25 de junio de 2026/ Por Fernando Bejarano González, Director de RAPAM/ El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) dio a conocer el día de ayer un informe en inglés sobre “El impacto silencioso de los plaguicidas en la niñez”. Este informe lo titula “Underestimated and Overlooked” que traducido sería “Subestimado y pasado por alto”; es decir, la agencia de la Organización de las Naciones Unidas encargada de proteger y promover los derechos de todos los niños, niñas y adolescentes reconoce que no se le ha dado la atención que merece por las autoridades de salud el impacto de los plaguicidas en la niñez y urge a tomar medidas para promover cambios en las políticas y reconocerlo como un grave problema de salud pública.
De acuerdo con la página de UNICEF “este informe revela cómo la rápida expansión mundial del uso de plaguicidas —que se duplicó con creces entre 1990 y 2022— ha superado ampliamente las medidas de protección para la infancia. La niñez es especialmente vulnerable a las sustancias químicas tóxicas presentes en los plaguicidas, ya que la exposición comienza incluso antes del nacimiento y continúa durante toda la infancia debido al desarrollo de sus cuerpos, comportamientos como llevarse las manos a la boca, la lactancia materna y una mayor ingesta de alimentos, agua y aire en relación con su tamaño corporal”. Y agrega “La exposición se produce por múltiples vías, incluyendo alimentos y agua contaminados, aire y polvo, deriva de plaguicidas, almacenamiento inadecuado, residuos transportados al hogar y trabajo infantil en la agricultura. Nuevos análisis sugieren que hasta 490 millones de niñ@s y adolescentes podrían estar expuestos a plaguicidas agrícolas, mientras que el biomonitoreo muestra que la gran mayoría de los niñez en países de altos ingresos presentan residuos de plaguicidas detectables en sus cuerpos”.
El informe subraya que “la verdadera magnitud del daño sigue subestimada para la niñez a nivel mundial, ya que las intoxicaciones por plaguicidas y las muertes tienen un subregistro en los sistemas de datos globales, y los riesgos se agravan para los 83,4 millones de niñ@s que trabajan en la agricultura”. Los impactos en la salud que destaca el informe se manifiestan en muertes por intoxicación accidental o intencional, defectos de nacimiento, muertes fetales, riesgo de abortos espontáneos, distintos tipos de cáncer, desarrollo de tumores cerebrales, efectos en el neurodesarrollo como déficit en la coordinación y memoria, y alteraciones hormonales durante etapas críticas del desarrollo, entre otros.
Es afortunado que el subtítulo del informe de UNICEF diga que es un impacto silencioso pues destaca que no hay datos proporcionados por la ausencia de una vigilancia epidemiológica en un gran número de países, a pesar de la peligrosidad intrínseca de muchos de los plaguicidas a los que las niñas, niños y adolescentes están expuestos. En México los llamados para atender este grave problema, presentando evidencia científica, han venido de investigador@s en universidades públicas y redes especializadas en la toxicología de los plaguicidas y en salud ambiental, pero no hay una política nacional de salud que atienda esta situación.
El informe de UNICEF exige una acción urgente y coordinada en materia regulatoria, agrícola, en los sistemas de salud y de la sociedad, que su página electrónica resume en los siguientes puntos:
Recomendaciones
1) “Fortalecer las normas y la evaluación de riesgos para tener en cuenta las vulnerabilidades específicas de la infancia.” El informe recomienda “Priorizar las normas sobre plaguicidas que pongan el bienestar de la niñez en primer lugar” y tomar “un enfoque precautorio” para proteger a la niñez de los efectos de los plaguicidas considerando la falta de datos. Desgraciadamente, en la función de búsqueda del documento en PDF no encontramos una mención explícita sobre el principio precautorio, como han planteado otros relatores especiales de Naciones Unidas que analizan el vínculo de la violación de derechos humanos y la exposición a los plaguicidas.
2) “Eliminar gradualmente los Plaguicidas Altamente Peligrosos, reducir la toxicidad ambiental relacionada con su uso y fomentar la alineación con instrumentos internacionales como el Marco Mundial sobre Sustancias Químicas de 2023.” En este Marco Mundial se ha llamado a formar de manera voluntaria una Alianza Global sobre Plaguicidas Altamente Peligrosos (PAP), que como hemos reportado en RAPAM ha recibido el apoyo del gobierno de México en los foros internacionales, pero no se ha implementado una política coherente a nivel nacional para lograr la prohibición progresiva de los plaguicidas de amplio uso y no solo los que ya no tengan un interés comercial para la industria. El informe de UNICEF hace un recuento de los distintos convenios vinculantes y voluntarios que reconocen la necesidad de la eliminación progresiva de los PAP.
3) ¨Eliminar el trabajo infantil en la agricultura y proteger a toda la niñez de los riesgos de los plaguicidas.” El informe estima que la agricultura concentra la mayor proporción de niños en situación de trabajo infantil, con un 61 % a nivel mundial y estima en 84. 3 millones de niños y niñas potencialmente expuestos a los plaguicidas, sea que los usen directamente o por la deriva de las aspersiones agrícolas.
4) “Reducir el riesgo de los plaguicidas mediante la promoción de prácticas agroecológicas, la implementación del manejo integrado de plagas y de vectores, la limitación de aplicaciones no esenciales y el desarrollo de alternativas sostenibles.” Es un gran acierto que el informe destaque la promoción de las prácticas agroecológicas para reducir el riesgo de los plaguicidas y cite parte de las recomendaciones del relator especial de las Naciones Unidas sobre el derecho a la alimentación de transformar la agricultura industrial y no continuar con el mito de que los plaguicidas son esenciales para alimentar el mundo (punto 6.4.1).
5) “Reducir los impactos mediante el monitoreo, el establecimiento de zonas de amortiguamiento alrededor de donde los niños viven, aprenden y juegan, la mejora del manejo de la deriva de plaguicidas, la inocuidad alimentaria y las medidas de seguridad laboral.” Profundizar en este aspecto del informe será de interés a los que están luchando en México porque los municipios puedan establecer áreas de amortiguamiento donde no se permita el uso de plaguicidas cerca de escuelas donde las niñas y niños están expuestos a la deriva; y es relevante en la discusión actual sobre la actualización de la Norma Oficial Mexicana sobre la aplicación aérea de plaguicidas para establecer criterios sanitarios y ambientales.
6) “Ampliar la educación sobre los riesgos de los plaguicidas, incluyendo su almacenamiento y manipulación, la prevención de la exposición en el hogar y a través de la dieta.” Encontramos en el informe la recomendación de que “en instituciones estatales como escuelas, jardines de infancia y guarderías, los gobiernos y los municipios también pueden dar ejemplo y adoptar medidas para la contratación pública sostenible, garantizando que se ofrezcan alimentos libres de plaguicidas” ( punto 6.6.4) algo sin duda a considerar por los Comités de Alimentación que se deben de formar según la Ley General de Alimentación Adecuada y Sostenible, en espera aún de que se publique su reglamento.
7) “Fortalecer los sistemas de salud mediante el establecimiento de centros de control de intoxicaciones, la capacitación de trabajadores de la salud y la vigilancia epidemiológica.”
Sin duda, este informe de UNICEF de 84 páginas, con amplias referencias, debe ser leído seriamente por los grupos de la sociedad civil y las autoridades federales y estatales de salud en México, especialmente por la Comisión Federal de Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) y poner la salud de la niñez en el centro de sus acciones. Se requiere liderazgo del sector salud para impulsar cambios en la política pública que lleve a la prohibición progresiva de los plaguicidas altamente peligrosos, como hemos planteado numerosos grupos de la sociedad civil y la recomendación 82/2018 de la Comisión Nacional de Derechos humanos, mediante en un plan sectorial con metas medibles y monitoreables involucrando un esfuerzo intersecretarial, especialmente de las autoridades federales de Cofepris, Sader y Semarnat en coordinación con las autoridades estatales.
Fuente: https://www.unicef.