Junio de 2026, Costa Rica/ Por Alonso Martínez, DELFINO CR/ La Asociación de Apicultores Unidos del Pacífico Central denunció la reciente intoxicación con fipronil de 80 colmenas en Garabito. La Asociación de Apicultores Unidos del Pacífico Central (APIPAC) denunció la muerte masiva de abejas por intoxicación con un insecticida en esa región del país.

Según la organización, el 22 de mayo se registró la intoxicación de 80 colmenas en el apiario del productor David Espinoza, ubicado entre La Ceiba de Orotina y Bajamar de Garabito. APIPAC indicó que los análisis preliminares atribuyen el hecho a la exposición al fipronil, una sustancia altamente tóxica para las abejas.

La asociación señaló que este caso no constituye un hecho aislado. El 10 de mayo también se reportó la pérdida de más de 150 colmenas en la Zona de Los Santos, específicamente en el sector de Pastora. Para APIPAC, ambos casos evidencian una recurrencia de incidentes relacionados con intoxicaciones de abejas en distintas zonas del país.

En el Pacífico Central, la organización contabiliza aproximadamente 300 colmenas afectadas desde enero, con una estimación de 18 millones de abejas muertas y pérdidas económicas cercanas a los 30 millones de colones. La asociación advirtió que el impacto también alcanza a las abejas que viven en nidos naturales, fundamentales para la biodiversidad del entorno.

APIPAC atribuyó la situación a fumigaciones agrícolas realizadas sin las debidas medidas de control y en presunto incumplimiento de la normativa ambiental, sanitaria y agrícola vigente. Añadieron:

Monte Patria, 4 de mayo de 2026 / por Equipo El Día. Agricultores se movilizaron en la localidad de Flor del Valle, acusando pérdidas productivas debido a restricciones sanitarias que han frenado la comercialización. En paralelo, autoridades y dirigentes se reunieron con el ministro de Agricultura en la capital, donde se comprometieron a realizar ajustes diferenciados para la pequeña producción. Desde el SAG destacaron medidas para agilizar procesos.

Una movilización de agricultores se desarrolló durante este lunes en el sector de Flor del Valle, en la comuna de Monte Patria, en medio de la creciente tensión por el impacto que ha generado la presencia de la mosca de la fruta y las medidas adoptadas para su control.

La manifestación se llevó a cabo entre las 07:30 y las 10:00 horas en el control carretero del sector, donde productores se congregaron para expresar su molestia frente a lo que consideran un escenario insostenible para la actividad agrícola local.

Esta movilización marca un punto de inflexión en un conflicto que, según los propios productores, se arrastra desde hace meses y que ha afectado directamente la actividad agrícola local. Las principales dificultades apuntan a restricciones en el traslado de productos y a demoras en los procesos de autorización, lo que, según afirman, ha impedido la comercialización en plena temporada.

“Ha sido un año de reuniones donde hemos planteado propuestas, pero no hemos tenido voluntad de escucha y eso nos llevó a movilizarnos”, señaló la dirigenta del Consejo Comunal Campesino, Consuelo Infante, quien agregó que la situación ha tenido consecuencias concretas en el territorio. “Hay fruta que no se ha podido mover y eso significa pérdidas importantes para los agricultores”, sostuvo.

Pergamino, provincia de Buenos Aires, abril de 2026. /RAP-AL Argentina/ El juicio histórico por la contaminación con agrotóxicos en Pergamino continuó durante abril de 2026, consolidándose como uno de los procesos ambientales más relevantes de la provincia de Buenos Aires. En el juicio oral y público, comparecieron siete productores y dos funcionarios municipales acusados de incumplir normas y cautelares sobre plaguicidas. En la audiencia del 23 de abril que se llevó a cabo en el Tribunal Federal N°2 de Rosario se presentaron pruebas contundentes contra los acusados: estudios genéticos de la especialista Delia Aiassa, que demostraron daños genéticos en vecinos expuestos a fumigaciones crónicas. Además, los peritajes detectaron 45 plaguicidas, incluidos glifosato y clorpirifós, en suelos y agua de los barrios La Guarida, Luar Kayad y Villa Alicia.

El efecto socioambiental de la utilización de plaguicidas en Pergamino. El juicio que se sustancia en Rosario.  Por: Javier Souza Casadinho. Profesor de la Facultad de Agronomía UBA/ Red de Acción en Plaguicidas y sus Alternativas de América Latina (RAP-AL).

Como mencionamos en notas anteriores los problemas ambientales que afectan a la salud socioambiental pueden derivar en conflictos ambientales, en los cuales uno o más sectores, con diferentes intereses, pueden pugnar para alcanzar distintos objetivos. Por un lado, se hallan aquellos que quieren vivir una vida plena en un ambiente saludable, es decir respirar aire puro, tomar agua limpia, alimentarnos de manera saludable, por otro lado se hallan aquellos que, con la finalidad de incrementar la rentabilidad de sus actividades agrarias, persiguen el objetivo de impedir que se pongan límites a la aplicación de plaguicidas.

Estudio de la Fundación Getulio Vargas y del Instituto de Enseñanza y de la Investigación (Insper). El glifosato, que se aplica especialmente en los cultivos de soja, podría haber sido responsable de más de 500 muertes infantiles al año durante la última década.

El glifosato representó el 62 % del uso de herbicidas en Brasil entre 2009 y 2016, destinado especialmente a la producción de soja. En 2017, la sustancia representaba el 30 % de los herbicidas más utilizados en todo el mundo. Se estima que, desde la década de 1990, tras la creación de semillas resistentes a la sustancia, el uso del producto se ha multiplicado por 15 aproximadamente. Además, según DataIntelligence, la aplicación de glifosato en cultivos agrícolas debería crecer un 800 % hasta 2025. En medio de este escenario, un estudio de la Fundación Getulio Vargas constató que el herbicida tiene efectos sobre la salud humana e identificó un aumento de la mortalidad infantil en regiones cercanas a los lugares donde se aplica el glifosato.

El estudio indica que, entre 2000 y 2010, hubo un aumento del 5 % en la tasa de mortalidad infantil, lo que corresponde a unas 503 muertes infantiles al año de niños cuyas madres residían cerca de donde se aplicó el glifosato, más específicamente, en el recorrido del flujo de agua que lleva la sustancia aplicada en plantaciones agrícolas hacia ríos, arroyos y pozos. El período analizado en la investigación coincide precisamente con la época en que se produjo un aumento expansivo en el uso del glifosato.

A pesar de estos indicios encontrados por los científicos, el investigador de la Escuela de Administración de Empresas de São Paulo (FGV EAESP), Rudi Rocha, coautor del estudio, afirma que esta cifra probablemente subestima el efecto general del uso del glifosato sobre la salud humana:

«Existe una preocupación por la toxicidad subclínica de estas sustancias en la población general, que no está sujeta a una exposición directa, pero que se ve expuesta a bajas concentraciones a través del consumo de agua o alimentos contaminados», explicó el investigador. Además, destaca que este tipo de intoxicación es solo la punta del iceberg, ya que los pesticidas como este pueden causar una amplia gama de efectos asintomáticos a niveles de exposición muy bajos que no producen signos ni síntomas evidentes.

San José, 7 abr (EFE).- La Sala Constitucional de Costa Rica ordenó este martes el retiro del mercado de todos los insecticidas que contengan fipronil, debido al daño que causan en las abejas, a la salud, al medio ambiente y a la biodiversidad.

La Sala Constitucional de la Corte Suprema ordenó al Ministerio de Agricultura y Ganadería y al Servicio Nacional de Salud Animal «sacar de circulación nacional todos los insecticidas que contengan fipronil» debido a «los daños y muertes generadas en las poblaciones de abejas y los efectos nocivos en la salud, la biodiversidad y el ambiente de Costa Rica».

De esta forma la Sala Constitucional declaró con lugar un recurso de amparo presentado por apicultores y meliponicultores de la localidad de Lepanto, provincia de Puntarenas (oeste) que denunciaron que desde el 2024 observaron afectaciones severas en 300 colmenas de abejas, la pérdida de 24 colonias y una reducción del 70 % en la población de abejas, lo que atribuyeron a la intensificación en el uso de insecticidas en plantaciones de mango cercanas.

La Sala Constitucional tomó en cuenta informes de laboratorio de las autoridades que detectaron la presencia del fipronil en muestras de abejas afectadas, así como un estudio de científicos de la Universidad Nacional que identificó la presencia de la sustancia en niveles superiores a los considerados letales; y criterios técnicos de los expertos de la Universidad de Costa Rica que documentaron la toxicidad del fipronil para abejas y otros polinizadores.

«El Tribunal Constitucional tuvo por acreditada la existencia de una afectación a las poblaciones de abejas en la zona de Lepanto y concluyó que se configura una transgresión al derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado», detalló el fallo. 

IRET cuestiona el plazo de 2 años para eliminar el fipronil. Entrevista a Fernando Ramírez. 

23 de marzo de 2026/ Por Fernando Bejarano M., RAPAM/ El relator especial de Naciones Unidas sobre Tóxicos y Derechos Humanos Marcos A. Orellana  recomendó que  el Estado mexicano elabore  una Ley General sobre Plaguicidas para fortalecer el marco regulatorio “que aborde definición, criterios y listado de los Plaguicidas Altamente Peligrosos”, y detalló una serie de aspectos pendientes a fortalecer la justicia ambiental, en este y otros temas, en un documento presentado durante la conferencia de prensa del pasado 20 de marzo, al final de su visita oficial de 10 días a México.

El tema de los plaguicidas y en especial de los Plaguicidas Altamente Peligrosos es uno de los graves problemas identificados durante su visita del Relator de la ONU, y señalados en la declaración de cierre con sus recomendaciones preliminares al Estado mexicano. El Relator reconoce el liderazgo internacional de México en temas ambientales y  de protección de derechos humanos pero indica  que este compromiso debe estar presente en todas las acciones del poder público  para “asegurar el libre y pleno ejercicio del derecho humano a un medio ambiente, el cual, permítanme enfatizar, incluye al ambiente no tóxico. Esto debe realizarse desde el nivel municipal y estatal hasta el gobierno federal, de manera coordinada con todas las autoridades correspondientes”. El relator presentará su informe final con recomendaciones detalladas al Consejo de Derechos Humanos de la ONU en septiembre de 2026.

Preocupa que las autoridades federales de Ambiente, Agricultura y Salud no hayan elaborado programas sectoriales con metas medibles  sobre los Plaguicidas Altamente Peligrosos como recomendó la Comisión Nacional de Derechos humanos (CNDH).

Urge se atiende la mortandad masiva de abejas y se prohíba el fipronil e insecticidas neonicotinoides

El clorpirifos debe ser parte de los próximos plaguicidas a prohibir por ser un plaguicida altamente peligroso, especialmente para los niños y niñas, y así cumplir con el Convenio de Estocolmo