18 de junio de 2026, Santiago de Chile. El Servicio Agrícola Ganadero (SAG) acaba de publicar un proyecto de Resolución para establecer nuevos requisitos para la comercialización de semilla corriente, entendiendo por semilla corriente toda aquella que no ha sido certificada. Aunque no lo diga explícitamente, es una resolución que afectará todas las semillas actualmente en manos campesinas, de comunidades indígenas y de agricultores y agricultoras urbanas.

El texto es una vuelta de tuerca más en la ofensiva de las empresas semilleras por despojar a comunidades indígenas, campesinas y de la agricultura urbana de su derecho a utilizar, comercializar e intercambiar semillas libremente, tal como se ha hecho durante toda la historia de la agricultura.

La resolución que está siendo redactada es la continuación empeorada de una resolución del año 2022. El nuevo texto reitera algunas reglas fijadas en 2022 y agrega nuevas exigencias que, en conjunto, criminalizan y buscan imposibilitar el intercambio y la comercialización de semillas por parte de quienes se dedican a la agricultura y entrega a las empresas y a especuladores con dinero el monopolio de las semillas. 

Los elementos más graves del texto son los siguientes:

1.- El intercambio de semillas es definido como comercio, por tanto, queda sometido a esta resolución.

2.-La resolución impone condiciones para la comercialización y el intercambio que son imposibles de cumplir por las siguientes razones:

a) Exige que las variedades a ser intercambiadas o comercializadas sean descritas en detalle y que toda semilla de una determinada variedad cumpla plenamente con esa descripción, ignorando así que las semillas campesinas y tradicionales son y necesitan ser heterogéneas y en permanente evolución. La exigencia de coincidir con una descripción determinada es imposible de cumplir y sólo abre la puerta a que quienes comercialicen o intercambien su semilla queden expuestos a confiscaciones o multas que pueden superar los 7 millones de pesos.

b) El tipo de descripción que se exige debe hacerse de acuerdo a las normas definidas por la UPOV, que es la organización que busca privatizar las semillas en el mundo entero e imponer penas de cárcel a quienes no respeten tales reglas. La descripción de UPOV incluye detalles que no tienen importancia agrícola, pero que sólo pueden ser determinados por especialistas a los que habría que contratar para cumplir con los requisitos.

c) A los costos anteriores se agregan exigencias de envasado, etiquetado, almacenamiento e inscripción que resultan caras y complicadas, haciendo que el intercambio o la comercialización sea económicamente inviable o implique riesgos inaceptables al no poder cumplir con la normativa.

3.-El nuevo texto crea un registro obligatorio de todos quienes vayan a intercambiar o comercializar semillas, para lo cual debe además cumplir con una larga lista de requisitos, entre los que se encuentra una descripción detallada de lo que se va a intercambiar o comercializar, envases y etiquetas obligatorias, bodegas con determinadas características, documentación comercial (como facturas) y otros, todo ello asociado a costos indeterminados y a multas elevadas si no se cumple con la reglamentación. Este nuevo requisito convierte en delincuentes a todos y todas quienes participen en intercambios de semillas y convierte la venta de semillas propias en un riesgo que no se puede asumir.

4.-A partir de la nada y sin ningún fundamento legal, el texto en redacción crea la figura de “representante de una variedad”, definido como aquel que inscribe una variedad en el registro a ser mantenido por el SAG. No hay exigencia alguna para ser “representante”, sólo debe identificarse, entregar la descripción y una muestra de la semilla a la que busca “representar”, así como pagar la tarifa que el SAG fije. Puede ser una persona o una empresa, nacional o extranjera; no necesita haber producido la semilla, no necesita pertenecer a una comunidad campesina o indígena, no necesita ser agricultor. Puede ser simplemente una persona o una empresa con suficiente dinero que se dedique a pagar a especialistas en las normas de UPOV para que describan variedades campesinas o tradicionales y las registren con ellos como representantes.

¿Qué poder tendrá quien se convierta en “representante de una variedad”? No lo sabremos porque el texto propuesto lo deja abierto. Pero conociendo la historia de la privatización de las semillas y la ambición sin límite que han mostrado consistentemente las empresas semilleras, todo esto abre la puerta a que en un poco tiempo más las empresas estén exigiendo que los “representantes” obtengan algún tipo de derecho de propiedad o de exclusividad comercial. En otras palabras, lo propuesto por el SAG establece las bases para que la privatización de las semillas campesinas se pueda hacer por la vía administrativa.

El texto propuesto por el SAG tiene el claro sello de ANPROS, asociación que agrupa a las empresas semilleras, incluidas transnacionales como Syngenta, Bayer y Monsanto. Por años, ANPROS ha dicho que no le interesan las semillas campesinas, pero en la práctica busca imponer leyes que sí permitirían la privatización y apropiación de esas semillas y ha buscado criminalizar el libre intercambio de semillas.

El SAG llama ahora a una “consulta ciudadana”, pero su historial en torno a las semillas muestra que no escucha a la ciudadanía. Las medidas que el actual gobierno ha impulsado para la agricultura muestran además que se busca abandonar y arrinconar a la agricultura campesina e indígena y privilegiar los intereses de las empresas y el agronegocio.

Como ANAMURI y Alianza por una Mejor Calidad de Vida, RAP-Chile, llamamos a expresar el más absoluto rechazo a las medidas propuestas por el SAG, a cuidar nuestras semillas para que ellas sigan vivas, a mantener los intercambios como un derecho y un deber que hemos heredado de nuestros ancestros y especialmente nuestras ancestras.

Las semillas son un patrimonio de los pueblos que hemos puesto al servicio de la humanidad. Nos negamos a dejarlas en manos de empresas y organismos que solo buscan maximizar las ganancias de unos pocos. Por la soberanía alimentaria, por el derecho a la alimentación de todas y todos, defenderemos, cuidaremos y compartiremos nuestras semillas baj  o nuestras reglas y nuestros principios.

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rapal.contacto@gmail.com

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