Colombia: Solicitan no aplicar la Resolución 001 de enero 2017 expedida por el Consejo Nacional de Estupefacientes que echó para atrás la histórica decisión de eliminar la aspersión aérea con glifosato.

Medellín, febrero 12 de 2018. En el año 2015, la suspensión de las aspersiones con glifosato en el territorio colombiano se convirtió rápidamente en una noticia mundial. El gobierno norteamericano lamentó esta decisión y la consideró una pérdida del poder de su país para imponer su política antidrogas a un país productor como Colombia, donde uno de los focos principales de esta estrategia es el combate a la producción campesina de la hoja de coca. Sin embargo, la transición tampoco fue fácil. En 2015, el gobierno pagó un alto costo político por suspender las aspersiones. La oposición lo acusó de estar cediendo ante las entonces FARC-EP y el narcotráfico en esa materia, y su aliado histórico, Estados Unidos, que ha sido un entusiasta promotor del glifosato, se declaró decepcionado con la decisión de Santos (Semana, 2016). Ya en 2016, el Consejo Nacional de Estupefacientes echó para atrás la histórica decisión de eliminar la aspersión aérea con glifosato y abrió la puerta para que las aspersiones se reiniciaran de nuevo, sólo que ya se llaman aspersiones terrestres aunque las mismas se realicen por medio de equipos teledirigidos conocidos como drones a 1,50 mt. del suelo, que es donde se encuentra el dosel del arbusto coca, elevando en más del 100% el costo por aspersión, triplicando la dosificación del glifosato de 3.0lt/ha a 10.4lt/ha. sin que exista evidencia científica de la necesidad de incrementar la dosificación ni acatar las sentencias de la Corte Constitucional que ordenan a las autoridades colombianas que antes de utilizar el glifosato deben aportar las pruebas que contengan la certeza científica que con su aplicación no se causa daño alguno al ecosistema, incluyendo en él al ser humano y enfatizando en que debe protegerse su salud en virtud del Principio de Precaución.
Asunto: RECOLECCIÓN DE FIRMAS PARA EVITAR LA ESPERSIÓN TERRESTRE CON GLIFOSATO EN COLOMBIA. Adherir a esta petición enviando firma a: Agrodescendientes: agrodescendientes@gmail.com / Ver carta abierta al Presidente de Colombia

Medellín, febrero 12 de 2018.

Carta abierta

Doctor

Juan Manuel Santos Calderón

Presidente de Colombia

Palacio de Nariño, Bogotá, D.C.

E-mail: presidente@presidencia.gov.co

Brigadier General

Luis Enrique Méndez Reina

Aeropuerto internacional el Dorado.

Entrada 6 Catam, Bogotá D.C.

Email: jofat@policia.gov.co

Asunto: Solicitud para inaplicar la Resolución 001 de enero 2017, expedida por el Consejo Nacional de Estupefacientes.

En el año 2015, la suspensión de las aspersiones con glifosato en el territorio colombiano se convirtió rápidamente en una noticia mundial. El gobierno usamericano lamentó esta decisión y la consideró una pérdida del poder de su país para imponer su política antidrogas a un país productor como Colombia, donde uno de los focos principales de esta estrategia es el combate a la producción campesina de la hoja de coca.

En un discurso pronunciado en 2016, pocos días antes del aniversario número quince del Plan Colombia, el presidente Juan Manuel Santos Calderón enfatizaba en la necesidad de que “el Mundo entero reconozca que la guerra contra las drogas que se decretó hace cuarenta años no se ha ganado, y si no se ha ganado después de cuarenta años, es porque algo estamos haciendo mal” (Efe, 2016).

Horas más tarde, el mandatario explicó: “hemos fracasado en darles a los miles de campesinos una alternativa para que, en lugar de estar produciendo coca, produzcan algo diferente. Y mientras eso no suceda, la producción de coca seguirá” (Presidencia de la Republica, 2016). Por primera vez, el presidente colombiano cuestionaba públicamente la efectividad de los programas de desarrollo alternativo, que en el país han sido cofinanciados por las agencias bilaterales y multilaterales de cooperación internacional. Con estas palabras, el presidente Santos Calderón invitaba a repensar las estrategias empleadas durante más de tres décadas en la lucha contra las drogas (Torres, 2016).

Estudios y sentencias reafirman los peligros para la salud por el uso de este herbicida

La Agencia Internacional para el Estudio del Cáncer (IRAC), de la Organización Mundial de la Salud (OMS), después de un riguroso estudio de un año concluyó que se debía reclasificar al glifosato como una sustancia tipo 2A, es decir, aquella que puede causar cáncer a los humanos, luego de que se encontrara una relación directa de este herbicida con el linfoma no Hodgkin, que es el cáncer del sistema linfático. Esta reclasificación del glifosato dio un evidente impulso a evitar su uso en los programas de erradicación.

La Corte Constitucional soportó esa posición en las Sentencias SU 393 de 2003, T 236 de 2017, T 80 de 2017, Auto 073 de 2014, en las cuales el Alto Tribunal de manera reiterada ha sido enfático en la obligatoriedad que tienen las autoridades de aplicar el constitucional Principio de Precaución y de diseñar unas políticas de erradicación de cultivos protegiendo los derechos fundamentales y colectivos de las comunidades tales como la salud, el goce de un ambiente sano, y protegiendo de manera especial, los Ecosistemas, incluyendo: las fuentes de agua, los cultivos agrícolas (de uso lícito), los suelos y exigiendo a las autoridades que las políticas encaminadas a la erradicación de los cultivos de cuya producción se hace un uso ilícito, estén en armonía con los Derechos anteriormente mencionados que gozan de protección constitucional, asimismo con el bloque de constitucionalidad.

Finalmente en las negociaciones de La Habana, las entonces FARC-EP sostenían la necesidad de promover la erradicación manual de dichos cultivos y su sustitución, y en el acuerdo final de noviembre 24 de 2016, numeral 4.1, titulado “Programas de sustitución de cultivos de uso ilícito..”, se lee claramente, en el subnumeral 4.1.1, ‘Construcción conjunta participativa y concertada’, lo siguiente: “la transformación de los territorios y las alternativas para las comunidades que habitan las zonas afectadas por los cultivos de uso ilícito, estén o no directamente involucradas con estos cultivos, partirán de la construcción conjunta y participativa entre estas y las autoridades nacionales, departamentales y municipales, de la solución al problema de los cultivos de uso ilícito y la superación de las condiciones de pobreza. La construcción conjunta toma como base la decisión de las comunidades —hombres y mujeres— de abandonar estos cultivos y transitar mediante la sustitución hacia otras actividades económicas. La concertación con las comunidades es prioritaria para planificar y establecer los lineamientos de ejecución y control del Programa en el territorio”. Si miramos lo anterior, con la política de la aspersión precipitada de gran parte del territorio nacional se viola el núcleo del acuerdo, que es la participación consciente de las comunidades en la erradicación de cultivos de uso ilícito y en la sustitución de estos por otros que las favorezcan.

Haciendo lo mismo, nuevamente se esperan resultados diferentes

El viraje en la política de drogas fue uno de los trabajos más articulados del gobierno Santos. En 2015, por primera vez diseñó una política propia contra las drogas, para tratar de interpretar las complejidades del territorio, y no solo seguir los enfoques de la DEA que hoy en día están en entredicho en el Mundo (Semana, 2016).

Sin embargo, la transición tampoco fue fácil. En 2015, el gobierno pagó un alto costo político por suspender las aspersiones. La oposición lo acusó de estar cediendo ante las entonces FARC-EP y el narcotráfico en esa materia, y su aliado histórico, Estados Unidos, que ha sido un entusiasta promotor del glifosato, se declaró decepcionado con la decisión de Santos (Semana, 2016).

Ya en 2016, el Consejo Nacional de Estupefacientes echó para atrás la histórica decisión de eliminar la aspersión aérea con glifosato y abrió la puerta para que las aspersiones se reiniciaran de nuevo, sólo que ya se llaman aspersiones terrestres aunque las mismas se realicen por medio de equipos teledirigidos conocidos como drones a 1,50 mt. del suelo, que es donde se encuentra el dosel del arbusto coca, elevando en más del 100% el costo por aspersión, triplicando la dosificación del glifosato de 3.0lt/ha a 10.4lt/ha. sin que exista evidencia científica de la necesidad de incrementar la dosificación ni acatar las sentencias de la Corte Constitucional que ordenan a las autoridades colombianas que antes de utilizar el glifosato deben aportar las pruebas que contengan la certeza científica que con su aplicación no se causa daño alguno al ecosistema, incluyendo en él al ser humano y enfatizando en que debe protegerse su salud en virtud del Principio de Precaución.

Finalmente, la Policía Nacional – Dirección de Antinarcóticos presentó la solicitud de modificación del Plan de Manejo Ambiental para la actividad denominada “Programa de Erradicación de Cultivos Ilícitos mediante la Aspersión Aérea con el herbicida Glifosato — PECIG ante la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA, para dar paso al Programa de Erradicación de Cultivos Ilícitos mediante Aspersión Terrestre con Glifosato – PECAT a nivel nacional, focalizado en los departamentos de Antioquia, Córdoba, Norte de Santander, Santander, Bolívar, César, Caquetá́, Putumayo, Valle del Cauca, Cauca, Nariño, Chocó, Guaviare, Meta y Vichada.

Invocamos el principio de Precaución

El Consejo Seccional de Plaguicidas del Departamento de Antioquia que es un ente de carácter asesor para el Departamento de Antioquia en temas de Plaguicidas, creado por el Decreto 1843 de 1991 del Ministerio de Salud, , recibió una comunicación fechada en Bogotá el 10 de enero de 2018 y recibida el día 25 del mismo mes “informando operaciones de aspersión terrestre” por medio del Programa de Erradicación de Cultivos ilícitos mediante Aspersión Terrestre con Glifosato – PECAT, que según la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA cumple estrictamente con el Plan de Manejo Ambiental.

Luego de dos reuniones extraordinarias del Comité Técnico de este órgano asesor, se aprobó enviar a ustedes esta Carta Abierta: “Solicitando la inaplicación de la Resolución 001 de enero 11 de 2017 emitida por el Consejo Nacional de Estupefacientes “por la cual se autoriza la erradicación de cultivos ilícitos mediante aspersión terrestre con glifosato PECAT”.

Asimismo manifestamos que estamos de acuerdo con el Gobierno Nacional en la necesidad de eliminar de la economía campesina el cultivo de la hoja de coca; para lo cual consideramos que es necesario hacer una sustitución por cultivos agrícolas que le garanticen al campesino su sobrevivencia digna ya que la razón por la cual, ellos se dedican al cultivo de la hoja de coca es la subsistencia en condiciones de marginalidad; lo que hace urgente una política rural incluyente; en la cual el campesino cuente con los derechos ciudadanos y por lo tanto, el mercado agrícola esté garantizado para él; en condiciones como sujeto campesino, lo que implica seguridad social, acceso a los servicios de salud, vivienda digna, servicios públicos, acceso a la educación, disponibilidad de medios de transporte, seguridad para desarrollar programas de sustitución de cultivos. Para nadie es un secreto que las ganancias de este mercado ilícito no son para la población campesina que está totalmente desprotegida y arriesgando su vida a las presiones de los grupos criminales que se enriquecen de este mercado.

Ver anexo técnico

Literatura citada

Efe (2016, 28 de enero). Santos propone revisar la política antidroga global para su mayor efectividad.

Retrieved February 2, 2016, from http://www.efe.com/efe/america/politica/santos-propone-revisar-la-

Politica-antidrogas-global-para-mejorar-su-efectividad/20000035-2823906

Presidencia de la Republica. (2016). Palabras del Presidente Juan Manuel Santos en la visita a la Universidad Nacional de Colombia. Retrieved February 2, 2016, from

Http://es.presidencia.gov.co/discursos/Palabras-del-Presidente-Juan-Manuel-Santos-en-la-visita-a-la- Universidad-Nacional-de-Colombia

Semana, 2016. La polémica propuesta de volver a las fumigaciones. 9/4/2016. From http://www.semana.com/mundo/articulo/la-polemica-propuesta-de-volver-a-las-fumigaciones/492504

Torres, MC. 2016. La coca campesina en Colombia: los desafíos para el posconflicto. Desarrollo y Paz Territorial. from http://redprodepaz.org.co/sabemos-como/wp-content/uploads/2016/05/Coca-Campesina.pdf

Respetados Señor Presidente Santos Calderón Y Señor Brigadier General Méndez Reina, les presento mis consideraciones distinguidas.

Lilliam Eugenia Gómez Álvarez, PhD.

Eco-Etología, Ing. Agrónoma

Presidente Consejo Seccional de Plaguicidas de Antioquia.

Asesoría Jurídica: Gloria María Múnera Congote. – Abogada Especialista en Derecho del Medio Ambiente. Y el Comité técnico, Consejo Seccional de Plaguicidas de Antioquia.

ADHECIONES A ESTA CARTA

Lilliam Eugenia Gómez Álvarez, presidente del Consejo Seccional de Plaguicidas de Antioquia.

María Ossaba, Directora de la Prensa Alternativo: La Pluma dice lo que el Hombre Calla, María Mercedes Moreno, Directora de MamaCoca.

Fausto Giudice, Director Réseau Tlaxcala

Julio César Maya Gualdro, Comité Coordinador, como instancia directiva, Corporación para la Educación Integral y el Bienestar Ambiental – Ceiba.

Javier Márquez Valderrama, Corporación Ecológica y cultural, Penca Sábila

Consuelo Montoya Giraldo, Representante Legal, Corporación de Estudios, Educación e Investigación Ambiental CEAM

Miguel Ángel Restrepo Múnera, Corporación para la Investigación y Ecodesarrollo Regional, CIER.

Gloria María Fernández Ceballos. Directora de BIOZOO

Hernán Pérez Zapata, Director Periódico INFOAGRO.

Luz Elena Martínez, Directora de la Corporación GAIA.

Guillermo Yepes Jaramillo, Coordinador Colectivo Regional de Apoyo a la Vía Campesina.