Rio de Janeiro, Brasil, 27 de febrero de 2014. El 20 de febrero, el Consejo Directivo de Fiocruz aprobó por unanimidad una carta abierta alertando a la sociedad brasileña sobre los riesgos causados por las recientes modificaciones en la legislación que regula el uso de plaguicidas en el país. Según la carta el ” proceso continuo de desregulación de los plaguicidas que afectan principalmente al sector salud y el sector ambiental en Brasil, está asociado con constantes ataques directos del sector de los agronegocios a las instituciones y sus investigadores que trabajan en el cumplimiento de sus atribuciones de protección de la salud y al medio ambiente”. La carta de Fiocruz apunta además que estudios internacionales no dejan dudas sobre los daños causados por los agrotóxicos, afectando sobre todo a los “trabajadores y comunidades rurales que están sistemáticamente expuestos a estos productos, incluso a través de fumigaciones aéreas de dudosa eficacia”. En la carta Fiocruz ataca directamente la ley que permite la importación de plaguicidas sin consultar al Ministerio de Salud y Medio Ambiente, y pide su revocación inmediata. La organización también advirtió acerca de un proyecto de ley que tiene el mismo objetivo. Por último, la institución “se pone a disposición de las autoridades del ejecutivo, el legislativo, el poder judicial, los fiscales y la sociedad civil para participar en las discusiones sobre el marco normativo de los plaguicidas en la búsqueda de alternativas sostenibles, como la Política Nacional Agroecología y Producción Orgánica”. Ver la carta completa en portugués:







plaguicidas. Los mismos tóxicos que los campesinos deben soportar año tras año, venenos que les están provocando graves consecuencias para su salud y la de sus hijos. Sin embargo, el Ministro sostiene que los plaguicidas son inocuos ignorando todos los estudios internacionales y las propias clasificaciones que tiene la OMS, la EPA y la Unión Europea para estos agrotóxicos. El escrache planificado para ir a fumigar, con agroquímicos utilizados por los sojeros, la residencia del ministro de Agricultura, Jorge Gattini, por parte de miembros de la Federación Nacional Campesina (FNC), fue truncado por agentes policiales, quienes se apostaron 10 metros antes, impidiendo que los labriegos derramasen plaguicidas en el jardín del funcionario.
Transcribimos la opinión de Francoise Veillerete vocero de la organización Generaciones Futuras y Presidente de la Red de Acción en Plaguicidas (PAN) de Europa enviada a RAPAM:
dependiente de la Secretaría de Ambiente, recomienda no autorizar el estudio de Impacto Ambiental de la Planta de Acondicionamiento de Semillas de Maíz, en la localidad de Malvinas Argentinas, presentado por la firma Monsanto Argentina Sociedad Industrial y Comercial, según publica en un comunicado el Gobierno de la provincia de Córdoba.
incumplimiento de contrato. El intentó revelar su caso en el seminario sobre transgénicos organizado en Casa Piedra el 22 de enero de 2014 por el cuestionado ministro de Agricultura Luis Mayol. Allí panelistas internacionales y nacionales predicaban las bondades de los cultivos genéticamente modificados. Pizarro sólo quería intervenir para decir que no le recomendaba a ningún campesino trabajar para Monsanto cultivando transgénicos de exportación, porque podía terminar arruinado igual que él, además de dañar la tierra. En Chile hay aproximadamente 30.000 hectáreas de semilleros de maíz, soya y raps transgénicos de exportación, comercializados por las transnacionales Monsanto, Pioneer y socios chilenos agrupados en ANPROS, la Asociación Nacional de Productores de Semillas. La campaña Yo No Quiero Transgénicos en Chile impulsa una moratoria a la posible expansión de estos cultivos al mercado interno y una estricta fiscalización a los semilleros.
Formaban parte del grupo que participo de la reunión miembros del acampe contra Monsanto de Córdoba, asamblea del barrio Islas Malvinas de Córdoba, acampe contra Monsanto frente al congreso de la Nación, Madres de Ituzaingó, Asociación de trabajadores del Estado, miembros de grupos ambientalistas de Cañuelas y Albertí de la provincia de Bs. As. del grupo de Reflexión Rural, de Solidaridad Ciudadana y de la Red de Acción en Plaguicidas y sus Alternativas de Argentina (RAP-AL).
El gobierno saliente de Sebastián Piñera puso urgencia antes de Navidad a la Ley de Derechos de Obtentores Vegetales (Boletín 6355-01). La iniciativa será votada en la sesión del martes 7 de enero, en último trámite. La ley ha sido denominada “Ley Monsanto-von Baer” por las organizaciones que denunciamos la privatización de la semilla y sembramos semillas libres de patentes, transgénicos y plaguicidas. El proyecto entrega más garantías y nuevos privilegios a las transnacionales productoras de semillas híbridas y transgénicas como Monsanto, Syngenta, Dupont/Pioneer, junto a sus socios de la Asociación Nacional de Productores de Semillas ANPROS entre los que se cuenta la empresa von Baer, de la que es parte la senadora Ena von Baer.
Hace algo más de una semana escuchamos al Sr. Ministro de Agricultura Luis Mayol decir con arrogancia que la oposición cada vez más amplia al proyecto de Ley de Obtenciones Vegetales se debía a que quienes no queremos su aprobación “no entendemos nada.” Las aseveraciones del señor Ministro demuestran que quien no entiende y quien no quiere escuchar es él y las autoridades del actual gobierno. Hemos explicado detallada y reiteradamente las razones para rechazar el proyecto de ley, y hemos fundamentado nuestra posición de manera clara y precisa. Explicaremos nuevamente nuestra posición aquí, a fin de que la opinión pública no se confunda con la arrogancia del Ministro Mayol. Ojalá las autoridades de gobierno esta vez escuchen.
Joajú, paraguay, 30 de octubre de 2013. Por la recuperación y defensa del territorio campesino para la Soberanía Alimentaria, la organización de Lucha por la Tierra (OLT) se dirige a la opinión pública nacional e internacional para denunciar cuanto sigue: En la tarde de hoy, a las 15 hs. aproximadamente fueron brutalmente desalojados las familias sin tierras de la Comisión Vecinal Joajú, quienes se encuentran desde hace tres años en lucha por un pedazo de tierra, en el Distrito de Yvyra Rovana, Departamento de Canindeyú, la finca se adjudica la empresa Perfecta S.A y Ganadera Pindo del empresario Alemán Rainer Bendlin.