Un representativo grupo de comunidades campesinas e indígenas y de profesionales del agro y la salud se reunió en Santiago el pasado 7 de agosto en el taller “Comunidades, Agroecología y Políticas Públicas”. “Necesitamos políticas públicas generadas desde las bases campesinas, mediante consultas vinculantes, para poder avanzar en la agroecología y la agricultura orgánica” señala la conclusión general de los miembros de 43 organizaciones venidos de Arica a Coyhaique. Las comunidades exigen que el Estado dé prioridad a la relación con los pequeños productores y oriente su esfuerzo hacia las economías locales, en vez de seguir apoyando los agronegocios orientados a la exportación. Asumen que una Asamblea Constituyente aseguraría estos cambios, pues se requiere instalar en una nueva Constitución el concepto de soberanía alimentaria: el derecho a decidir qué producimos y cómo, de acuerdo a nuestra cultura y necesidades.
En dirección opuesta a estos planteamientos, el ministro de agricultura, Carlos Furche acaba de anunciar el relanzamiento de la Ley de Obtentores (“Ley Monsanto”), y el inicio de una ronda de reuniones en las que “informará” acerca de los cambios al proyecto de ley.
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