El ingeniero agrónomo Javier Souza Casadinho, Coordinador Regional de la Red de Acción en Plaguicidas y sus Alternativas de América Latina (RAP-AL) y docente e investigador de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires, analiza la profundización del agronegocio en la región, las amenazas sobre las semillas campesinas, el avance de los transgénicos y la importancia histórica del juicio por contaminación con agrotóxicos en Pergamino, cuyo reciente fallo absolutorio para los productores acusados representó un duro revés para las familias afectadas.

En distintos países de América Latina observamos gobiernos que promueven la desregulación ambiental y facilitan la expansión de actividades extractivas. ¿Estamos viviendo una nueva ofensiva del agronegocio en la región?

Más que una nueva ofensiva, diría que estamos frente a la profundización de una lógica que existe desde hace décadas. En nuestros países se repite el mismo discurso: hay que producir más alimentos para combatir el hambre, generar divisas y promover el desarrollo. Es una narrativa que escuchamos desde hace más de cincuenta años.

Dentro de esa lógica aparecen los fertilizantes, los plaguicidas, los transgénicos y ahora la edición génica, siempre presentados como soluciones tecnológicas a problemas complejos. Sin embargo, los datos muestran otra realidad. En Argentina, durante los últimos treinta años, la superficie agrícola aumentó un 167%, la producción cerca de un 240%, pero el uso de plaguicidas creció un 1.670%.

Además, según investigaciones realizadas por RAP-AL y PAN, en Argentina se utilizan más de 140 sustancias que están prohibidas en otras partes del mundo. También se aprobaron cerca de 70 transgénicos en distintos cultivos. La promesa era que estas tecnologías reducirían el uso de plaguicidas, pero ocurrió exactamente lo contrario.

A esto se suma una batería de políticas que reducen impuestos, flexibilizan regulaciones y facilitan inversiones en sectores extractivos. Lo vemos en la agricultura, pero también en la minería y otras actividades que profundizan la concentración económica y la presión sobre los bienes comunes, especialmente el agua.

Usted ha señalado que quien controla las semillas controla buena parte del sistema alimentario. ¿Por qué la disputa por las semillas es hoy una de las batallas estratégicas más importantes para los pueblos de América Latina?

Porque la semilla no es solamente un insumo agrícola, es identidad, cultura, historia y autonomía. Es la base de la alimentación y de la continuidad de la vida.

Argentina tiene una ley de semillas de 1973 que, pese a su antigüedad, permite que productores y comunidades guarden, intercambien y mejoren sus semillas. No impide el uso propio ni convierte a las semillas en una mercancía completamente privatizada.

Desde los años noventa distintos gobiernos intentaron modificar esa legislación para fortalecer los derechos de las empresas semilleras. La presión siempre apunta en la misma dirección, que es restringir el uso propio, cobrar regalías por la reutilización de semillas y avanzar hacia esquemas más cercanos a UPOV 91.

Lo que está en juego es el derecho de las comunidades a conservar, intercambiar y reproducir semillas que fueron seleccionadas y mejoradas durante generaciones. Muchas variedades que hoy existen fueron preservadas por campesinos y campesinas porque no tenían valor comercial para las empresas.

Por eso sostenemos que las semillas deben seguir siendo libres. No puede impedirse su intercambio ni obligar a quienes las utilizan a pagar permanentemente por algo que históricamente ha sido un patrimonio colectivo.

En varios países se impulsan reformas legales y administrativas que fortalecen los derechos de propiedad intelectual sobre las semillas. En Chile existe preocupación por iniciativas que podrían restringir el libre intercambio y conservación de semillas campesinas. ¿Qué consecuencias podría tener esto para la soberanía alimentaria y la agricultura familiar?

Las consecuencias serían muy profundas. En primer lugar, aumentaría la dependencia económica de las familias productoras, que tendrían que comprar semillas cada temporada. Pero el impacto más grave sería cultural y político.

Cuando se limita el intercambio de semillas también se restringe la circulación de conocimientos, la experimentación local y la capacidad de adaptación de las comunidades a sus propios territorios.

Me gusta una frase que escuchamos en un encuentro de semillas: “Cada semilla tiene la identidad de la comunidad que la cuida”. Ahí está la clave. Las semillas son parte de la memoria colectiva y de la diversidad biológica construida por los pueblos.

Después de casi tres décadas de expansión de los cultivos transgénicos en Argentina, ¿cuál es el balance social, ambiental y sanitario que deja este modelo? Hoy, la industria presenta los cultivos editados genéticamente como una innovación distinta a los transgénicos.

Vemos que se repiten las mismas promesas que acompañaron a los transgénicos hace treinta años. Se dijo que iban a reducir el uso de plaguicidas, disminuir la deforestación, mejorar la calidad nutricional de los alimentos y generar más empleo. Ninguna de esas promesas se cumplió.

La edición génica aparece hoy con argumentos similares. Se plantea que resolverá problemas vinculados a la sequía, la productividad o determinadas características nutricionales. Sin embargo, seguimos sin conocer completamente las consecuencias de intervenir genéticamente organismos que son resultado de miles de años de evolución.

Además, cuando analizamos la experiencia concreta de los transgénicos en Argentina encontramos una fuerte asociación con el aumento del uso de plaguicidas, la expansión de monocultivos y los procesos de deforestación.

No siempre es posible establecer relaciones lineales de causa y efecto, pero sí existen correlaciones muy claras que no pueden ser ignoradas.

Frente a este escenario, ¿qué lugar ocupa la agroecología?

La agroecología ya no es solamente una propuesta impulsada por organizaciones campesinas o movimientos sociales. Hoy existen experiencias exitosas desarrolladas por productores familiares y cooperativas.

Lo que muestran los estudios que realizamos en distintos países es que la agroecología es viable económica, social y ambientalmente. Los productores obtienen ingresos, reducen costos al no depender de fertilizantes y plaguicidas, y fortalecen la autonomía productiva.

Pero además aparecen otros aspectos muy importantes, como la calidad de los alimentos, la recuperación de los suelos, el cuidado del agua, la biodiversidad y una relación diferente con la naturaleza.

En muchos casos los productores destacan algo que rara vez aparece en los análisis económicos, que es la satisfacción de producir alimentos sanos y de trabajar de una manera coherente con sus valores.

Esta semana se conoció la sentencia del juicio por contaminación con agrotóxicos en la localidad bonaerense de Pergamino, contra siete productores y dos funcionarios municipales. Usted ha acompañado este proceso desde sus inicios.

Es un caso emblemático para toda América Latina. Las comunidades comenzaron a organizarse cuando empezaron a observar problemas de salud, muerte de animales, afectaciones en huertas y otros impactos asociados a las fumigaciones.

Como ocurre en muchos territorios, primero intentaron resolver la situación mediante ordenanzas municipales y mecanismos administrativos. Cuando esas herramientas no fueron suficientes, el conflicto llegó a la justicia.

El juicio pone en evidencia la enorme dependencia de plaguicidas que caracteriza al modelo agrícola dominante y también las falencias de los sistemas de control. Muchos de los plaguicidas involucrados en esta causa judicial están prohibidos en numerosos países, pero siguen utilizándose en Argentina.

También muestra que las comunidades organizadas pueden construir evidencia, sostener procesos largos y exigir responsabilidades a productores y funcionarios públicos.

El Tribunal Oral Federal N° 2 de Rosario absolvió a siete productores por delitos ambientales producto de las fumigaciones con agrotóxicos en Pergamino, pero condenó a dos funcionarios municipales responsables del control y cuidado de la población. 

¿Qué significa esta sentencia para las comunidades afectadas y para la lucha contra las fumigaciones con agrotóxicos?

Al conocerse la sentencia respecto al juicio que se venía llevando en Pergamino, asistimos con mucha bronca, impotencia y dolor a que no se atendieran las solicitudes de los damnificados, de la familia Ortiz en su conjunto y, seguramente, de otros ciudadanos del partido que también lucharon para que esto fuera efectivo.

La absolución nos demuestra, una vez más, que los distintos actores de los poderes públicos, el poder legislativo y el poder judicial, aquellos que tienen que tomar las decisiones fuertes, en principio para establecer las normativas y hacerlas cumplir, no lo están haciendo. Mucho dolor, mucha impotencia, mucha bronca y, fundamentalmente, el acompañamiento a Sabrina Ortiz y a su familia en este momento.

En Argentina se puede ir a otras instancias, se podrá llegar a una segunda instancia para que haya otro fallo, incluso se puede llegar hasta la Corte Suprema. Pero todo desgasta; desgasta y es dolor, es bronca, es impotencia y es trabajo.

La familia Ortiz lleva las secuelas de este modelo productivo, de este sistema agroalimentario altamente contaminante. Está en su cuerpo y lo han demostrado. Lamentablemente, una vez más, la justicia argentina no protege la salud, no protege el derecho humano más importante que tenemos, que es nuestro cuerpo.

Tras esta sentencia, ¿qué espera de las próximas etapas del proceso y de lo que este caso pueda generar?

Espero que este proceso continúe en las instancias superiores y que finalmente exista una condena acorde con la gravedad de los hechos, reconociendo el daño sufrido por las familias afectadas.

También espero que este caso se convierta en un antecedente para otras comunidades afectadas. Que sirva para fortalecer ordenanzas, impulsar nuevas regulaciones y reafirmar que las normas ambientales deben cumplirse.

Al mismo tiempo, me parece fundamental que este juicio contribuya a instalar una discusión más amplia: no se trata solamente de sancionar prácticas dañinas, sino también de demostrar que existen otras formas de producir.

La agroecología muestra que es posible producir alimentos de manera rentable, cuidar la salud de las personas y proteger los ecosistemas. Ese es, quizás, uno de los aprendizajes más importantes que puede dejar este proceso.

Oficina de Comunicaciones y Administración de RAP-AL