde RAP-AL invitamos a reflexionar y a poner en práctica modos de producción agrícolas éticos , sustentables y viables . Claramente es posible producir alimentos de manera sustentable sin usar agrotóxicos a partir de estrategias, prácticas y tecnologías agroecológicas por lo cual se hace necesario fomentar las prácticas y tecnologías agroecológicas a partir del acceso a la información y con política públicas adecuadas.

Javier Souza Casadinho

Coordinador regional Red de Acción en Plaguicidas y sus alternativas de América Latina, RAP-AL.

Red de Acción en plaguicidas y sus alternativas de América Latina

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13 septiembre 2019/ El Ministerio de Salud, con la finalidad de resguardar la salud de los costarricenses y en cumplimiento del artículo 50 de la Constitución Política de Costa Rica que establece que toda persona tiene derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado; y que el Estado garantizará, defenderá y preservará ese derecho, prohíbe el uso de herbicidas de uso profesional y uso agrícola en ambientes donde vivan, circulen, permanecen, o concurren personas ( viviendas, edificios, instalaciones públicas y privadas, comercios, vehículos públicos y privados, jardines interiores y exteriores, líneas férreas, etc.).

Estos usos no autorizados, representan un alto riesgo de exposición a toda la población ya que sus aplicaciones se realizan al aire libre, sin que los afectados estén enterados del riesgo que conlleva la exposición a los productos utilizados, provocando afectación a la Salud, posibles eventos de intoxicación e incluso la muerte.

El Ministerio de Salud, con la finalidad de resguardar la salud de los costarricenses y en cumplimiento del artículo 50 de la Constitución Política de Costa Rica que establece que toda persona tiene derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado;