San Nicolás, Buenos Aires, Argentina, 22 de marzo de 2024/ Una vez más aparecen problemas con la empresa química Atanor, ubicada en el partido de San Nicolás en la provincia de Buenos Aires, relacionados con la producción de plaguicidas. Esta vez, el 20 de marzo de 2024, se produjo un incremento en la presión de un reactor mientras se estaba realizando la producción del herbicida Atrazina, lo cual implico que se desprendiera la tapa del aparato posibilitando la liberación al medio de un precursor del herbicida denominado Cloruro de cianurilo.

Este producto, que reacciona violentamente con agua, al descomponerse libera ácido cianúrico, ácido clorhídrico y calor. Si los seres humanos inhalamos este producto se produce en nuestras vías respiratorias la sensación de quemazón, tos, dificultad inhalatoria, jadeo y dolor de garganta. La inhalación prolongada o repetida puede originar asma, a su vez, la aspiración del vapor o humo puede causar edema pulmonar. Por su parte, si el producto alcanza nuestra piel produce enrojecimiento, mientras que el contacto prolongado o repetido puede producir sensibilización de la epidermis. Los efectos pueden aparecer de forma no inmediata y se recomienda vigilancia médica cuando existió una exposición a este producto. Esta sustancia tóxica se esparció en el ambiente de San Nicolás bajo la forma de un polvo blanco depositándose desde los patios y techos de las casas hasta las calles. El producto pudo tomar contacto con el agua de lluvia o acumulada, situación que posibilita la emanación de gases tóxicos.

Desde RAP-AL solicitamos que los gobiernos municipales, provinciales y autoridades nacionales atiendan a la necesidad de preservar la salud socioambiental prohibiendo la fabricación y utilización de plaguicidas comenzando por los Altamente peligrosos.

Argentina, marzo de 2024/ La problemática derivada del uso de plaguicidas en Argentina; una vulneración permanente de los derechos humanos. Informe presentado al Relator Especial de Derechos Humanos y Sustancias Tóxicas de Naciones Unidas del Ing. Agr. Ms. Sc. Javier Souza Casadinho, Coordinador Regional de la Red de Acción en Plaguicidas y sus Alternativas de América Latina (RAPAL). Docente e investigador Facultad de Agronomía de la  Universidad de Buenos Aires. Coordinador Regional de la Red de Acción en Plaguicidas y sus Alternativas de América Latina (RAPAL). Docente e investigador Facultad de Agronomía de la  Universidad de Buenos Aires.

Los derechos humanos tantos los civiles como los relacionados con el acceso a un ambiente sano, a un trabajo digno, a una alimentación integral, al respeto de nuestra cultura, a estar informados sobre las características de las sustancias que manipulamos en nuestras tareas cotidianas constituyen la base de poder lograr una vida plena dentro de aquello que denominamos el buen vivir. En este caso no acceder a un ambiente sano, tanto laboral como en nuestra residencia, implica que se estén vulnerando los derechos humanos. En relación a esto, los Derechos Humanos, en su dimensión de derechos civiles y políticos, por una parte, y de derechos económicos, sociales y culturales por otra, junto con los derechos de la naturaleza deberían tomarse como esenciales para generar acciones, actividades, políticas públicas que resguarden la salud socioambiental y posibiliten una vida digna.

Los Derechos Humanos han sido reconocidos progresivamente a través de la historia, como consecuencia de graves crisis de la humanidad y de luchas sociales, en demanda de mejoras en las condiciones de vida de las personas. Los Derechos Humanos emergieron para liberar a los seres humanos de toda forma de sometimiento y esclavitud. Si bien la decisión de utilizar plaguicidas puede constituir una decisión individual, no ha estado  ajena a la relación con las políticas públicas y las presiones directas e indirectas de las empresas que fabrican y venden plaguicidas. En este sentido, en la Argentina una gran parte de las políticas públicas, y sus instrumentos, han favorecido y consolidado un modo de producción altamente dependiente de insumos  contaminantes y que genera desequilibrios no solo en las dimensiones de la estructura agraria, sino también en otros campos sociales y productivos así como en el registro, producción, comercialización y utilización de plaguicidas. (La agroecología; su contribución al logro de los objetivos del desarrollo sostenible https://www.google.com/url?esrc=s&q=&rct=j&sa=U&url=https://www.ciea.com.ar/web/CIEA2019/doc/28-C/2_Souza_Casadinho.docx&ved)

4 de marzo de 2024/ El Ing. Agr. Javier Souza Casadinho colabora en esta publicación con dos artículos. Uno de ellos se titula,  “Agroecología como paradigma para mitigar y adaptarse al cambio y la variabilidad climática” y el segundo trata sobre, “Agroecología: estrategias y prácticas en la producción de alimentos”.

En el primer artículo Javier Souza aborda las prácticas y tecnologías implícitas en el modo de producción agrario vigente que constituyen una de las causas del cambio climático. La agricultura, a su vez, recibe sus consecuencias. En el segundo artículoaborda las  estrategias y prácticas en la producción de alimentos considerendo que la Argentina depende de sus actividades agrarias y de los complejos agroindustriales de los cuales forma parte como, por ejemplo, los complejos oleaginosos, cárnicos y cerealeros, ya para la producción de alimentos, cuanto para la generación de ingresos vía exportación.

Ver publicación: Nociones clave para una Ecología Integral – Tomo 1

Santiago, 4 de diciembre de 2023.- En el marco del  3 de diciembre Día Internacional por el No Uso de Plaguicidas, María Elena Rozas, coordinadora de la Red de Acción en Plaguicidas Chile gestionó una inédita reunión entre afectados por fumigaciones, del norte, centro y sur del país, autoridades del Ministerio de Salud y RAP-Chile. “Nuestro objetivo central era resaltar que, a más de una década de su promulgación, se debe actualizar las normas existentes para aspersiones aéreas (200 metros) y terrestres (franja de seguridad de 50 m) ya que no sirven para prevenir el daño a la salud de las comunidades y los daños a otras actividades. También hay que cubrir áreas no reguladas, como el uso de drones, y la aplicación de plaguicidas para el piojo del mar en la salmonicultura”. Enfatizó la experta más adelante: “No solo la población que habita o trabaja cerca de zonas agrícolas y forestales sufre problemas de salud por las frecuentes aplicaciones con Plaguicidas Altamente Peligrosos; también están seriamente afectadas la biodiversidad, las aguas y las actividades económicas que desarrollan familias campesinas, apicultores, huerteros, agricultores orgánicos y agroecológicos”.

En el encuentro, de carácter virtual, el jefe de Salud Ocupacional de la entidad, Cristián Villarroel junto a la profesional del Depto. Salud Ocupacional, Carolina de la Fuente, comprobaron el malestar y desesperanza de las comunidades por estas normas ineficaces y la impunidad respecto de intoxicaciones, mortandad de abejas y daños a la salud humana y el ambiente. Alicia Muñoz presidenta de la Asociación de Mujeres Rurales e Indígenas tomó la palabra para demandar que el Ministerio de Salud deje de ser un “administrador de la muerte y las malformaciones”, considerando intolerable que cada vez que hay un nuevo gobierno se deba empezar todo de nuevo.

 Karen López, presidenta de la Mesa Provincial de Apicultores del Limarí, apicultora rodeada de monocultivos y situada a 3 km de Monte Patria (región de Coquimbo), argumentó que el decreto N°158 sobre fumigaciones aéreas, con su franja de protección de 200 m. no impidió la mortandad de aproximadamente 4.000 colmenas, ocurrida hace dos  meses atrás. “Nunca pasó algo así, son plaguicidas cada vez más agresivos, no se ha eliminado el uso de los neonicotinoides. Estamos quedando sin polinizadores, se mata a las abejas y también nosotros sufrimos una muerte silenciosa”, expresó, señalando que hoy todo es extremo y las políticas públicas deben ser acordes a ello. Ante el anuncio de Carolina de la Fuente acerca de la elaboración por SAG de un protocolo de fumigación en colmenas, que elimina la franja de protección si se usa un plaguicida etiquetado como “menos tóxico”, Karen dijo que los matamalezas, clasificados con etiqueta verde matan a las abejas y son igualmente tóxicos.